El Jury de Enjuiciamiento decidió en forma unánime suspender este jueves a la jueza de familia María Elizabeth Lizán, a quien se la acusa de prestar su firma digital para que los empleados del juzgado firmaran documentación. Quien fue el promotor de la denuncia fue el propio presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay.
La decisión se tomó minutos después del mediodía en el cuarto piso de Tribunales provinciales, y se abre ahora todo el proceso de Jury, que podría terminar con la carrera de Lizán, quien una vez conoció la denuncia en su contra e inclusive fue suspendida 44 meses, solicitó al gobernador Rodolfo Suárez acceder al beneficio de la jubilación, pero la misma no fue aceptada.
De esta manera, desde ahora Lizán quedará suspendida en su puesto de trabajo y comienzan a correr 30 días para la producción de pruebas.
Recordemos que la defensa de la magistrada había respondido la acusación con dos denuncias que están bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados. Una de ellas es contra los funcionarios denunciantes por haber cometido el mismo delito del que se la acusa a Lizán y la otra, más grave, contra tres ministros de la Corte: el propio presidente Garay, María Teresa Day y Julio Gómez por no haber denunciado penalmente la situación.
La carrera judicial de María Elizabeth Lizán en el fuero de familia entró en una recta final y todo podría terminar de la peor manera, con una destitución.
En tanto, el órgano, integrado por los 7 ministros de la Corte, 7 diputados y 7 senadores, fue el que determinó la suspensión de Lizán.
LA DENUNCIA CONTRA LA JUEZA LIZÁN
El comienzo de esta investigación arrancó formalmente cuando el presidente de la Corte Garay envió un oficio a fines de mayo para que el organismo revise el accionar de la jueza de Familia, luego de que funcionarios y empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras denunciaran una serie de irregularidades en las obligaciones y las conductas de la magistrada, que la Corte ordenó investigar.
El informe emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte, según consta en el oficio presentado, habla de una “posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta”.
La denuncia que ingresó por Secretaría Legal y Técnica “fue realizada por quienes trabajan en el Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras y derivó en una orden de instrucción que partió de la propia Corte. Como resultado, se aportaron pruebas acerca de reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de Lizán como Jueza de ese tribunal.
“Entre las más graves se destaca ‘el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada”, según expresaron desde el Poder Judicial en un comunicado.
En otras palabras, Lizán “prestaba” su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. El token “es un dispositivo intransferible y personal, con el que magistrados, mediante el ingreso de una clave, pueden firmar digitalmente sus actuaciones en los expedientes digitales y que hace a la seguridad jurídica de todo proceso, esquema que se aplica en el Poder Judicial de Mendoza desde el 2018″, resaltaba el comunicado.
“Las irregularidades señaladas contra la magistrada Elizabeth Lizán exceden el manejo administrativo de las causas en las que tiene intervención. Como resultado de la instrucción ordenada por la Corte, se conocieron actitudes en la actividad laboral diaria, como el destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros, entre otras”, dice uno de los párrafos más fuertes del comunicado. Se apunta al “desorden de conducta”, que es uno de los motivos por los que se puede solicitar el Jury de Enjuiciamiento.
ANTECEDENTES PREVIOS DE LIZÁN
La jueza tiene experiencia en enfrentar una denuncia de este tipo. El caso más resonante data del 2012 cuando el Jury de Enjuiciamiento la suspendió durante 44 meses por un escándalo de adopciones en Tunuyán. Luego volvió a su cargo.
Desde el 2016 hasta ahora, recayeron dos pedidos más en 2017. Uno data del 20 de abril y fue denunciada por Elizabeth Pandolfino por mal desempeño en sus funciones. Sin embargo, la denuncia fue desestimada por el organismo. No se inició la investigación.
