Eduardo “Wado” de Pedro y Máximo Kirchner, líderes de La Cámpora, negociaron todo el lunes con Horacio Rodríguez Larreta, que asoma como el principal candidato presidencial de la oposición, y llegaron a un acuerdo. Por eso, la Cámara de Diputados, contrariamente a lo que se esperaba, no convirtió en ley la quita de fondos federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Lo pactado es pisar la pelota y sentarse a conversar los números por fuera del Congreso.
En una sesión larga pero sin debate alguno, los diputados nacionales iban a aprobar en las primeras horas del martes un texto que modifica la media sanción del Senado sobre la reducción de fondos a la Capital Federal.
La principal novedad respecto de la redacción de la Cámara Alta es que ahora se crea una comisión que funcionará durante 60 días y se dedicará a discutir cuánta plata necesita la CABA para que funcione la Policía de la Ciudad (la Federal transferida).
El artículo 2º del proyecto que había aprobado el Senado, que comanda Cristina Kirchner, establecía un “gasto anual” de 24.500 millones de pesos para la Policía porteña, no los 60.000 millones que recibía la Capital. O sea 35.000 millones menos.
Esos 24.500 ya no figuran en el texto que, deberá ser girado de nuevo al Senado, donde, según confiaron a La Voz en La Cámpora, terminará siendo convalidado porque es fruto de un acuerdo político entre la Nación y la Ciudad.
En Juntos por el Cambio (JPC), igualmente, se hizo saber que Rodríguez Larreta considera que se trata de cambios cosméticos, porque de cualquier manera el Gobierno nacional avanzará en la quita de dinero a su jurisdicción.
En la comisión que se creará por ley, según adelantaron a este medio en el Frente de Todos (FDT), se sentarán “Jefatura de Gabinete, Economía, Interior y Ciudad”.
“Es una ley en la que estamos cediendo, negociando. Y en el Senado va a salir”, aseguró un vocero camporista.
Demorada a más no poderes
Las negociaciones entre Kirchner y los funcionarios de Alberto Fernández con Larreta y los suyos se produjeron durante una jornada en que los diputados de JPC, en una maniobra claramente dilatoria, presentaron 36 cuestiones de privilegio y 18 mociones de orden —a los que se sumaron numerosos homenajes a Diego Maradona— para estirar lo máximo posible el inicio de este debate.
Por eso, la sesión empezó a las 13.44 y este proyecto con los cambios iba a votarse recién en las primeras horas del jueves.
Anoche, el presidente Fernández dictó un decreto prorrogando las sesiones ordinarias hasta el próximo viernes 11. Por eso es que en el FDT estaban despreocupados por la demora adrede provocada por JPC y sus eventuales planteos respecto de la validez de la sesión después de la medianoche.
Tampoco les quitaba el sueño a los oficialistas ni mucho menos que este mismo lunes a la medianoche venciera el protocolo de sesiones remotas: señalaban que se tomaría el momento del inicio de la sesión, cuando aún estaba en vigor, para defender la validez de la sesión.
En el mismo decreto, el Presidente convocó también a sesiones extraordinarias entre el sábado 12 y el domingo 28 de febrero, con la legalización del aborto en el primer lugar de una lista de 25 asuntos. Esto significa que Fernández dispuso que el Congreso pueda trabajar durante todo el verano.
Entre los más importantes asuntos, además del aborto y del plan de los 1.000 días, un programa de atención y cuidado durante el embarazo y la primera infancia, figuran el nuevo Consenso Fiscal y el impuesto a la riqueza.
Schiaretti, protagonista
El bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, fue protagonista de la jornada.
Dos de sus cuatro integrantes, Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio, se conectaron al sistema telemático de sesiones y, de esa manera, ayudaron al FDT a conseguir el número mágico de 129 que indica que hay cuórum.
Al oficialismo no le sobraba nada, porque el presidente de la Cámara, Sergio Massa, dio por iniciada la sesión con ese número, de modo que los dos cordobeses contribuyeron a iniciar una sesión en cuyo temario figuraba el proyecto de ley, denominado de “Aprobación del Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales” ejercidas en la CABA, celebrado entre la Nación y la Capital, el 5 de enero de 2016, cuando Mauricio Macri era presidente y Larreta, jefe de Gobierno, en su primer mandato.
Los cuatro peronistas cordobeses, Vigo, Cassinerio, Carlos Gutiérrez (presidente del bloque) y Claudia Márquez, votarían afirmativamente el proyecto modificado.
Según pudo saber La Voz, Larreta y Schiaretti hablaron personalmente de la cuestión durante el fin de semana, tras lo cual se produjo la negociación y, finalmente, el acuerdo político.
