A pesar la presión de la CGT y de los amparos que avanzan en la Justicia, Unión por la Patria está lejos de conseguir apoyos para rechazar el DNU 70/2023 en el Senado. El bloque peronista/kirchnerista no tiene número por sí solo y los bloques provinciales que podrían destrabar el quórum envían señales negativas.
El interbloque presidido por José Mayans pidió una sesión especial para el próximo jueves 1 de febrero a las 14. Ahora la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene la obligación de convocarla, pero tiene la potestad de cambiar el día y el horario y hay quienes especulan con que dilatará la citación.
Unión por la Patria tiene 33 senadores y necesita de cuatro extra para poder abrir la sesión y luego rechazar el decreto. Pero para voltearlo definitivamente, según la ley que ideó Cristina Kirchner, también será necesario que lo rechace Diputados, lo que hace más dificultoso el camino. De hecho, el Congreso nunca rechazó un DNU desde la sanción de la Ley 26.122, en 2006.
La Libertad Avanza no dará quórum, mientras que el PRO y la UCR definirán su postura en reuniones la semana próxima. Pero ambos bloques acuerdan con gran parte del contenido del DNU y no muestran ánimo de rechazarlo, en línea con la idea de garantizarle al presidente Javier Milei las herramientas para encarar su gobierno.
“Vamos a definir una estrategia en conjunto con todos los que venimos hablando en éstos últimos 50 días”, aseguró una fuente del PRO, en referencia a los bloques de la oposición no kirchnerista.
El radicalismo, en tanto, ofreció alternativas para desglosar el DNU en la comisión bicameral o aprobar una “ley espejo”, pero ninguna fue aceptada. A pesar de ello, no hay voluntad de votarlo en contra. “Los radicales no vamos a ser los bloqueadores del DNU”, había dicho el jefe del bloque en Diputados, Rodrigo De Loredo.
En este escenario, Unión por la Patria solo puede acudir a bloques provinciales. En la bancada dirigida por Mayans aseguran que entablaron diálogo con Edgardo Kueider, uno de los senadores que integra el bloque Unidad Federal junto con el correntino Carlos “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo.
Sin embargo, Kueider salió a pedir en los últimos días que sea la Corte Suprema de Justicia la que se expida sobre el DNU y avisó: “Si va al recinto, lo voto en contra”. Además, espera a ver la evolución de la “ley ómnibus” en Diputados porque “tiene implicancias en el DNU, en la discusión federal y en los pedidos de gobernadores”.
La cordobesa Vigo también prefiere esperar el desenlace en Diputados, pero además está decidida a “no votar nada con el kirchnerismo”.
Los otros espacios provinciales donde podría bucear Unión por la Patria en busca de apoyo son los oficialismos de Misiones y Río Negro. En el primer caso, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y en el segundo, Mónica Silva. De todos modos, no sería suficiente.
En el medio, comenzó a circular una idea arriesgada en el Senado: la posibilidad de que el oficialismo, en una contraofensiva, consiga respaldo de la oposición “dialoguista” para ratificar el DNU en la misma sesión. En ese caso, el decreto obtendría fuerza de ley y quedaría blindado, ya que es suficiente con la aprobación en una de las cámaras.
La UCR tiene presentados varios proyectos (el último, de Carolina Losada) para que los DNU deban ser aprobados por las dos cámaras. “Para declarar de interés una fiesta provincial hace falta que lo aprueben las dos cámaras, para los DNU no”, graficaron en el radicalismo. También proponen que si pasan seis meses sin que se apruebe, quede automáticamente nulo.
El debate sobre la validez o invalidez del DNU debió darse primero en la Bicameral de Trámite Legislativo, pero la comisión no solo no trató el decreto sino que ni siquiera se constituyó, porque no hay acuerdo para nombrar a los ocho diputados (los senadores ya fueron designados). Como venció el plazo para dictaminar, quedó habilitado el tratamiento de oficio en el recinto.
Mayans sostuvo que “el tratamiento del DNU en el Congreso debe ser urgente” y agregó: “El paro fue un contundente rechazo del pueblo argentino a este programa, que me parece que nadie votó”. También aseveró que “no hay un solo sector que no haya sido perjudicado por este DNU”.
“Un DNU debe responder a una situación excepcional, a un tema especial, en circunstancias especiales, pero este DNU deroga 300 leyes y sustituye prácticamente al Parlamento. Todo eso ya lo hace inconstitucional, porque vulnera el principio republicano de gobierno establecido en artículo primero de la Constitución Nacional”, remarcó el formoseño.
A su vez, nueve senadores patagónicos del bloque emitieron un comunicado para sumar presión. Advirtieron que el DNU afecta particularmente a sus provincias con medidas como la desregulación del turismo y del sector minero, la derogación de la Ley de Tierras y los cambios en las leyes de Hidrocarburos, de Bosques, de Glaciares y de Manejo del Fuego.
