El próximo 26 de julio se cumplirá un año exacto del inicio del megajuicio histórico que atraviesa la Justicia Federal de Mendoza, por presuntas coimas en el seno del Juzgado Federal N° 1 a cargo del destituido magistrado, Walter Bento.
El exjuez, que cursa una prisión preventiva en la cárcel de Cacheuta, está acusado de liderar una asociación ilícita que operó en 15 cohechos y también de otros delitos que se desprendieron luego, como abuso de autoridad y desobediencia judicial. Mientras que en el orden patrimonial atraviesa imputaciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. En este último apartado se incluyen entre los acusados también a sus familiares: su esposa Marta Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano Bento.
Antes de la feria judicial, la instancia de declaraciones testimoniales cruzó el “charco” hacia la etapa patrimonial y la sala de audiencias del primer piso de Tribunales Federales cambió su imagen. Solo asisten presencialmente los abogados de los 33 imputados y en el banquillo de los acusados permanecen sentados, Walter Bento, Nahuel y Luciano. Mientras que Boiza sigue el debate desde su casa, por cuidado habilitado para su otro hijo Facundo, un chico con capacidades diferentes.
También la fiscalía cambió de principal interrogador. El fiscal Dante Vega le cedió ese lugar al fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, quien se encargó de encabezar la investigación sobre el patrimonio de los Bento.
En ese contexto, comenzaron a desfilar testigos vinculados a las compras recurrentes de inmuebles, locales comerciales y vehículos de alta gama, con el denominador común del uso de dólares en efectivo como método de transacción predilecto. También prestaron declaración amigos poderosos de Bento como el juez federal retirado Alfredo Manuel Rodríguez y el empresario Adolfo Cioffi.
Para la Fiscalía resultan injustificables los incrementos patrimoniales que adquirió la familia desde el año 2005 hacia adelante, cuando Bento asumió su cargo como juez , y entienden que se detectó conversión, transferencia y circulación en el mercado de “bienes provenientes de un ilícito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes (originarios o subrogantes) adquiera la apariencia de lícito”. Más allá de los testimonios que puedan surgir ahora, entienden que serán los números de las pruebas documentales las que tendrán peso real en el debate.
Del otro lado, su defensa manifiesta que en ninguna maniobra “se detectaron fondos que no pertenezcan a sus ingresos de la actividad judicial o la venta de bienes”, según una pericia de la Corte Suprema de Justicia, le confió una fuente a Los Andes.
En tribunales estiman que la etapa de patrimonio tiene por delante todavía casi cien testigos, pero se dará con mayor agilidad que la de cohechos, ya que algunos citados solo tienen que reconocer firmas de una operación en particular ante la Justicia.
A fines de septiembre o comienzos de octubre podrían iniciarse los alegatos y debido a la cantidad de imputados, hay coincidencia entre varios consultados en que el debate se extenderá hasta principios de 2025, cuando habría sentencia. Mientras tanto las audiencias se reanudarán, tras la feria, el lunes 22 de julio.
Inmuebles y locales comerciales
En este punto yace uno de las principales lupas de la fiscalía. En el lujoso edificio Premium Tower, de calle España 948, Marta Boiza adquirió dos apartamentos que le compró al empresario Adolfo Cioffi, amigo de la familia. El primero fue en el año 2007 (noveno piso) por $124 mil y el segundo en el año 2013 (tercer piso) por USD 60.000. Ambas transacciones se llevaron adelante en efectivo.
En el caso del departamento del tercer piso, en el año 2021 y cuando avanzaba la investigación sobre los Bento, Boiza decidió vendérselo a Galdina Fernández, una mujer de mayor edad que vivía en una propiedad lindante y luego falleció.
Quien escrituró la venta fue la escribana María Lucila Crivelli y prestó declaración como testigo. La transferencia se concretó por 140 mil dólares en efectivo y los honorarios de la escribana los pagó Bento, a cuenta de la compradora, dijo.
Crivelli sabía que Bento era juez federal, pero de todos modos, omitió tanto a él como a su esposa de incluir sus declaraciones como personas políticamente expuestas ante la UIF. Luego, debió corregir el “error” propio por pedido de uno de los abogados de Bento.
“Incurrí en un error, porque puse que la vendedora y la compradora no eran personas políticamente expuestas. Entonces, después de la audiencia acá en Tribunales, el abogado del Doctor Bento me pidió que se hiciera una escritura de rectificación”, afirmó.
En este punto, ante posibles sospechas de que Galdina Fernández haya sido dispuesta como “testaferro” de los Bento, la defensa propuso a las partes que se considere su testamento, que documenta que ningún heredero tendría vinculación con los juzgados.
En el debate también han asistido comerciantes que alquilaron locales en Il Mercato, complejo comercial de Maipú apuntado por los investigadores como un desarrollo propio de los hermanos Luciano y Nahuel Bento.
Ambos están acusados de “haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita al adquirir en carácter de fiduciante adherente, beneficiario y fideicomisario del fideicomiso Il Mercato varios locales comerciales así también beneficiarse del provecho (o producto indirecto) del delito, mediante la percepción de las ganancias de los locales comerciales referidos”. Vale aclarar que los dos tenían cargos judiciales que les impedían tal actividad comercial a la par.
Algunos de los locatarios de Il Mercato que han pasado como testigos por ahora, desconocieron que los Bento hayan estado detrás de complejo y coincidieron en que los alquileres los llevó adelante Nicolás Armentano, titular de Armentano Inversiones Inmobiliarias S.A, cara visible del fideicomiso y amigo de Nahuel Bento. Aún resta la declaración del empresario.
También se reveló el alquiler de otro local comercial en la calle 9 de julio de Ciudad, a nombre de Facundo Bento, que fue renovado este año en pleno juicio, afirmó una testigo.
Compra de vehículos
Gabriel Goldstein, propietario de una reconocida concesionaria, fue uno de los primeros en declarar en esta etapa y señaló que desde el 2013 en adelante, atendió personalmente a Bento y sus hijos, porque se trataba de clientes que buscaban automóviles Audi o Volkswagen denominados “demo”, aquellos que una empresa compra a una fábrica para ponerlos a disposición de pruebas de compradores.
Fueron “tres camionetas” las que se le vendieron, entre 2015, 2016 y 2017, detalló Goldstein. El fiscal Velasco puso la lupa sobre el método de pago de Bento. En varios comprobantes de recibos que el empresario había puesto a disposición y están en el expediente, se refieren a pagos en dinero en efectivo.
También remarcó las diferencias de precios entre algunos vehículos comprados a la fábrica y luego rebajados por la empresa para ser vendidos a Bento. “¿Qué explicación nos puede dar de que 10 meses después haya habido una diferencia de 19.481 dólares en el mismo vehículo?”, mencionó.
“Es una contabilidad que se lleva en pesos. Algo que compré hace dos semanas con el dólar a mil, lo pagué a 60 mil y con el dólar a 1200 dos semanas después son 50 mil”, respondió Goldstein. La sospecha de los investigadores recae en que los vehículos no serían “demos” sino que se tratarían de autos 0 KM, que Bento arreglaba a menor precio para pagar una diferencia que no podía justificar en negro.
Qué dice la defensa
Desde el equipo de abogados que comanda Mariano Fragueiro Frías le manifestaron a Los Andes que “en 580 fojas que hubo de pericia sobre el patrimonio de los Bento, no hay una coma que indique fondos injustificados”. En el mismo tono aseguran que en los once meses de juicio, “no hubo pruebas de la existencia de un cohecho, de algún pago a Bento”.
Sostienen que los “valores de los autos que compraron fueron todos facturados” y sobre el caso de Il Mercato, acotan que “quedó acreditado que Armentano les ofreció locales de 5 metros y estaban en obra, por lo que les faltaba plata y entraron barato”. Además pusieron en relieve que “los inquilinos pagaban” con él y no con la familia.
Esta semana se conocieron detalles de un viaje en avión privado a Punta del Este, que realizó Bento con el juez federal retirado Alfredo Manuel Rodríguez y el abogado Raúl López, invitados por el empresario Rafael Garfunkel. Se trató de una comitiva para ver a Luis Miguel, todo pago en el hotel Conrad.
“No fue irregular en lo absoluto, fue espontáneo. El amigo que me invitó era un abogado no litigaba en mi tribunal. No estaba infringiendo ninguna norma, porque no era una dádiva, hice extensiva la invitación a las personas que estábamos”, expresó el juez retirado Rodríguez.
137 aspirantes a suceder a Bento
A la par del megajuicio, el Juzgado Federal N° 1 espera por un nuevo juez que sea designado para suplir al destituido Bento. El miércoles pasado, el Consejo de la Magistratura cerró el plazo de aspirantes para inscribirse y fueron un total de 137 los interesados para asumir el cargo, que tiene competencia penal y también electoral.
Según pudo saber este diario, aún quedan varios filtros para participar y la lista no alcanza visibilidad pública aún. El próximo 2 de agosto está programado el examen de oposición y hasta el 4 de julio habrá tiempo para confirmar la participación.
El Consejo de la Magistratura avanzará luego con entrevistas personales a cada uno de los aspirantes. Después de esto se conformará una terna y los nombres serán remitidos a la Presidencia de la Nación, donde Javier Milei elegirá a uno de ellos y se enviará el pliego correspondiente al Congreso. El Senado votará sí aprueba o no el aspirante, para convertirse en juez federal.
