El papa Francisco envió hoy una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDDP) por medio de su presidente, el juez Alejandro Slokar. Francisco se mostró preocupado por “el incremento del uso indebido del encierro y el consiguiente deterioro de las condiciones de detención, junto al incentivo involuntario a la violencia o al uso desproporcionado de la fuerza”.
“Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre ciertas cuestiones vinculadas a su saber que tocan directamente a la dignidad de la persona humana y, por lo tanto, interpelan a la Iglesia en su misión de evangelización y servicio a la justicia y a la paz” comenzó escribiendo el Papa. Y aclaró: “Es menester recordar que la ley por sí sola nunca puede alcanzar los objetivos reales de la función penal”.
“La concepción tecnocrática deshumanizadora pone en duda la capacidad crítica de la persona y conduce a un irracionalismo que se importa a las aulas y a las decisiones judiciales” dijo con respecto al ejercicio del poder.
Y enfatizó: “Para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, necesitamos personas nutridas en formación técnica, pero sobre todo apasionadas por la justicia, conscientes del gran deber que cumplen. Solo así ninguna norma será un fin en sí misma, sino que todas estarán al servicio de las personas implicadas, ya sean los autores de los delitos o las víctimas que han sido ofendidas”.
En la nota dirigida a la asociación en la figura de Slokar, titular de la Cámara Federal de Casación Penal, el Pontífice dijo: “Necesitamos docentes y jueces que asuman la misión que implica su vocación como servidores del Derecho”. Y continuó: “El llamamiento que realizo a ustedes, como expertos, es que contribuyan a la promoción del ejercicio de las funciones académicas y judiciales con apego a compromisos éticos”.
En los párrafos siguientes el Papa enfatizó su crítica a los especialistas en Derecho Penal: “En cuanto a los tópicos de vuestro saber en anteriores ocasiones señalé la misión que tienen los juristas para contrarrestar la irracionalidad punitiva y observé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva, la prisión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, como también la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo a las garantías penales y procesales más elementales”.
Y puntualizó: “Desde entonces algunos de los problemas solo han empeorado. Esto es lo que sucede con el incremento del uso indebido del encierro y el consiguiente deterioro de las condiciones de detención, junto al incentivo involuntario a la violencia o al uso desproporcionado de la fuerza, que llega a configurar situaciones de una auténtica pena de muerte informal (cfr. Discurso a una delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte,17 de diciembre de 2018)”.
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