El Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por la vicepresidenta Cristina Kirchner para que casi 800.000 hombres y mujeres con la edad suficiente pero sin los aportes necesarios puedan acceder a la jubilación, y otras 849.000 personas en actividad puedan “precancelar” deuda previsional que hayan contraído.
La iniciativa recibió 38 votos a favor, del Frente de Todos y los senadores Alejandra Vigo (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Clara Vega (La Rioja) y Magdalena Solari Quintana (Misiones). Juntos por el Cambio, en tanto, se dividió: 18 senadores del interbloque se abstuvieron y seis votaron en contra, entre ellos los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.
Ahora el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, que debería convertirlo en ley en menos de un mes, ya que el próximo 24 de julio vence la moratoria de 2014. “Ochocientas mil personas se quedarán sin nada si no aprobamos la ley antes de esa fecha”, advirtió la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.
La iniciativa se divide en dos “patas”. La primera consiste en darle la posibilidad de jubilarse a unas 800.000 personas que tienen la edad necesaria pero no los años de aportes. Son 477.000 mujeres de 60 años y 295.000 hombres de 65 años que podrán regularizar los períodos faltantes hasta 2008 inclusive.
La cuota mensual a pagar, a valores de junio, sería de 3.665,14 pesos, aunque será movible, es decir, cuando sube el haber mínimo también se eleva la cuota. El plan es de hasta 120 cuotas, que serán descontadas directamente del haber jubilatorio.
El segundo eje del proyecto consiste en que personas en actividad puedan cancelar por adelantado deuda previsional que ya saben que tienen, siempre que cuenten con residencia en el país y no hayan trabajado en relación de dependencia o como autónomos o monotributistas.
Según Di Tullio, este segundo beneficio abarca a 522.000 mujeres de 50 a 59 años y 327.000 varones de 55 a 64 años que están en actividad y que podrán saldar deuda desde el año 2012 hacia atrás.
“En su conjunto y entre todas las provincias, este proyecto beneficia a 1.650.000 personas sin desfinanciar el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), y además genera un puente hacia un derecho, que es la jubilación”, destacó Di Tullio, y aclaró que se trata de “una jubilación con plenos derechos, no un plan de segunda categoría”.
La cristinista sacó a la luz las diferencias con Martín Guzmán al confesar que el bloque no le consultó al titular de Economía sobre el costo fiscal de la moratoria. “No le pregunté al ministro, le pregunté al organismo competente, la ANSES”, confesó.
Desde Juntos por el Cambio, el radical Víctor Zimmermann cuestionó que no se haya consultado a Economía y también que el proyecto no haya pasado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. “No tenemos todas las herramientas que necesitamos para evaluar un proyecto de estas características”, lamentó.
En ese sentido, Zimmermann se preguntó si la ley “no impacta en los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se comprometieron a hacer un estudio del sistema previsional hacia adelante para ver cómo puede impactar en el déficit”.
Pero Di Tullio retrucó: “Para endeudarse en 50.000 ‘palos’ nunca le pidieron a su ministro de Economía ninguna aparición en el Congreso, pero para mejorarle la vida a 1.650.000 personas piden que el ministro venga a decir si le parece bien, cuando el costo fiscal es del 0,02% (del PBI) este año y del 0,3% el año que viene. No es una excusa para no votar este proyecto”.
El debate estuvo atravesado por el apuro del oficialismo en sancionar la ley. El radical Zimmermann aclaró que “quienes hoy tienen la edad pero no los aportes no están descubiertos, porque existe la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)”, equivalente al 80% de la jubilación mínima.
No obstante, el camporista Mariano Recalde señaló que la PUAM es “una migaja, una limosna, una jubilación de segunda, una pensión con menos derechos” porque además de ser menor al haber “le exige a las mujeres llegar a 65 años y no a los 60, es decir, es una manera de elevar la edad jubilatoria”.
Por eso, Recalde insistió en que si no se sanciona la ley antes de fines de julio, solo podrán acceder a la jubilación plena “una de cada 10 mujeres” y “tres de cada 10 hombres” en edad jubilatoria.
El economista Martín Lousteau (UCR) recordó que “hubo moratorias previsionales en 2006, en 2014 y ahora otra en 2022, y que haya reglas cambiantes para incorporar a los que no aportaron en lugar de una única regla es injusto. Las moratorias como método permanente son un parche, son sistemas previsionales que después duran para siempre”.
La camporista Anabel Fernández Sagasti rechazó esos argumentos: “Quienes piden que el proyecto vuelva a comisiones, quienes dicen que estamos poniendo parches al sistema previsional o que nos merecemos un debate profundo, siempre ponen excusas cuando no quieren acompañar algo que beneficia a la gente”.
La cordobesa Vigo, por su parte, consideró que “no es un buen proyecto porque no resuelve el tema crucial del sistema previsional actual, pero es cierto que hay un universo de 800.000 personas que están en esta situación, y es importante brindarles la posibilidad de regularizar su situación previsional”.
Según precisó Di Tullio, en Córdoba podrán jubilarse con este plan de pagos 59.536 personas; en Mendoza, 31.724; en Buenos Aires, 295.331; en la Ciudad de Buenos Aires, 100.765; y en Río Negro, 55.047, entre otros casos.
