El extenso megajuicio contra el exjuez federal Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales, ingresó en una nueva y esperada etapa: el abordaje de los delitos patrimoniales por los que están imputados él y su familia.
Tanto Bento como su esposa Marta Boiza y sus hijos, Nahuel y Luciano Bento, están acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Para la Fiscalía son injustificables los incrementos patrimoniales que adquirió la familia desde el año 2005 hacia adelante, cuando Bento asumió su cargo como juez del Poder Judicial de la Nación.
Esto incluye la adquisición de propiedades de todo tipo y vehículos de alta gama, además de viajes recurrentes al exterior con gastos exorbitantes. Cabe señalar que los hijos imputados en la causa también son empleados judiciales.
En el caso del lavado de activos, la parte acusatoria asegura que se detectó conversión, transferencia y circulación en el mercado de “bienes provenientes de un ilícito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes (originarios o subrogantes) adquiera la apariencia de lícito”.
Entonces llegó desde Buenos Aires el fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, para sumarse de forma presencial al debate que encabeza el Tribunal Oral Federal N°2, presidido por la jueza Gretel Diamante.
Velasco fue quien lideró la investigación patrimonial sobre los Bento, por lo cual el fiscal Dante Vega le cedió el lugar de interrogador. El primer testigo citado para abordar estos asuntos fue el empresario Gabriel Goldstein, propietario de una concesionaria que le vendió varios vehículos al exjuez y sus hijos, desde 2013 en adelante.
En el requerimiento de elevación a juicio señalan que Bento fue imputado por “poner en circulación fondos de procedencia ilícita”, es decir supuesto dinero proveniente de coimas, mediante la adquisición de vehículos a su nombre o el de sus hijos. Se indican compras de automóviles Audi, BMW y VW Amarok, en un largo listado de propiedades.
Goldstein admitió que conoce a la familia por venderles autos desde hace varios años y aclaró que operan marcas Ford, Volkswagen y Audi. “Primero se le vendió un auto a él y luego a sus hijos. Se presentó como Doctor Bento, no como juez federal ni nada raro”, dijo el testigo de su primer contacto en el año 2013.
El fiscal Velasco le preguntó si tenía algún trato especial y Goldstein respondió que se trataba de una “relación normal, lo que pide cualquier cliente, pero no mostraba ninguna insinuación del poder que él tenía”.
También, declaró que lo atendía “normalmente” él mismo, de forma personal a Bento. Y señaló que era parte de un grupo minúsculo de clientes interesados por los vehículos “demo”, aquellos que una empresa compra a una fábrica para ponerlos a disposición de pruebas de compradores.
“Las camionetas eran vehículos de demostración. La fábrica tenía una política de, una vez año vender al concesionario, para que después esta pueda vender. Esos vehículos tienen un descuento particular porque hay que movilizarlos. Las camionetas que se les vendió al Doctor revestían esa condición”, dijo.
Fueron “tres camionetas” las que se le vendieron, entre 2015, 2016 y 2017, dijo Goldstein. El fiscal puso la lupa sobre el método de pago de Bento. En varios comprobantes de recibos que el empresario había puesto a disposición y están en el expediente, se refieren a pagos en dinero en efectivo. “¿Esto era habitual dentro de la concesionaria?”, preguntó Velasco y el testigo respondió: “Supongo que sí, no tiene nada de raro”.
“¿Era habitual que otros clientes pagaran la totalidad de un automóvil en dinero físico?”, refutó Velasco y el testigo dijo que “puede que algunos lo hagan, hay otros que hacen cheques o una transferencia”.
“¿Dentro de la AFIP hay alguna normativa respecto al pago en efectivo físico?”, repreguntó el fiscal y la respuesta fue: “Creo que, desde un periodo hay un monto máximo que se puede recibir en efectivo. Pero no sé desde cuando rige esa norma y tampoco sé los montos que hay”.
El fiscal Velasco también remarcó las diferencias de precios entre algunos vehículos comprados a la fábrica y luego rebajados por la empresa para ser vendidos a Bento. “¿Qué explicación nos puede dar de que 10 meses después haya habido una diferencia de 19.481 dólares en el mismo vehículo? Me parece que merece alguna explicación”, mencionó.
“Es una contabilidad que se lleva en pesos. Algo que compré hace dos semanas con el dólar a mil, lo pagué a 60 mil y con el dólar a 1200 dos semanas después son 50 mil”, respondió Goldstein.
La indagatoria circuló en base a la hipótesis de que Bento pagaba en efectivo para esquivar los controles de la Unidad de Información Financiera al ser una persona expuesta políticamente. Velasco puntualizó en las adquisiciones de dos vehículos Audi en los años 2019 y 2020, por los que les preguntó: “¿Comprar dos vehículos de alta gama importados con dinero físico, no le pareció que podría estar sometido por la UIF?”.
“No y supongo que, si había que pedirle algo al Doctor, se le pidió. No es una responsabilidad que recae sobre mí. Si se le pidió algo y él estaba obligado a informar algo, debe haberlo hecho”, contestó Goldstein.
Luego, el fiscal pidió permiso al tribunal para solicitarle al testigo que le aporte información sobre los cajeros y el personal de administración que estuvo a cargo de la empresa, cuando se dieron esas compras. Desde la defensa de Bento se opusieron, aduciendo que toda la documentación fue presentada y es parte del expediente.
“Los recibos ya están aportados, está todo integrado al peritaje. En cuanto a esta tarea instructiva, ya estamos en otra etapa. Lo único que va a hacer es afectar el transcurso del debate y por la razón que sea, lo desnaturaliza”, respondió el abogado Mariano Fragueiro Frías.
