Legisladores del Frente de Todos presentaron una solicitud al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, para que llame a una sesión especial este lunes 2 de enero para “dar tratamiento legislativo al decreto 2502/2002″ con el que se pretender reestructurar parte de la deuda en dólares que vence en 2023. Sin embargo, desde el oficialismo indicaron que el receso legislativo “ya está votado” hasta febrero por lo que no se aceptará el pedido. “Cae en abstracto”, manifestaron.
Dicho decreto, en el que se dispone la emisión de Títulos Públicos en pesos por una suma equivalente U$S 81.5 millones, con un plazo de vencimiento minimo de 18 meses, provocó una gran controversia en el ámbito político de Mendoza, debido a que el Gobierno avanzó en este proceso sin autorización legislativa.
Aquí se abren dos interpretaciones: mientras para el radicalismo no es necesario pasar por la Legislatura, y se amparan en el artículo 68 de la ley de Administración Financiera para rollear las amortizaciones de capital de la deuda; desde la oposición sostienen lo contrario y aseguran que hay una “violación a la Constitución”, particularmente del artículo 41.
De esta manera, los diputados justicialistas Natalia Vicencio, Valentina Morán, Marisa Garnica, Laura Chazarreta, Julio Villafañe y Bruno Ceschín; más el diputado de Protectora, José Luis Ramón, firmaron el documento, que fue presentado ante el radical Lombardi.
“Creemos que la norma citada pone en serio riesgo la Institucionalidad mendocina, la división de poderes y el sostenimiento del republicanismo provincial, habida cuenta que este intento del Poder Ejecutivo de emitir Titulos Públicos de deuda sin contar con la autoritacion legislativa exigida por el articulo 41 de la Constitución de Mendoza y la dispuesto por el artículo 8.206, no solo implica una reinterpretación de la norma que contradice la que siempre han sostenido el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestra provincia, sino que contradice el reciente dictamen negativo de Fiscalia de Estado respecto de la operación”, argumentaron.
“El presente pedido se fundamenta en lo dispuesto por los articulos 24, 25 y 26 del Reglamento interno por lo que solicitamos tenga a bien dar cumplimiento a lo al dispuesto emitiendo la Resolución de Presidencia correspondiente y disponga las citaciones a los diputados y diputadas”, finaliza la solicitud.
Desde el radicalismo informaron que los pedidos de sesiones especiales las debe solicitar o el presidente de la Cámara, o el cuerpo legislativo. De esta manera, se adelantó un rechazo a la solicitud del peronismo ya que “se votó el proceso de receso legislativo hasta febrero”, pero además porque lógicamente tampoco están de acuerdo con los motivos esgrimidos por parte de los diputados de la oposición.
“Cae en abstracto el pedido, no va a pasar nada con esta sesión. La próxima en carpeta recién es en febrero”, agregaron a Los Andes.
El decreto del roll over
Respecto al decreto, es el 2502 del Boletín Oficial de este jueves, y se dispone de la emisión de Títulos Públicos en pesos por hasta U$S 81,5 millones, con un plazo mínimo de vencimiento que será de 18 meses.
El destino de los títulos serán para cancelar las amortizaciones de capital correspondientes al Bono PMM29 (de U$S 500 millones) cuyos vencimientos se produzcan durante el ejercicio 2023, así como también a la recomposición financiera derivada del pago de las cuotas de amortización referidas.
Respecto a la amortización, será en cuotas “trimestrales y consecutivas” o en las condiciones que se especifique en la Resolución del Ministerio de Hacienda. En tanto, la tasa será fija “a licitar”, mientras que el pago de intereses será de forma semestral.
LA CORTE ENTRA EN JUEGO
A partir de estas visiones encontradas, este conflicto llegará a la Suprema Corte de Justicia. El Partido Verde presentará una acción de inconstitucionalidad; y se espera que el peronismo vaya por la misma vía.
Desde ya, y con las nuevas reformas del funcionamiento interno del máximo Tribunal de Justicia, se deberá resolver este caso de forma plenaria, es decir, con el voto de los 7 ministros de la Suprema Corte.
Por otro lado, sobre este tema ya fueron consultados de forma no vinculante por el Poder Ejecutivo tanto el fiscal de Estado, Fernando Simón, así como también el asesor de Gobierno, Ricardo Canet. El primero consideró que para refinanciar los vencimientos de 2023 hace falta una ley aprobada por dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras, por lo que su dictamen fue negativo; mientras que el segundo avaló la idea de Suárez y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, al considerar que la misma “constituye una reestructuración de la deuda pública en los términos de lo autorizado por la citada disposición legal”.
