Tras lanzar un nuevo protocolo de seguridad para limitar las protestas callejeras en el país, el gobierno del ultraliberal Javier Milei anunció el lunes que le retirará la ayuda social a quienes interrumpan vías de circulación durante manifestaciones. ”Los únicos que no van a cobrar el plan (social) son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente: ‘El que corta no cobra’”, dijo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un anuncio difundido por las redes sociales oficiales.
Esta advertencia es parte del plan de Milei para el control de protestas callejeras, que también incluye una auditoría a las organizaciones de desempleados en un intento de acotar su poder de movilización.
La duda de muchos es cómo identificarán a quienes realmente incumplan esta condición. ¿Cómo se identificará a quiénes participen en piquetes?
Clarín elaboró un informe donde se analizan los 3 sistemas de reconocimiento facial que están funcionando en distintos ámbitos del país.
Uno de ellos se implementó en 2018 en las canchas de fútbol como parte del programa Tribuna Segura 2.0, lanzado durante la gestión de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Su propósito principal es evitar el ingreso de personas con órdenes de captura o antecedentes de violencia en eventos deportivos.
Otro sistema, enfocado en la detección de prófugos y personas desaparecidas, se introdujo en las terminales de transporte público en 2019, en colaboración con la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, desde 2022, se encuentra suspendido debido a un fallo del juez Roberto Gallardo, quien argumentó la posibilidad de acciones de espionaje. La jueza Elena Amanda Liberatori posteriormente lo declaró inconstitucional.
La tercera variante se utiliza en la búsqueda de sospechosos por parte de las fuerzas de seguridad y otras ciudades, como Rosario. Este sistema implica la recopilación de imágenes durante investigaciones, cruzando datos con la base del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para obtener identidades.
Estos tres sistemas comparten un modus operandi similar. Requieren cámaras de alta resolución, conectadas o no a internet, para la detección de caras en tiempo real o mediante grabaciones. Un software especializado analiza las imágenes, obteniendo datos biométricos que se comparan con bases de datos como el Renaper o el sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc).
Sin embargo, la aplicación de estos sistemas genera interrogantes, especialmente en contextos como las manifestaciones. La posibilidad de utilizarlos para identificar beneficiarios de planes sociales plantea incertidumbres, ya que el Renaper, por sí solo, no proporciona esa información. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), hasta ahora, no ha participado en programas de reconocimiento facial, detalla la publicación de Clarín.
Ante la falta de detalles proporcionados por el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el operativo de detección de caras, se destaca que el sistema de la Policía de la Ciudad está suspendido. La implementación de cámaras en patrulleros de fuerzas federales surge como una posibilidad, aunque la experiencia pasada revela desafíos, como la incapacidad del sistema para reconocer rostros cubiertos por barbijos durante la pandemia.
En medio de debates jurídicos y tecnológicos, el uso futuro de sistemas de reconocimiento facial en manifestaciones y eventos públicos en Argentina plantea importantes preguntas sobre privacidad y derechos individuales.
