El Frente de Todos aprobó en el Senado el proyecto para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un aporte que se aplicará sobre los dólares no declarados y fugados al exterior. El debate terminó con 37 votos a favor (Frente de Todos, Weretilneck y Vega), 31 en contra (Juntos por el Cambio y Vigo) y sin abstenciones. A pesar de esto, el proyecto en la Cámara de Diputados no tiene asegurados los votos por el amplio rechazo opositor.
La iniciativa obtuvo luz verde al cierre de esta edición, tras una sesión que arrancó con cruces picantes. La vicepresidencia Cristina Kirchner estuvo ausente porque se encuentra ejerciendo la presidencia de la Nación en reemplazo de Alberto Fernández, de gira por Europa.
El oficialismo contó con apoyo de sus aliados Alberto Weretilneck (Río Negro) y Clara Vega (La Rioja), mientras que la misionera Magdalena Solari Quintana, otra socia oficialista, estuvo ausente. Juntos por el Cambio y la cordobesa Alejandra Vigo decidieron votar en contra.
La votación reunificó al oficialismo, que se había dividido cuando se trató el acuerdo con el FMI. “Es cierto que tuvimos diferencias respecto del acuerdo que firmó el Gobierno sobre la mochila pesada que nos dejó el macrismo. Pero en el bloque no queremos y nunca quisimos que nos gobierne el Fondo”, indicó Oscar Parrilli, autor del proyecto.
Según el cristinista, entre 2016 y 2019 se fugaron unos 86.000 millones de dólares que ahora buscan repatriar para financiar la deuda con el organismo multilateral de crédito. Para facilitar el hallazgo de los responsables, personas y entidades bancarias podrán actuar como “colaboradores”.
Sin embargo, la misión podría quedar a mitad de camino, porque el oficialismo no pudo avanzar con otro proyecto complementario para facilitar el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal sin necesidad de una orden judicial. Esa propuesta, que generó dudas en el Gobierno y presiones en contra, quedó frenada en comisiones.
El debate
El “fondo para pagarle al Fondo” se constituirá con dólares no declarados ante la AFIP y fugados al exterior, y durará hasta la cancelación total de la deuda con el FMI. La AFIP podrá cobrar el dinero en efectivo en un solo pago u ofrecer un plan de hasta doce cotas mensuales.
Si la persona se presenta “espontáneamente” ante el ente recaudador dentro de los seis meses de vigencia de la ley, pagará una tasa del 20%. Después de los seis meses, el pago subirá al 35%. Finalmente, iniciado el proceso de fiscalización por parte de la AFIP, si la persona acepta y se allana al pago dentro de los 15 días de la notificación, abonará el 50%.
“Es inadmisible que existan en el exterior más de 410.000 millones de dólares de residentes en el país, de los cuales 340.000 millones son fruto de la evasión de impuestos”, advirtió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra.
El legislador aclaró que “no estamos frente a la creación de un nuevo impuesto, ya que lo que se pretende es recuperar una porción de los recursos no ingresados al fisco y radicados en el exterior originados en la evasión de tributos ya existentes. Tampoco es un blanqueo, puesto que no implica una convocatoria voluntaria a exteriorizar fondos”.
Por el contrario, Martín Lousteau (UCR-Evolución) cuestionó que “esto es lisa y llanamente un blanqueo” porque, según su visión, el proceso será voluntario y la alícuota a pagar será menor (20% en lugar del 35% vigente) si la persona se acoge dentro de los seis meses.
“¿Qué hace este proyecto con aquellos que incumplieron con la ley argentina e impidieron que el Estado tenga recursos? Le regalan un blanqueo. ¿Por qué los vamos a premiar? Es una burla a todos los que cumplimos”, lamentó Lousteau.
Por Córdoba Federal, Vigo consideró que “este proyecto es inconsistente e inconstitucional, más allá de la buena intención de hacer que vuelvan estos fondos que se han llevado afuera”. Y agregó que la iniciativa “expresa una gran puja dentro del oficialismo sobre cuál es el rumbo que debería tener la política económica”.
El kirchnerismo admite públicamente que le costará conseguir los votos en Diputados y por eso apuesta a que el proyecto tenga “apoyo popular”. Con ese fin, iniciaron una campaña de recolección de firmas en las calles, bajo el lema “Que la deuda la paguen los que la fugaron”. A fines de abril, se habían juntado más de 150.000 firmas.
