Luego de que distintas organizaciones empresariales y sindicales nacionales que tienen correspondencia local acudieran a la Justicia para frenar desregulaciones que plantea el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, este miércoles ingresó en el Juzgado Federal de Mendoza el primer amparo de ese tenor, para frenar la derogación de la Ley de Tierras.
La Fundación Pedemonte interpuso en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza, un amparo ambiental (expediente 000323/2024) con solicitud de medida cautelar, para dejar sin vigencia la derogación de la Ley N° 26.737. Fue receptado por la jueza Susana Pravata, titular del Juzgado Federal N° 4, que se encuentra de subrogante por la feria judicial.
El pasado 20 de diciembre, Milei suscribió en el mega DNU 70/2023 explícitamente que “es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”.
Esta pronunciación motivó a la Fundación Pedemonte, presidida por Brenda Junín y creada en el año 2011 (mismo año en que se sancionó la Ley de Tierras), a presentar el amparo ambiental donde sostienen que la derogación podría “comprometer gravemente” el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables y sus bienes ambientales.
Desde la organización aseguran “la tierra no cuenta solo como productora de alimentos, sino como reservorio de excelencia de agua dulce y minerales cada vez más escasos y necesarios para un desarrollo futuro con equidad. Sabemos que Argentina, con muy baja densidad poblacional, cuenta con una de las tierras más ricas y extensas del mundo, y se convierte por tanto en territorio apetecible, mirado con interés por los poderosos”.
También señalan que Argentina posee una enorme cantidad de kilómetros de frontera y cuencas transfronterizas que perderían seguridad sin la ley, aumentando la vulnerabilidad nacional. Otro de los puntos que destacan es que “la tierra es un recurso estratégico clave para el desarrollo del país, habilitar su extranjerización a través de esta medida inconstitucional y antidemocrática será un mecanismo de opresión para las futuras generaciones que hacen peligrar la independencia, la soberanía nacional y la integridad territorial”.
La titular de la Fundación, Brenda Junín, indicó en diálogo con Los Andes que el Gobierno nacional debería presentar la derogación o modificación de la Ley de Tierras en el Congreso de la Nación. “Hoy con la Ley de Tierras caída cualquier extranjero puede comprar cualquier cantidad de hectáreas sin límites y eso debería se tratado por nuestros representantes, para eso tenemos una democracia con división de poderes”, dijo.
“Pedimos que la Justicia considere la inconstitucionalidad del DNU en el artículo 154, que hace referencia a la derogación de la Ley de Tierras, y de ahí siga el camino correcto. Que se aplique la medida precautoria de las leyes ambientales, dónde un ciudadano puede plantear que se está por provocar un daño ambiental. Entendemos que están desprotegidos los glaciares, bosques, ríos y lagos de gran envergadura”, completó.
Posición neutral del Gobierno provincial
Este medio le consultó al Gobierno provincial qué posición tiene al respecto de la derogación de esta ley y un funcionario muy cercano a Alfredo Cornejo respondió: “No hemos fijado una postura, es un tema que no hemos profundizado”. Es decir, no avalaron la medida y tampoco la rechazaron, como ocurrió con las retenciones al vino o recientemente con la desregulación del turismo.
El lunes pasado la titular del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, confirmó a Los Andes que respaldaban la “lucha” de las agencias de turismo, aunque no firmaron el amparo que elevó la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) a la Justicia.
A pesar de la desregulación de la actividad, producto de la vigencia del DNU del presidente Javier Milei, el Emetur mantiene el registro de agencias de viajes habilitado en su portal, a la vez que recomienda y promociona a los visitantes que llegan a nuestra provincia, que utilicen los servicios de esas empresas.
“Los vamos a acompañar en su lucha, pero no vamos a ser nosotros los que saldremos en defensa de un sector que está muy bien organizado”, sostuvo Testa.
La principal preocupación ante esta desregulación es la inseguridad que puede generar tanto para el turista que visita Mendoza, como para el mendocino que viaja hacia otro lado. Porque se da lugar a posibles estafas y es uno de los delitos a los que apunta combatir el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus.
Sobre Fundación Pedemonte
La Fundación Pedemonte tiene su sede en El Challao (Las Heras) y se dedica a desarrollar políticas sociales y actividades culturales vinculadas al medio ambiente, sobre todo con el pedemonte mendocino, como referencia su nombre. De hecho, en el año 2018 lograron intervenir el circuito paisajístico de ese distrito lasherino como un “ecomuseo” a cielo abierto, con cartelería educativa sobre flora y fauna nativa, y prevención para su cuidado.
Cuentan con un sello editorial para publicar libros y en los últimos años formaron parte de la Red Nacional de Puntos de Cultura, que impulsó el gobierno de Alberto Fernández. También ganaron concursos que abrió el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) para desarrollar dos documentales: “Pedemonte, dónde el agua nos cuenta una historia” (2019) y “La huella escondida – Memoria e identidad” (2020). Ambos films dirigidos por la presidenta de la organización, Brenda Junín, quien es médica veterinaria y ecóloga médica, diplomada en Avances Terapéuticos sobre Medicina Cannábica.
No es la primera vez que esa fundación acude a la Justicia. En el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, también presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar el remate de las tierras en Campo Los Andes (Tunuyán). Tras un largo litigio, finalmente esto no ocurrió.
