El Gobierno provincial avanza en la discusión del proyecto de modificación del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. En el radicalismo buscarán comenzar a cerrar filas en términos generales dentro del Frente Cambia Mendoza, a la vez que también en paralelo intentar bajar la sensación de intransigencia que ha mostrado el Frente de Todos desde que se presentó la iniciativa, que ha tenido hasta el momento sólo críticas y que sostiene que se trata de un “avance del Ejecutivo en la Justicia”.
Si bien el Gobierno es optimista y descarta que dentro del bloque “no habrá objeciones mayores” con la reforma y sus puntos centrales, en el Pro aún no están seguros del acompañamiento sin reservas y aseguran que esta semana la aprovecharán para seguir con consultas a abogados y técnicos. Además pusieron énfasis en que una eventual reforma “no sea producto de un impulso circunstancial” y prendieron alarmas sobre la necesidad de “no caer en lo que tanto criticamos al kirchnerismo a nivel nacional”.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que los principales negociadores con este proyecto, al menos en las conversaciones con el Pro, están en la propia Legislatura, con el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; y el jefe de bloque del frente Cambia Mendoza, Martín Kerchner.
Es cierto que el proyecto recién toma sus primeros momentos de discusión. No obstante, ya hay algún tipo de prudencia de parte del partido que es aliado del radicalismo.
Objeciones
Quien marcó algunas dudas fue el principal referente que tiene el Pro en Mendoza, que es el diputado nacional Omar De Marchi, quien es el que está manejando el trabajo comunicativo del partido en este tema.
En diálogo con Los Andes, remarcó que están “escuchando diferentes opiniones sobre el proyecto que modifica procedimientos en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia”.
Sin embargo, comentó que en ningún momento participaron del debate interno antes de la presentación del proyecto, al indicar que tomaron conocimiento “cuando el proyecto ingresó a la Legislatura, no antes, y creemos que el tema es lo suficientemente importante para que la decisión tenga amplio consenso”.
De Marchi agregó que las consultas se han realizado a “sectores académicos y a quienes ejercen la profesión, porque nos interesa que un cambio que implica modificar el proceso de toma de decisión de la Corte no sea producto de un impulso circunstancial, sino que sea lo que mejor convenga a la Provincia”.
No obstante, dejó una advertencia fuerte sobre el radicalismo: “Debemos ser muy prudentes, para no caer en lo que tanto criticamos al kirchnerismo a nivel nacional”.
Esta última frase sin dudas podría resonar en Cambia Mendoza, teniendo en cuenta que el radicalismo ha acusado al kirchnerismo sobre un intento de control y avanzada sobre el Poder Judicial, con diversos intentos de reformas, como la judicial, por nombrar alguna.
De hecho, con sus diferencias, el peronismo local argumenta que el radicalismo busca con su proyecto “controlar” la Suprema Corte de Justicia, sobre todo al disolver las salas, de las cuales una de ellas tiene actualmente mayoría de miembros “filoperonistas”, mientras que la otra tiene mayoría de jueces “filoradicales”.
En el radicalismo insisten en que terminarán acordando con el Pro, y algunos aseguran que es una estrategia por parte de De Marchi distanciarse del Gobierno en algunos temas en particular, sobre todo por la cercanía a las elecciones del 2023 y la disputa que podría tener contra el radicalismo en las internas de Cambia Mendoza.
“La verdad es que en la idea central del proyecto y la búsqueda de mayor transparencia en la Suprema Corte, el Pro coincide. No sabemos en qué están planteando dudas”, señalaron en el radicalismo.
Esta semana será importante en términos legislativos teniendo en cuenta que la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), resolverá cómo será el debate interno, sobre todo con los pedidos que ha realizado el Frente de Todos, de cursar invitaciones a los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia, para que emitan sus opiniones respecto al proyecto; así como también a referentes tales como los ex supremos Aída Kemelmajer de Carlucci y Alejandro Pérez Hualde; y el ex gobernador peronista Arturo Lafalla.
El radicalismo quiere votar en 10 días
En el oficialismo insistieron en que los próximos días se aclararán algunos puntos en los que podrán garantizarse el acompañamiento del Pro, y marcaron que las principales conversaciones se han realizado entre los jefes de bloque, con Gustavo Cairo y Rolando Baldasso como protagonistas.
En este sentido, marcaron que están “abiertos a introducir cambios mientras no se modifiquen el espíritu del proyecto” y que están pensando en votar en los próximos “10 días, cuando se realice todo el debate en comisiones y participen todos”.
Sin embargo, no hay por el momento algún tipo de movimiento a ceder en estos puntos clave, que serían, por un lado, el sorteo de todas las causas a los 7 ministros de la Suprema Corte y los momentos en los que podría aparecer la definición en pleno del máximo tribunal.
Respecto al debate con el peronismo que se avecina, fuentes de la Cámara de Diputados expresaron que buscarán “en todo momento” la posibilidad de llegar a amplias mayorías, sobre todo en un proyecto tan sensible como éste, y que ha generado tantas rispideces.
No obstante, acusaron que el peronismo, “más allá de algunas modificaciones que se puedan estudiar, están presionados por parte de la Corte y organizaciones como Xumek o Ampros, que son los que siempre eligen a la Sala 2 para realizar sus presentaciones en la Corte”.
