El gobernador Rodolfo Suárez volvió a defender el controversial proyecto de reforma interna de la Suprema Corte de Justicia, que actualmente se está debatiendo en la Cámara de Diputados, pero sobre el cual también se aguarda algún tipo de modificación que puedan provenir de parte de los jueces del máximo tribunal.
El mandatario, que participó de la inauguración de un edificio de Sancor Seguros en Luján de Cuyo, habló de los objetivos que se tienen para intentar disminuir los tiempos de las causas en la Suprema Corte, y también para evitar el tan mencionado “Forum Shopping”, para que no se puedan elegir las salas de los tribunales en determinadas causas.
“En la Corte hay un enorme retardo de justicia, porque si el 75% de las causas entran en una sola sala, eso significa que hay personas que están detenidas esperando un año y medio su sentencia; o juicios que se llevan adelante y que esperan 2 años una sentencia porque esa sala esta super recargada de trabajo; mientras que la otra no está tan recargada. Eso no puede existir”, consideró Suárez, teniendo en cuenta que la Sala 2, conformada por Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez, es la que más causas recibe, teniendo en cuenta que es una sala laboral y penal.
Ante esto, marcó que hay un “Presidente de la Corte que no dicta sentencias, que no tiene función jurisdiccional. Esto no puede ser”.
“Lo que decimos, que es una transparencia absoluta, es que se sorteen, que existan la salas, pero que cuando entre un juicio que se sorteen tres jueces y lleven las causas de acuerdo a los sorteos”, consideró, y también apuntó que “todos los jueces deben entender en todas las causas, como ocurre en la Corte de la Nación. Por eso son supremos, tienen que entender en todos los temas”.
EL CASO DE LOS EQUIPARADOS
Ante esto, ejemplificó una de las situaciones que ocurre en la Justicia, a su entender, por no tener un mejor funcionamiento, e hizo mención a la polémica por los trabajadores equiparados a magistrados, que tienen sueldos similares a jueces, defensores oficiales y fiscales.
“¿Ustedes se acuerdan cuando yo denuncié a una secretaria que cobraba 400.000 pesos? Nosotros después dictamos una ley para que no existieran los empleados equiparados a jueces ¿Qué paso? Se planteó una medida cautelar en esta sala (NdR: la sala 2, apuntada por el Gobierno) y hasta el momento no se resuelve, miren todo el tiempo que ha pasado”.
Y remató: “Esta empleada hoy está cobrando un millón doscientos mil pesos por mes, son tres sueldos de un gobernador. Miren lo que le pagamos los mendocinos”.
Este caso se remonta al comienzo de la gestión de Suárez, en marzo del 2020, cuando denunció el mandatario que Elizabeth Carbajal, la ex secretaria de quien fuera ministro de la Corte, Jorge Nanclares, cobraba cerca de $400.000, un número sensiblemente mayor al del salario del gobernador. Luego de una ley votada en la Legislatura, se plantearon diversas medidas cautelares, que fueron aceptadas en un fallo dividido en la Sala 2 (Adaro y Palermo a favor de la cautelar y Valerio en disidencia).
También dio otros ejemplos generales, en los cuales, en causas laborales, aseguró que hay “gente que se había despedido y demoran dos o tres años en dictar una sentencia, pero nosotros tenemos que pagar todo este tiempo perdido en el que no salió la sentencia”.
“¿Cuál es la transparencia? El sorteo, que todos entiendan en todo. Esta es la simplicidad y no entiendo el debate por detrás de todo esto. Me llega a sorprender”, acotó.
Además, volvió a hablar de terminar con la especialización, que es defendida principalmente por Palermo, pero también se han manifestado en el mismo sentido Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde.
“Alguien que llega a la Corte tiene que ser especialista en todos los temas y siempre tiene que fallar conforme a derecho ¿Por qué el presidente de la Corte no tiene función jurisdiccional? Que también se sortee y trabaje. Cuando sea todo sorteado, se terminó todo el cuento. La justicia va a ser mucho más rápida, más eficiente, justa y será mejor para los mendocinos”, finalizó.
NO HUBO SEGUNDA REUNIÓN EN LA CORTE
La falta de votos en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de Diputados impidió esta semana que el oficialismo pudiera sacar despacho para llevar el proyecto al recinto y que fuera votado. Dos legisladores de Cambia Mendoza (Jorge Difonso y Gustavo Cairo) se inclinaron por pedirle a la Corte que genere el consenso necesario para producir los cambios, que tienen apoyo del ala “filoradical”, pero no de aquellos que se encuentran ubicados en el sector “filoperonista”.
La mayoría de los ministros de la Corte tuvieron el jueves un primer encuentro muy hermético, sin fotos para la prensa y de carácter fuerte, en el que no acercaron posiciones. Participaron el presidente, Dalmiro Garay, y los jueces Pedro Llorente, José Valerio, María Teresa Day (ala filoradical) y Mario Adaro (único filoperonista). A ellos se sumó por videoconferencia Omar Palermo, quien había viajado a Buenos Aires para dar clases.
Todos aseguraban que las deliberaciones seguirían este viernes, pero no. Los ministros participaron de otros eventos por separado, pero no se reunieron para charlar del proyecto que tiene en vilo al Poder Judicial mendocino y a la propia política.
Según pudo saber este diario, la segunda reunión fue pospuesta para el lunes. Los supremos son conscientes de la necesidad de acordar, pero no hay ningún indicio y creen que será difícil concretarlo.
Las declaraciones picantes tampoco favorecen que se consiga, razonan hacia el interior de la Corte.
LA TRABA MAYOR
En la Corte, la traba mayor sigue siendo el desarme de las salas 1 y 2. La propuesta del Gobierno provincial apunta a que todas las causas que no vayan a plenario se sorteen entre los siete ministros, incluido Garay que hoy no tiene actividad jurisdiccional.
Los ministros críticos creen que esta innovación no hará que se solucione el problema del desequilibro entre las salas: la mayoría van a parar a la Sala 2. Creen que este punto se solucionaría a través de la creación de la “doble instancia” judicial o “doble conforme” para filtrar las causas penales y laborales. El proyecto de la Corte que promueve este cambio duerme hace años en la Legislatura.
Desde esta ala son proclives a aceptar que, si se mantienen las salas tal cual existen hoy, las acciones procesales administrativas (APA) vayan a sorteo de los siete jueces, incluido el presidente Garay para que se termine el forum shopping. De ese modo, para estas causas, habría una sala diferente en cada caso. El proyecto del Gobierno impuso, en cambio, que las APA se resuelvan por la vía del plenario.
Hay quienes señalan que la idea original del titular del alto tribunal, antes de que tomara la posta el Poder Ejecutivo y mandara su propio proyecto, no desarmaba las salas. Y especulan con que la iniciativa que finalmente fue a la Legislatura afecta la independencia de la Justicia respecto del poder político.
También creen en el sector crítico que no se le puede dar más poder a la sala administrativa de la Corte, que es la que integran hoy el presidente Garay y los titulares de la sala 1 y 2. Esa sala es la que tiene el “gobierno” del Poder Judicial. Esa facultad, opinan los que no concuerdan con el Gobierno, debería ser del plenario.
