Una comisión de legisladores K liderados por la mendocina Anabel Fernández Sagasti activó seis artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal, que beneficiarán a exfuncionarios condenados por delitos de corrupción. Establecen que las penas solo podrán aplicarse una vez que se agoten todas las instancias judiciales, es decir que la Corte Suprema las ratifique.
A través de la resolución 1/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, los legisladores K -entre ellos Sagasti- de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal decidieron la implementación de los artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375 para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional y en todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal mientras resulte de aplicación por parte de estos tribunales el Código Procesal Penal Federal.
Estos artículos establecen que la revisión de una sentencia firme por delitos federales es posible “en todo tiempo y únicamente a favor del condenado”, cuando otra sentencia hubiera determinado hechos diferentes. Para dar por tierra una sentencia, la modificación sostiene que las razones pueden ir desde que las pruebas o los testigos fueron falsos, cuando la condena fue dictada por un juez actuando en contra de la ley o porque cobró coimas o hubo cohecho o si después de la condena sobrevinieran o se descubrieran nuevos hechos o elementos de prueba que garanticen la inocencia del acusado.
Hasta ahora se consideraba que una condena de un tribunal oral estaba firme cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazaba un recurso extraordinario del condenado para ir a la Corte. Pero a partir de estos cambios, habrá que esperar que la Corte Suprema defina, alargando los tiempos para cumplir una pena de prisión.
También se podrá disponer la libertad provisional del condenado, con o sin caución, durante el procedimiento de revisión.
Otro de los cambios implementados determina que si hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se deberá revocar la condena y mientras tanto el condenado no irá preso, destacó Clarín.
El panorama beneficiaría a exfuncionarios del kirchnerismo como el ex vicepresidente Amado Boudou (con condena firme) o el ex ministro de Planificación Julio De Vido (tragedia de Once. Lo mismo que la acusación contra el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, que la Corte pidió que sea revisada por Casación.
En tanto, desde el kirchnerismo negaron que se puedan modificar condenas. “No hay ningún cambio a ninguna norma. Solo se puso en vigencia en todo el país una norma que ya había sido aprobada por el propio macrismo, que no hace más que poner blanco sobre negro sobre una vieja discusión acerca de cuando debía considerarse ‘firme’ una condena”, dijo el diputado rionegrino Martín Soria, quien integra la Comisión Bicameral.
“La norma dice lo que dice la mayoría de la jurisprudencia: no hay condena firme hasta que la Corte no haya rechazado todos los recursos contra la condena. Se llama principio de inocencia y es el que evita que jueces manipulables y poco independientes, como por ejemplo estos jueces y camaristas que ahora nos enteramos que entraban y salían del despacho de Macri en la Casa Rosada todas las semanas, tengan la última palabra en una causa penal”, aseveró al ser consultado por Infobae.
