La pandemia por el coronavirus puso un freno a varias actividades, entre ellas el proceso ante el Jury de Enjuiciamiento contra el camarista laboral Antonio Sánchez Rey: desde hace un año está suspendido de su cargo, por lo que percibe medio salario, y en lo que va de 2020 no ha habido ningún avance.
El 16 de marzo, una acordada firmada por casi todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia (Omar Palermo se encontraba de licencia) suspendió la atención al público en muchas dependencias del Poder Judicial. Ese mismo día, el entonces presidente, Jorge Nanclares, firmó una resolución en la que ordenó paralizar la actividad del Jury y el proceso contra el juez quedó en el limbo.
El magistrado es investigado por un arreglo millonario que habría intentado hacer con Provincia ART para recibir una elevadísima indemnización cercana a los $4,5 millones y cuya homologación recayó en la cámara que integra; es decir, intervendría en una resolución que lo beneficiaba.
El Jury de Enjuiciamiento es el organismo que se encarga de evaluar sanciones, incluso la destitución, a jueces, fiscales, asesores, defensores oficiales y otros funcionarios con rango constitucional, como el titular de Irrigación. Está conformado por los siete miembros de la Corte, siete diputados y siete senadores.
Sánchez Rey fue suspendido por el Jury en mayo del año pasado y en lo que va de 2020, no hubo novedades en el caso. La última reunión que mantuvieron sus integrantes en forma presencial fue el 13 de febrero justamente por el caso Sánchez Rey. Se agendó una nueva para el 19 de marzo, pero la resolución firmada por Nanclares truncó la agenda.
Uno de los últimos movimientos del proceso fue el pedido de una pericia contable que hizo el Jury. Según corroboró Los Andes, fue presentada en noviembre del 2019, fue observada por la defensa de Sánchez Rey (algo muy habitual que ocurra) y el nuevo informe debía presentarse en marzo, ya con los plazos suspendidos.
Es muy probable que, si se recibe, el profesional la envíe en los próximos días. Pero para que sea evaluada, se deben reactivar las tareas del Jury de Enjuiciamiento para que los plazos administrativos vuelvan a correr de acuerdo a lo establecido.
Julio Gómez es quien tomó el mando hace menos de un mes y si bien está revisando temas pendientes, no ha levantado la suspensión de los plazos judiciales.
“Otro organismo constitucional, como el Consejo de la Magistratura, está funcionando de manera virtual y también presencial, cumpliendo el protocolo. Todos los martes tenemos reuniones, y está funcionando. La Comisión de Jury podría funcionar de la misma manera”, cuestionó Marcelo D’Agostino, Subsecretario de Justicia de la provincia.
El sospechoso arreglo por un accidente laboral
Para comprender el caso, hay que retrotraerse al 2017, fecha en la que Sánchez Rey se lastimó su brazo con el portón de la playa de estacionamiento de la sede de Tribunales que se ubica en calle San Martín al 300. Por el accidente, le reclamó a Provincia ART una indemnización de $4,5 millones.
El escándalo se desata meses después no sólo por lo elevado del monto, sino por su actuación judicial, ya que el acuerdo recayó en la misma cámara que él integra para ser homologado. Por eso, Cristian David Herrera, titular de la Unidad para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los recursos de la Seguridad Social realizó la denuncia.
El caso tiene dos instancias. Por un lado la investigación penal y por el otro el proceso ante el Jury de Enjuiciamiento.
Al culebrón hay que agregarle la participación de sus compañeros de cámara: Jorge Consolini y Viviana Gil quienes, cuando el conflicto tomó estado público, denunciaron a Sánchez Rey de haberlos amenazado para que homologaran el acuerdo.
Para evitar la sanción, que implica perder la jubilación de magistrado, en marzo de 2019, el juez presentó la renuncia al entonces gobernador Alfredo Cornejo y este la rechazó.
El 30 de mayo, el Jury votó la suspensión del magistrado y la apertura del proceso que podría culminar en su destitución. Desde allí está cobrando medio sueldo.
Durante el segundo cuatrimestre del año pasado se comenzaron a reunir las pruebas para luego, se pueda fijar una fecha de debate oral y público para que los 21 integrantes definan el futuro en la carrera del laboralista.
Dos casos que esperan en la cola
El Jury de Enjuiciamiento debe resolver si le da aire a los pedidos de juicio político de la magistrada María Fernanda Sarcinella y del fiscal Fernando Guzzo.
El caso de Sarcinella, asesora de Menores e Incapaces en Las Heras, tuvo novedades a principios de marzo luego de que Mariana Silvestri, titular del Ministerio Público de la Defensa, pidiera formalmente el Jury de Enjuiciamiento para la abogada de pobres y ausentes.
La magistrada cobraba de 180.000 a 200.000 pesos mensuales y había solicitado la licencia por síntomas de fatiga e insomnio. Durante los dos años de ausencia, 64 días no estuvieron justificados con la dolencia que la aquejaba, por lo que el Ministerio Público de la Defensa le suspendió el pago del sueldo. En marzo, se pidió el juicio político.
Por Fernando Guzzo, Jefe de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, también hay una solicitud que data de marzo por pedido de la diputada Laura Chazarreta (Frente de Todos-Partido Justicialista).
La legisladora argumenta que en sus alegatos en el juicio contra Claudia Cortez, acusada de asesinar a su esposo -quien ejercía violencia contra ella-, ignoró por completo la perspectiva de género, reflejada en la Ley Nacional 26485, plenamente vigente.
