El cónclave entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores previsto para esta tarde empezó a tener repercusiones. En Cambia Mendoza se agitó el avispero luego de que el gobernador anunciara que firmará el Consenso Fiscal, aunque no subirá impuestos.
“Si Mendoza se suma al Pacto Fiscal bajará el nivel de inversiones y la generación de empleo”, largaron los ex Cambia Ya y empresarios liberales que apoyan al Gobierno. El diputado nacional Omar De Marchi (Pro) aseguró que “ese pacto avala la creación y suba de impuestos en las provincias”.
El ala liberal del oficialismo, que se aglutinó en Cambia YA y compitió en las últimas elecciones primarias no escondió su malestar por la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de firmar el consenso, aún con el compromiso de ratificar la Ley Impositiva 2022 ya votada en la Legislatura provincial.
Le piden públicamente a Suárez que “suspenda” la firma del mismo “hasta tanto las graves consecuencias de hacerlo sean discutidas y analizadas en la Legislatura de Mendoza en consulta con las fuerzas empresariales y productivas de toda la provincia”.
Las diputadas Josefina Canale, del Partido Demócrata Progresista (PDP) y Hebe Casado del PRO, Julio Totero, industrial metalmecánico que representa al MID y el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu, de +República, advierten a través de un documento, que de firmarse el nuevo Pacto Fiscal por parte del gobernador de Mendoza “el aumento de la presión fiscal sobre el sector privado impactará en los niveles de inversión, el crecimiento y la generación de empleo de calidad en el país”.
Esta posibilidad latente despertó “verdadero estupor entre la mayoría de emprendedores y empresarios argentinos, que no pueden salir de su asombro, en plena crisis económica, cuando el país más necesita producir”.
Desde el Gobierno provincial habían indicado a Los Andes que la actitud de Suárez tenía más que ver con no tensar la relación con la Nación por la renegociación de las deudas que por avalar el consenso. No obstante, los firmante subrayan que “la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio advirtieron que el aumento de la presión fiscal sobre el sector privado impactará en los niveles de inversión, el crecimiento y la generación de empleo de calidad en el país”.
Asimismo, consideraron que “la iniciativa del presidente Alberto Fernández contrasta con la política de baja de impuestos, en especial de Ingresos Brutos, de su antecesor Mauricio Macri.
“Según el plan suscripto con las provincias en 2017, en 2022 las actividades primarias quedarían exentas, al igual que gas, electricidad y agua; la intermediación financiera tendría un tope de 5%, como el comercio”.
El Consenso Fiscal es el segundo encontronazo que tienen los liberales con Suárez porque hay que recordar la resistencia que hubo ante la confirmación de que Nora Vicario asumiría en el ministerio de Cultura y Turismo luego de la salida de Mariana Juri.
“Una cosa es tener gente de confianza y otra a alguien que conozca profundamente los temas”, había dicho el empresario vitivinícola semanas atrás.
En el Pro también levantaron la voz
Álvaro Martínez, presidente del Pro local se apalancó en los dichos de Omar De Marchi para criticar a Suárez porque “nos comprometimos a otra cosa, no es momento de firmar este consenso que tiene olor a extorsión”.
“El camino es el que viene haciendo la provincia bajando impuestos y no consintiendo que se aumenten”, agregó por Twitter.
El ex intendente de Luján tampoco se guardó nada y advirtió que “el camino es bajar el gasto público, no seguir asfixiando a los contribuyentes”.
Los chispazos se siguen suscitando porque hace apenas unos días, De Marchi salió a cuestionar duramente la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que el Gobierno provincial implementará en Mendoza al considerarla “una exigencia absurda”. Al parecer la convivencia entre radicales y amarillos no pasa por su mejor momento.
Por otra parte, también Portezuelo del Viento se metió en la discusión porque los liberales critican el hecho de querer acordar distancias con Nación cuando “desde la Secretaría de Provincias, dependiente del ministerio del Interior su titular, Silvia Batakis, acaba de hacer un regalo navideño al gobernador de La Pampa, al anunciar la paralización indefinida de Portezuelo del Viento, hasta la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental solicitado por esa provincia”.
La semana pasada ingresó un pronto despacho en la Casa Rosada para apurar al presidente Alberto Fernández para que laude. El trámite lo presentó el gobernador Rodolfo Suárez con la intención de que el Presidente defina si hay que hacer o no un nuevo estudio de impacto ambiental. Los plazos empezaron a correr y se espera alguna definición al respecto.
Las claves del Consenso Fiscal
- Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán legislar un impuesto a un aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia. En Mendoza ya avisaron que no lo implementarán.
- Aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos: para agricultura, ganadería, pesca, minería de 0,75%; industria manufacturera, 1,50%; construcción, 2,5%; comercio, 5%; hoteles y restaurantes, 4,5%; comunicaciones 5,5%; telefonía celular 6,5%; intermediación y servicios financieros 9% (créditos hipotecarios exento); actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5%; servicios sociales y de salud 4,75%.
- Mantener desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes (excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.
- Se gravará el comercio electrónico de servicios digitales prestados por sujetos radicados, residentes o constituidos en el exterior a consumidores o empresas domiciliados, radicados o constituidos en jurisdicción provincial y la CABA. Esto incluye el servicio de suscripción online para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales y juegos) y la intermediación en la prestación de servicios a través de plataformas digitales (hoteleros, turísticos y financieros) y las actividades de juego que se desarrollen o exploten a través de cualquier medio digital.
- Establecer una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% para el resto de contratos y operaciones alcanzadas por este tributo.
- Las provincias y la CABA solo podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital.
