Pese a la movilización ciudadana del lunes, apoyada al día siguiente por el expresidente Mauricio Macri, y a las críticas de la oposición y de juristas propios y ajenos, el Frente de Todos decidió avanzar en el Senado, la cámara conducida por Cristina Kirchner, en el trámite del proyecto de reforma de los tribunales federales, impulsado por la Casa Rosada.
Tal como informó La Voz/Los Andes/Vía País, la idea del oficialismo es darle media sanción en una sesión a realizarse el jueves de la semana que viene.
¿Por qué se aprobará? Porque tiene cero chances de ser rechazado: la iniciativa no necesita ninguna mayoría especial para avanzar y el oficialismo tiene 41 de los 72 senadores.
Pero la oposición y los juristas invitados a opinar ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia piden cambios.
Por eso, la conductora del plenario, la ultrakirchnerista santafesina María de los Ángeles Sacnun, anunció este martes, durante el desarrollo la quinta reunión para escuchar a juristas, que se recibirán propuestas de senadores para modificar el texto.
Este miércoles a partir de las 16 se realizará una sexta reunión del plenario de las comisiones, ya sin invitados. Tal vez sea la última, porque el oficialismo podría avanzar con la firma de los dictámenes al proyecto, que se discutirían en el recinto [virtual] la semana próxima.
La marcha del lunes no parece haber frenado en absoluto la voluntad del peronismo en avanzar con esta ley, denominado de Organización y Competencia de la Justicia Federal.
Pero tras la eventual aprobación en el Senado el proyecto será girado a Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría y, además, este martes sufrió un duro aviso: el lavagnismo anticipó su rechazo. Por ahora no se sabe qué harán los cuatro peronistas cordobeses que responden a Juan Schiaretti. Sin ellos, la sanción de la ley es difícil.
Visiones
El proyecto siguió ayer recibiendo críticas de propios y ajenos, sobre todo por considerar que la creación de más juzgados federales se opone al propósito de aplicar el sistema acusatorio en la Justicia Federal, que manda el Código Procesal Penal (CPP), sancionado en 2014.
“Este proyecto de ley no es una reforma, porque la reforma ya se inició en diciembre 2014, con la sanción del CPP”, dijo Javier de Luca, Javier, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, cercano al kirchnerismo.
Sin embargo, sostuvo que “este proyecto no cambia la situación de las causas en trámite” y que, a su criterio, la ampliación de juzgados es necesaria para “atacar la acumulación de poder en pocas manos” y que, por lo tanto, “desde ese punto de vista [el proyecto] no es inconstitucional”.
El proyecto crea una nueva Justicia Federal Penal cuadruplicando su cantidad de juzgados de primera instancia: serán 46, es decir los 12 que funcionan actualmente de los tribunales de Comodoro Py, los 11 juzgados en lo Penal Económico y otros 23 nuevos juzgados.
El presidente Alberto Fernández tendría la posibilidad, entonces, de nombrar a al menos la mitad de los miembros de la Justicia que decidirá sobre las causas más resonantes del país.
Número sin estudio
A su vez, Héctor Mario Chayer, especialista en gestión y organización judicial, señaló que “no hay ningún fundamento empírico para crear 23 juzgados federales más ni, por lo tanto, urgencia alguna para ponerlos en marcha”.
“En 2019 habrían ingresado entre el fuero penal económico y criminal y correccional 16.700 causas. Unas 360 por juzgado, pensando en 46 (los que funcionarían de sancionarse el proyecto de ley). Es decir, una carga de trabajo muy baja. En 2019 se denunciaron 156 causas de corrupción, de las cuales ya se han desestimado 115. Es decir que solo quedan en curso 41. Si se repartieran entre los 46 juzgados, cada uno recibiría apenas tres denuncias de corrupción por año”, aseveró.
Y continuó: “Esto será peor aún cuando se vaya al sistema acusatorio: según los números de Salta y Jujuy, donde se ha implementado el CPP, del total de denuncias solo se judicializa un 40%. Si nos quedamos con el 40% de los números que recién les decía, cada uno de los 46 juzgados tendría 150 causas al año. Por lo tanto, es absolutamente innecesario crear esta estructura para una carga de trabajo que perfectamente lo podrían manejar los 23 juzgados ya existentes”.
En la misma línea, Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que “el proyecto crea 23 nuevos juzgados en lo Penal Federal y dispone que, mientras se lleven adelante los concursos, sean ocupados por los jueces subrogantes”, lo que es contrario a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y a la ley.
“Pero, además, hay algo elemental: no puede haber jueces subrogando juzgados que no existen. En este caso, se debió haber esperado a que terminen los concursos respectivos, que además llevan su tiempo”, dijo.
“El proyecto me parece que, en ese sentido, carece de una base empírica: no se ha demostrado por qué pueden ser 23 juzgados y no 12, 5 o 4”, aseveró y afirmó: “El proyecto merece ser reconsiderado en su totalidad, porque nos parece que no puede ser sujeto de meros parches”.
