La jueza del Juzgado Colegiado Penal N° 2, Mirna Montaldi, ordenó este mediodía que los dirigentes del Polo Obrero, Martín Rodríguez y Lorena Torres, recuperen su libertad tras pasar una semana detenidos por cortar calles durante una manifestación contra la baja de programas Potenciar Trabajo.
El proceso penal continuará su curso, pero con los dirigentes en libertad, bajo cumplimiento de reglas. La medida se hizo extensiva a la situación de Gimena Báez, una tercera imputada que no aún no había sido detenida.
Además, la magistrada hizo lugar al pedido del fiscal Fernando Giunta, quien, a turno del Ministerio Público Fiscal, había solicitado que, de ser otorgado el recupero de la libertad, se realizara bajo ciertas condiciones. Así, sobre Torres, Rodríguez y Báez rige la prohibición de salir del país, la obligación de comparecer en sede judicial cada 15 días y la prohibición de cometer nuevos delitos, lo que incluye no incurrir o participar de nuevos cortes de calles. Además, la jueza les impuso el pago de una fianza de 100 mil pesos para Rodríguez, $70 mil para Torres y $40 mil para Báez.
La audiencia se llevó adelante con un seguimiento atento de la militancia del Polo Obrero. Un grupo de 50 manifestantes se concentraron en la entrada del Polo Judicial, sobre la vereda. Lo mismo ocurrió a un costado del Acceso Este en Guaymallén, a la altura del Shopping, pero allí se congregó un nutrido grupo que estaba alerta y dispuesto a cortar el tránsito si la Justicia no les otorgaba la libertad a los detenidos. En simultáneo se realizaron piquetes en distintos puntos del país con el mismo reclamo: en Buenos Aires hubo corte en el Puente Pueyrredón durante varias horas, hasta que se conoció la noticia.
Tras la audiencia, el fiscal Giunta sostuvo que “las personas siguen sometidas a proceso, esto no implica de ninguna manera un sobreseimiento” y aseguró que Rodríguez y Torres recuperarán la libertad en cuestión de horas, después de rendir la fianza y que se libren los correspondientes oficios. En el caso de Báez, “seguirá en libertad tras rendir la fianza, luego seguirá indagada y permanecerá bajo la misma condición judicial que los otros dos”.
Torres y Rodríguez llegaron a esta instancia encuadrados penalmente bajo lo que dispone el artículo 194 del Código Penal que referido a “impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
El Ministerio Público Fiscal informó que Torres está involucrada en 10 causas y Rodriguez en 5. Mismo encuadre le cabe a Báez, en 3 hechos, aunque en su caso, aún no había sido detenida al momento de la realización de la audiencia de este martes.
“La jurisprudencia hace referencia al fallo que se dictó el año pasado en el caso (Roberto) Macho por la Corte. Debemos destacar que el Ministerio Público es un órgano independiente. Nosotros consideramos que el artículo 194 es un delito y nosotros seguimos el fallo minoritario del Dr. (José) Valerio. No obstante cada caso es particular. Ese criterio tenemos”, explicó sobre la postura que defendió en la audiencia, el fiscal Giunta.
Y aseguró que “la jueza dejó entrever lo mismo que había dicho el Dr (Juan Manuel) Pina González cuando ordenó la libertad del Sr Macho, que el corte de calle constituye un delito”.
El precandidato a gobernador del Frente de Izquierda por el Partido Obrero, Víctor da Vila, fue una de las principales caras en el reclamo por la liberación de los dirigentes piqueteros. Tras la audiencia celebró que “se hizo justicia” y a diferencia de lo expuesto por Giunta, aseguró que “la jueza fue clara en su argumentación, nunca tendrían que haber estado presos”.
“Es realmente muy importante que la Justicia le ha dado la razón al frente de organizaciones democráticas que durante toda la semana insistió sobre la irregularidad y que no correspondía la detención de estos compañeros”, celebró el exlegislador provincial.
Y afirmó que “en términos similares fue similar a lo que ocurrió en el fallo de Macho. La jueza desestimó la reiterancia y por lo tanto resolvió que no correspondía la detención porque no implicaba ningún riesgo para el proceso judicial en curso”.
Entonces apuntó sus críticas hacia el jefe de fiscales y al gobierno provincial: “Esto habla de la insistencia de la fiscalía dirigida por el doctor (Alejandro) Gullé, que como todos sabemos tiene una relación muy directa con el poder político, en particular con el exgobernador Alfredo Cornejo”.
“Y por lo tanto con el intento de establecer un régimen de excepción en la Provincia, de características represivas frente a sectores que están reclamando por urgencias que son más que evidentes como es el trabajo genuino, el alimento y la vivienda”, afirmó el dirigente del PO.
“La liberación de los compañeros ha sido el resultado de una gran movilización de la Unidad Piquetera, organizaciones de la Izquierda y agrupaciones sindicales de la CGT y la CTA, que han establecido la defensa de la libertad, sin que ningún gobierno pueda regular la protesta dirigida hacia ellos”, completó Da Vila.
Mendoza y el corte de rutas
Ayer el ministro de Seguridad, Raúl Levrino recibió a dirigentes nacionales del Partido Obrero y aseguró que “en Mendoza está prohibido cortar calles y rutas”.
“En la provincia de Mendoza se respetan todos los derechos, garantías y las libertades que se expresan”, pero también agregó que en la Constitución Nacional si bien “hay derecho a manifestarse y peticionar, también hay derecho a transitar y a circular por la provincia”.
Por otro lado, Levrino destacó que “en Mendoza, así como se pueden expresar libremente, como lo realizaron el viernes pasado, hay todo un marco constitucional, con un Código de Convivencia y un Código Contravencional en el que se establece que se pueden expresar los manifestantes sin ningún problema, pero vuelvo a reiterar: cortar las calles en la ciudad de Mendoza es un delito”.
