Con cierta reticencia del propio oficialismo, el Senado convalidó por amplia mayoría (60 votos) el DNU 431/21, que modificó la ley de vacunas para destrabar contratos con los laboratorios norteamericanos Pfizer, Moderna y J&J/Janssen, con el fin de adquirir vacunas pediátricas.
Hubo un solo voto en contra, de la santacruceña María Belén Tapia (UCR), y una abstención, de la mendocina Pamela Verasay, también radical.
El DNU fue ratificado poco después de que la Argentina firmara con Estados Unidos un convenio de donación de cerca de tres millones de vacunas.
“Aunque no nos agrede del todo, vamos a acompañar este DNU porque nos va a permitir, haciendo concesiones que nos hubiera gustado no hacer, conseguir las vacunas que hacen falta para avanzar con la campaña contra el coronavirus”, admitió Mariano Recalde (Frente de Todos).
Recalde reconoció que el Poder Ejecutivo tuvo que firmar el decreto “por las presiones de un laboratorio internacional, acompañadas por dirigentes de nuestro país que presionaban conjuntamente con ese laboratorio”.
Sin embargo, aclaró que “no hay ideología en las decisiones que toma el presidente en el marco de la pandemia” ni tampoco existe “ningún prejuicio para con ningún laboratorio de ningún país”, y puso como ejemplo que el PAMI “ha pagado estos años 1.460 millones de pesos en medicamentos a Pfizer”.
El legislador también aprovechó para cargar contra Mauricio Macri: “Duele cuando el expresidente, de vacaciones en Europa sin respetar las restricciones y con un desprecio total por lo que pasa en Argentina, habla de los 100 mil muertos y dice que ‘con más humildad y menos ideología, podrían haber sido muchos menos’”.
“Macri sí tiene una ideología, que ha expresado explícitamente: la del ‘sálvese quien pueda’ y ‘que mueran los que tengan que morir’. Nosotros entendemos que no, que nadie se salva solo”, retrucó el oficialista, que en otro pasaje de su discurso advirtió que “se acercan las elecciones y algunos se ven tentados de utilizar esto políticamente”.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, justificó el acompañamiento al sostener que “la esperanza de la sociedad está puesta en la vacuna”.
“Las cuestiones formales y de fondo son muy potentes, pero que no se consideren un obstáculo de nuestro interbloque para que el Ejecutivo pueda contratar las vacunas que sean necesarias”, aseveró el radical.
Naidenoff indicó que, “de julio a la fecha, el denominador común de la negociación con Pfizer fueron nubarrones, cláusulas e imposiciones oscuras” como la eliminación de la palabra “negligencia”, que el Ejecutivo “nunca tuvo voluntad” de modificar.
En ese sentido, el senador lamentó que no se hubiera optado por una ley en lugar del DNU y criticó a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, por opinar que “el Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia”.
“No podemos convalidar este atropello al Parlamento. La herramienta era una ley, pero no van a encontrar en nosotros un obstáculo”, repitió, y sentenció: “Ahora no hay excusas: que contraten y aparezcan las vacunas”.
El oficialista Mario Pais se encargó de la defensa constitucional del decreto y afirmó que “reúne los requisitos de necesidad y urgencia”.
“Es un DNU necesario, que facilita la vacunación y la contratación de más vacunas para que Argentina sea uno de los países del continente y del mundo con mayor índice de vacunación y lograr en el menor lapso de tiempo una inmunización que permita sobrellevar esta pandemia y las nuevas cepas”, dijo.
Detalles del decreto
El DNU eliminó la causal de “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor, para que luego se definan en los futuros contratos “las condiciones en que resulta ‘conforme’ la recepción de las vacunas”.
También se exime de inmunidad a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados del Estado. En este punto, Pais descartó que se vean afectadas las regalías provinciales, como denunció la oposición. “Nunca un Estado provincial va a pagar una deuda por incumplimiento contractual”, aseguró.
Por otra parte, en los bienes protegidos (que serán los mismos que rigen para las reestructuraciones de deuda) se agregaron los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, como garantía para jubilados y pensionados.
Se crea además un Fondo de Compensación para resarcir a las personas que eventualmente sufran daños en su salud como consecuencia directa de la aplicación de vacunas. La indemnización por muerte o incapacidad física total y permanente será equivalente a 240 veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA.
Pais explicó que se trata de “un marco jurídico para resarcir en tiempo y forma, sin instancia judicial, cualquier efecto nocivo de las vacunas” contratadas por el Estado nacional o las provincias, aunque aclaró que las personas que padecen estos efectos adversos son “un número insignificante cada millón de habitantes”.
Por último, en el decreto se reemplazan los términos “maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”, que es el concepto que figura en el Código Civil y Comercial.
Cepo a los vuelos
El Senado también ratificó, por 39 votos a 23, el decreto 167/21, que extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre; y el 411/21, que prorrogó las restricciones sanitarias hasta el 9 de julio en todo el país con el cupo de 600 ingresos al país ante la preocupación por la variante Delta.
Esa medida fue la que llevó a Juntos por el Cambio al rechazo. “Es una mala decisión, muy poco inteligente, con falta de criterio y de aprendizaje a más de un año y medio de la pandemia”, advirtió Naidenoff.
Para el legislador, “independientemente de la variante Delta, el Ejecutivo instala esta idea estigmatizante de que cualquier argentino que viaja al exterior es un contagiador serial, y eso significa que no aprendimos nada”.
