Tal como anunció Juan Pazo, actual titular del ARCA, durante la 30ª Cumbre de la Unión Industrial Argentina (UIA), el gobierno presentó el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta iniciativa busca facilitar e impulsar el crecimiento de empresas de todos los tamaños, con especial énfasis en las PyMEs, potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, fortalecer el sector agropecuario y promover transformaciones significativas en el ámbito laboral.
Bajo esa premisa se reunieron referentes de sectores empresarios junto a equipos de legisladores. En el Salón Agrelo del Hotel Sheraton, Mario Comellas fue el encargado de brindar detalles. El coordinador de los equipos técnicos de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) fue escuchado por empresarios de la Asociación Ejecutivos de Mendoza (AEM), la Federación Económica de Mendoza (FEM), del Consejo Empresario de Mendoza (CEM), de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), entre otras entidades.
También participaron asesores de legisladores nacionales y provinciales. El único representante mendocino en el Congreso que se hizo presente fue Martín Aveiro (Unión por la Patria). Por el oficialismo local estuvo Enrique Thomas, presidente del Interbloque Cambia Mendoza en la Cámara de Diputados de Mendoza. Juan Carlos Jaliff, ex senador, será quien le informe a los diputados nacionales Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que no pudieron asistir. La intención es que el proyecto sea transversal a los distintos sectores y espacios políticos.
Uno de los pilares de este proyecto es la implementación de un Bono de Crédito Fiscal para Nuevas Contrataciones. Este beneficio está diseñado para reducir las cargas patronales de las empresas que incorporen nuevos trabajadores: el descuento va desde el 25% hasta el 100%, en el caso de la microempresas con las contribuciones patronales durante el primer año de la relación laboral.
Otro aspecto destacado es la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que busca atraer capital hacia inversiones productivas a través de ventajas fiscales significativas. Este régimen incluye beneficios como la amortización acelerada de bienes de capital y la devolución anticipada del IVA para adquisiciones realizadas en los primeros dos años de vigencia de la ley. La magnitud de la inversión requerida varía según el tamaño de la empresa.
El proyecto también contempla la exención de derechos de exportación para las micro, pequeñas y medianas empresas industriales que logren superar el volumen de exportaciones del año anterior. En el ámbito agroindustrial, se incluye una reducción del IVA sobre la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego, que pasará al 10,5%.
El proyecto también aborda la relación entre el empleo formal y los planes sociales, proponiendo un sistema de empalme que permitirá a los beneficiarios de programas de asistencia social conservar estos beneficios por un período de hasta 13 meses tras conseguir un empleo registrado.
Durante la reunión hubo intercambio de opiniones y una advertencia por parte de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi): el proyecto no contemplaría a las cooperativas y para la entidad es muy importante que sean tenidas en cuenta.
Cambios en la ley de contrato trabajo
Si bien el proyecto preserva el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, plantea la oportunidad de hacer “acuerdos laborales a medida entre el trabajador y el empleador”. Por lo tanto, los acuerdos sobre cambios esenciales en el contrato podrán ser homologados por la autoridad competente, brindando un marco regulatorio para adaptaciones consensuadas.
Por otro lado, regula la facultad del empleador para modificar formas y modalidades de trabajo. Aunque se permite realizar cambios siempre que no alteren aspectos esenciales del contrato ni perjudiquen al trabajador, el empleado afectado podrá considerarse despedido sin causa si considera que las modificaciones son irrazonables.
La normativa también aborda un aspecto sensible: las licencias y periodos de enfermedad inculpable. Supone plazos durante los cuales los trabajadores enfermos o accidentados podrán percibir su remuneración, especialmente aquellos con cargas de familia, y establece un mecanismo más riguroso para verificar certificados médicos.
Otro avance significativo es la incorporación a los convenios colectivos a implementar regímenes de trabajo más adaptativos, como bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando los mínimos de descanso y los límites legales.
La necesidad de una ley
El diputado nacional Martín Aveiro tuvo una activa participación en la charla y si bien está de acuerdo con el proyecto, “yo planteo que deberíamos ir un poquito más allá, deberíamos pedir un poco más de incentivos”. Para el ex intendente de Tunuyán, “más allá de que rompa un poquito esa regla del déficit fiscal”, no hay que “tenerle miedo”, porque entendemos que “verdaderamente la industria, sobre todo, y las pymes pequeñas necesitan incentivos rápidamente porque están perdiendo, no pueden competir”. Su papel es importante porque es quien debe votar en el recinto.
Mendoza debería adherir a la ley nacional, cuando se promulgue, y allí la Legislatura provincial cumple un rol clave. “El proyecto es muy interesante. Hay más de 8 millones de trabajadores en negro en la Argentina que están esperando una formalización. Y este proyecto va en ese sentido. No hay gasto fiscal, no desequilibra. En la provincia de Mendoza puede tener un efecto muy importante, porque no hay, hasta ahora, grandes empresas”, contó a la salida de la reunión.
Mauricio Badaloni, miembro del Consejo Directivo de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), comentó que “para nosotros, en Mendoza, en Cuyo, y federalmente hablando de las economías regionales, es una ley que se necesita, es una ley que las pymes la necesitan, todos lo necesitamos para tener un marco de previsibilidad”.
“Nuestra intención fue mirarnos la cara, decirnos lo que necesitan las pyme locales. La Mesa de Producción y Empleo integra prácticamente industria, comercio y servicio, y están las instituciones más importantes de Mendoza. Buscamos justamente que esta no sea una ley politizable, sino que sea una ley que nos permita avanzar rápidamente y mirando de cara a las pymes que son las que necesitan competir”, agregó.
Desde la Unión Industrial de Mendoza (UIM), fue Matías Díaz Telli el encargado de dar la opinión al respecto: “Quizá una empresa que accede al RIGI es una locomotora, pero los pasajeros y la carga van en los vagones. Y en este mismo sentido, son las pymes las que hacen la mayoría de las inversiones, que a la postre derraman. Y son las pymes las que generan mayor empleo registrado y aportan impuestos”.
“Acá en la mesa nos hemos sentado todos, y esto, no es un régimen de subsidios. Por el contrario, es un régimen de incentivos, pero que el incentivo viene a partir de generar reglas claras, y que sea el privado el que invierta y el que arriesgue. No estamos trasladándole el riesgo a otro, va a arriesgar, va a contratar y va a mejorar su capacidad productiva en esta ley. Nos gusta que vinieron todos los sectores”.
Santiago Laugero, titular de la Federación Económica de Mendoza, expresó que el espíritu del proyecto es “correcto” y le parece importante “que hayan cambios respecto a lo laboral, a los regímenes de amortizaciones, a la situación del IVA. Hoy estamos en una situación en donde hacernos competitivos, equilibrar la cancha se haga realidad, tiene que ver con esas realidades. Las empresas pyme proveen más del 70% de la mano de obra del país. Es importante que pueda mantenerse en pie y en buenas condiciones de competitividad”.
Franco Solís, al frente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), planteó algunas observaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con inversiones en micro empresas. “Están pidiendo que la micro invierta el 33% de su facturación siendo que las empresas micro tienen muchos problemas de financiamiento, no consiguen en los bancos porque son pequeñas, son chiquitas. Lo que decimos es que se le tendría que pedir un porcentaje de la facturación en la inversión mínima, un 15% en vez de un 33%”, indicó.
“Y respecto al incentivo al empleo, no está claro desde cuándo se toma ese incentivo. Nosotros entendemos que tendría que ser desde que se presentó la ley porque el empresario que tenga que incorporar personal, no lo va a poner en blanco o no lo va a registrar esperando a que salga esa ley y tomar el beneficio. Se va a generar una especulación en el caso que exista la posibilidad de incorporar nuevo personal antes de que se apruebe la ley”, observó.
