Este miércoles a las 12, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación definirá si el juez federal con competencia electoral, Walter Bento, es destituido o no por causas de mal desempeño en sus funciones como magistrado. En términos políticos y judiciales hay mucha expectativa sobre lo que se decida, ya que podría impactar fuertemente en la vida del magistrado, teniendo en cuenta que sobre él pesan cinco pedidos de prisión preventiva emitidas por parte del juez federal, Eduardo Puigdéngolas.
Por el momento, al tener fueros como juez, permanece en libertad más allá de estar suspendido; pero si se resuelve una destitución, podría ir preso, si así lo decide la Justicia Federal.
Al Jurado lo componen siete miembros, y para la destitución se necesitan 5 votos. Los integrantes son dos magistrados, Javier de la Fuente (presidente) y Javier María Leal de Ibarra; dos senadores nacionales, Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (Pro); dos diputadas nacionales, Anahí Costa (FdT) y Ana Clara Romero (Pro); y el abogado Alfredo Barrau.
Bento no estará presente en Buenos Aires al momento de la lectura de la sentencia, según pudo saber Los Andes. Por recomendación de su abogado, Mariano Fragueiro Frías, seguirá la definición en Mendoza, pero en el momento en el que se conozca su destitución o no, irá a Tribunales Federales de la provincia, en calle España y Patricias Mendocinas.
“En el horario que se lea el veredicto, Bento se hará presente en el Tribunal Oral Federal de Mendoza, para que nadie especule y que sepan que estará sometido a lo que la comisión del Jury decida”, manifestó a Los Andes Fragueiro Frías. “Estará donde lo dejen estar”, dijo el letrado, a sabiendas que tiene prohibido el ingreso al establecimiento el suspendido magistrado, fuera de instancias del juicio.
Y siguió: “Él no quiere que haya dudas ni que nadie piense que quiere obstruir decisiones”. También aseguró que “no pedirá algún tipo de prisión domiciliaria”. No obstante, esta postura es diferente al informe que elevó Bento la semana pasada al Jurado de Enjuiciamiento de una trabajadora social en el que se consigna que su hijo Facundo, quien sufre parálisis cerebral, necesita tener contacto permanente con su padre.
En paralelo, se realiza el juicio penal en Tribunales Federales, donde enfrenta penas de hasta 50 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica. Fue tras esta investigación liderada por el fiscal federal Dante Vega, que se abrió la causa en el Consejo de la Magistratura, que lo tiene al borde de la destitución.
Leyes e interpretaciones
Que Bento puede caer preso en la cárcel federal de Mendoza este miércoles es un hecho de alto impacto político/judicial. Desde la Fiscalía creen que, si se aprueba la destitución -se necesitan por lo menos 5 votos de los 7 miembros que integran la comisión del Juicio Político- el magistrado debería ser detenido porque existe “riesgo procesal”, tal como sostuvo Vega a Los Andes en la apertura del juicio penal, a fines de julio.
De hecho, se amparan en el artículo 115 de la Constitución Nacional, que marca que “los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios (...)”.
Sin embargo, la defensa sostiene lo contrario. Fragueiro Frías sostuvo que, si bien se señala que el fallo será “irrecurrible” y que no tiene más efecto que “destituir al acusado”, presentarán un recurso extraordinario a la propia comisión del Jury. “No es recurrible por los recursos ordinarios, pero sí por los extraordinarios, siempre que se hayan afectado garantías del debido proceso, que es lo que nosotros sostenemos”, interpretó.
“Si mañana destituyen a Bento, tendríamos 10 días para presentar un recurso extraordinario. Pero no sería un fallo firme”, insistió en su teoría Fragueiro Frías, por lo que entiende que “no deberían detenerlo”.
En tanto, también señaló que, en caso que no avance ante la comisión del Jury ese recurso extraordinario federal, en el cual el Jurado de Enjuiciamiento tiene “imperio” para conceder o rechazarlo, sí podrían avanzar directamente a la Corte Suprema de Justicia con un “recurso de queja”.
Al margen de estos dos recursos que tiene previsto la defensa en caso que Bento sea destituido, lo cual entienden desde su entorno que “es prácticamente” un hecho, es el Tribunal Oral Federal II, integrada por Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá (quienes llevan adelante la megacausa penal), quien podrá disponer de su detención o no.
“Creemos que primero deberían esperar que sea firme la resolución, que puede ser ejecutada en la medida que no este pendiente un recurso que la suspenda; como lo son los recursos extraordinario y de queja”, dio a entender Fragueiro Frías, pero advirtió: “El tribunal oral no debería invadir la definición del Jury para decidir una prisión anticipada. Si eso ocurre es una irregularidad”, añadió.
En caso que Bento no sea destituido, Fragueiro adelantó que de igual manera pedirá licencia mientras dure el juicio. Pero si lo es, cree que será una “preocupación” del Tribunal la decisión de detener o no al magistrado. “¿Dónde alojarían a un magistrado que ha procesado a personas dentro de las unidades penitenciarias, ya sean causas comunes o delitos de lesa humanidad?” se preguntó.
Además, volvió a considerar que el juicio político a Bento no se debería haber expedido hasta que hubiese una definición del juicio penal que transita en Tribunales Federales, en el cual entienden que “no terminará como dicen los medios, o como puedan resolver este miércoles en el jury”.
Especulaciones
Desde el entorno de Bento, como se dijo, no hay buenas expectativas de lo que ocurra este miércoles. “Todo indicaría que el sector kirchnerista votará por el mal desempeño”, aventuró el letrado Fragueiro Frías, debido a que con eso “bajarían el estandar de mal desempeño para el tema del juicio político contra la Corte”.
El abogado sostuvo que está acusado en el Consejo por “haber obtenido créditos hipotecarios del Nación mediante excepción por línea de créditos; haber frecuentado hoteles con casino pero no por los viajes en sí; haber presentado notas en la dirección de Migraciones y el Registro de la Propiedad para saber si estaba inhibido y si podía salir del país; más por la nota que se dejó en su caja de seguridad que decía ‘Puigdéngolas, leé por favor”.
No obstante, a fines del año pasado, la comisión de Acusación emitió un fuerte dictamen en el que recomendó su suspensión y la apertura del proceso de remoción, por cometer “conductas enderezadas a recibir dinero o bienes a cambio de resoluciones favorables”, por el “enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado” y “por actos de infracción al deber de magistrado”, entre otras causales.
En su mensaje final del 9 de octubre, el consejero Miguel Piedecasas, que pidió su destitución, señaló que Bento “ha incurrido en mal desempeño, (...) no ha mantenido la idoneidad para el cargo que exige la Constitución; ha incurrido en graves desórdenes de conductas personales y ha violado en reiteradas oportunidades normas legales y reglamentarias, así como también la ley de ética pública; y no ha demostrado honestidad, probidad, rectitud, buena fe y mucho menos austeridad republicana”.
También sostuvo que Bento “recibió beneficios personales indebidos; restringió información privilegiando su interés particular por sobre el interés público; no se inhibió de intervenir en causas judiciales donde se encontraba comprometida su imparcialidad; tuvo conductas reprochables, como concurrir a lugares destinados a juego de azar, pese a estar expresamente prohibido para la magistratura; no justificó su incremento patrimonial, ni los gastos de viaje y estadías en el exterior, ni la tenencia de dinero, la realización de mejoras y otros incumplimientos reprochables”.
Además, consideró que el magistrado “ha adoptado conductas respecto de sus ingresos, declaraciones juradas patrimoniales, confusiones patrimoniales que hacen surgir enormes dudas sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial, encontrándose en muchos supuestos absolutamente injustificados; no ha cumplido con los altos estándares de conducta que se requieren a los magistrados de nuestra nación; y ante el escrutinio público ha exhibido conductas reprochables, de ostentación, falta de justificación y un comportamiento que no se compadece con la dignidad de la función”.
