El Frente Cambia Mendoza avanzó este martes con el proceso de suspensión de la diputada de La Unión Mendocina (LUM), Janina Ortiz de la Cámara de Diputados, al entender que no se ha puesto a disposición plena de la Justicia, que la investiga por causas de coacción agravada y también fraude a la administración pública.
Con acompañamiento de parte del Partido Justicialista y el Partido Verde, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) -que transmitió en vivo la reunión-, votó el despacho a favor de la suspensión de la exfuncionaria lasherina, que ya había perdido los fueros en diciembre pasado, por lo que este miércoles se votará en el recinto de la Cámara Baja.
La diputada de LUM, que en un principio había decidido no hacerse presente en la comisión y dejar que hablara por ella su abogada, Elena Quintero, finalmente apareció en la misma y se defendió ante los diputados presentes, al señalar que ella no ha “dilatado” los procesos judiciales, sino que se ha estado defendiendo con herramientas legales. Además, señaló -en medio de lágrimas- que hay toda una “campaña política y mediática” en su contra, y que es “inocente” de todo lo que se le acusa.
Tras escuchar a la legisladora, en la comisión decidieron votar: de los 13 representantes, el oficialismo consiguió que 9 votaran a favor de la suspensión. Quienes así lo hicieron fueron los radicales Franco Ambrosini, Silvina Gómez, Evelin Pérez, César Cattáneo, José Manuel Vilches y Alberto López; el legislador del Pro; Enrique Thomas; y también el diputado del PJ, Germán Gómez. En tanto, del peronismo, otras dos legisladoras se abstuvieron, que fueron Natalia Vicencio y Gabriela Lizana; mientras que desde LUM, votaron en contra Gustavo Cairo y Laura Balsells Miró.
Lo cierto es que si finalmente es suspendida (se necesita mayoría especial), Ortiz deberá esperar la resolución judicial con su dieta suspendida, por lo que no cobrará mientras esté en esta condición.
Sesión clave en Diputados
Todo seguirá este miércoles en la sesión sobre tablas de la Cámara Baja. Para que Ortiz sea finalmente suspendida por el cuerpo, se necesitarán los dos tercios de los votos, tal como marca el artículo 91 de la Constitución Provincial.
Este artículo marca que cada Cámara “hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones”.
De 48 diputados que tiene el cuerpo, se necesitan 32 votos positivos si todos dan el presente. Cambia Mendoza tiene 27 legisladores, el PJ tiene a 10 (con José Luis Ramón incluido), LUM cuenta con 9 y el Partido Verde tiene a 2.
El oficialismo asegura que cuenta con los dos votos del Partido Verde -al menos Fugazzotto votó a favor de la suspensión-, por lo que restaría conseguir 3 votos más si todo avanza tal como tienen en mente. El bloque apuntado es el peronismo, que se ha dividido entre votos a favor (Gómez) y abstenciones (Lizana y Vicencio).
Un dato para tener en cuenta del peronismo: Gómez es el presidente de bloque, por lo que se entiende que podría tener una mayor influencia para atraer mayores votos en contra de Ortiz.
Acorralada
El presidente de la comisión, Franco Ambrosini (UCR), expresó tras la votación, que Ortiz, si bien tiene el derecho de defensa que se otorga en la Constitución, “es legisladora y ella se tiene que poner a disposición de la justicia, no es un ciudadano más. Nosotros representamos al pueblo y como representantes del pueblo tenemos que dar el ejemplo. Si nos están investigando y no hay nada que esconder, lo que tenía que hacer, lo que se le pidió al momento de votar el desafuero, es ponerse a disposición de la justicia. No lo hizo y es más, al otro día que fue votado el desafuero estaba presentando un recurso de nulidad”, añadió.
Por otro lado, sostuvo que los delitos por los que se la investigan “no son por cruzar un semáforo en rojo, sino que estamos hablando de fraude a la administración pública y coacción, y en lugar de someterse a proceso se excusa, miente, se esconde y se ríe de todos nosotros, de la justicia y de la ciudadanía, sentándose en una banca como si no pasara nada. Moralmente es inaceptable”.
Desde el peronismo, Germán Gómez expresó que “en varias oportunidades se le permitió dar sus razones y presentar las pruebas para demostrar su inocencia. Creo que no se ha violado el principio de derecho de defensa como dice su abogada, no hay un doble juzgamiento porque no estamos condenándola por ningún delito; y teniendo en cuenta que el procedimiento se ha dado como marca la Constitución, están dadas las condiciones para votar a favor o en contra de su suspensión.
En tanto, desde LUM, Gustavo Cairo señaló que votaron en contra junto a Balsells Miró “porque ya votamos el desafuero y quien tiene que avanzar es la Justicia”.
“Soy inocente”
Mientras tanto, en su defensa, Ortiz aseguró que hay toda una persecución montada en su contra y que “permanentemente” está siendo hostigada por la prensa y la política.
“Yo soy la única persona que tiene que demostrar que es inocente. Para ustedes -en relación a los legisladores- soy culpable de algo que todavía no se me ha juzgado, entonces insisten en que yo soy culpable hasta demostrar lo contrario, cuando la ley es clara y dice que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, con una sentencia firme”, sostuvo entre lágrimas ante los diputados.
Además agregó que “no están respetando la ley y me están hostigando constantemente, con los medios periodísticos, con pedidos de informes, con observaciones, cuando deberian dejar actuar a la Justicia. Odio quebrarme y odio venir en esta situación, pero no lo merezco, porque no soy culpable, y porque si lo soy, lo tiene que determinar la Justicia. Pero no lo va a demostrar, porque soy inocente, y aunque me cuesten años voy a demostrar que lo soy”, expresó, llorando de bronca.
En tanto, en diálogo con la prensa, dijo que ella ya “fue juzgada” por la Cámara con el desafuero, y expresó que si la suspenden “violarán la Constitución porque estarían juzgando dos veces por la misma causa”.
Por otro lado, negó que esté “ralentizando” la Justicia, al expresar que está “ejerciendo” su derecho a defensa. “Yo actualmente estoy bajo el proceso que rige el artículo 318 (CPP), que es el cual el fiscal sigue investigando y me informa sobre los hechos. Pero no estoy escapando de la justicia. Si realmente hubiera una prueba contundente, pueden tomar la decisiones que quieran, incluso hasta de encarcelación, porque no tengo fueros”, expresó.
Por otro lado, la letrada manifestó que “no se han respetado los procedimientos vigentes” y denunció que existe “non bis in ídem”, esto quiere decir que “no pueden juzgar a una persona por los mismos hechos”, según el Artículo 167 de la Constitución. “Así como no procedía el desafuero y se lo hicieron igual, dice ´desafuero o suspensión´ y ellos van por ´desafuero y suspensión´. Ya la juzgaron por estos hechos y la desaforaron. Y Janina Ortiz pudiendo accionar porque era inconstitucional no lo hizo”, manifestó.
Por otro lado, la abogada advirtió que si la Cámara de Diputados avanza en su suspensión, accionarán contra el cuerpo por “desvío de poder”, al “utilizar las mayorías para cometer graves violaciones de derecho”.
Las causas
Janina Ortiz es investigada por dos causas. Una de ellas es por “coacciones agravadas”, dado que la diputada está sospechada de haber presionado a una empleada municipal a grabar a un funcionario de la comuna, que era el entonces subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart (imputado en la otra causa); y luego la impulsó a entregarle dicha grabación “con un 38 sobre la mesa”, en relación a un arma, según se sostiene en el expediente judicial.
La otra causa en la que está investigada es por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa. Allí hay varios exfuncionarios de Las Heras imputados, como por ejemplo Orozco, el exintendente de la comuna.
La actual diputada también está sospechada de participar de un manejo irregular de fondos para cooperativas (en particular la cooperativa Manos a la Obra), mediante el “direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas “para realizar limpieza de calles y espacios públicos”, pero que, en los hechos, tenía por fin -según la fiscalía- “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.
La decisión de la comisión que se votará mañana en la sesión de Diputados, fue adoptada luego de recibir los informes de la Fiscalía de Instrucción Nº 28, que lleva la causa por coacciones agravadas; y la Fiscalía Nº 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, por la de fraude a la administración pública.
