La Cámara de Senadores debatirá el jueves en sesión especial el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo para fortalecer el fuero federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crear cámaras de apelaciones en las provincias, mientras desde las redes sociales se hizo una convocatoria a marchar hacia el Congreso para expresar la oposición a la iniciativa.
La sesión especial solicitada por los líderes del Frente de Todos, los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, fue convocada para las 14 mediante un Decreto Parlamentario firmado el martes por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La iniciativa original sufrió varios cambios propuestos por los senadores del Frente de Todos, ya que sus pares de Juntos por el Cambio y sus aliados del Interbloque Parlamentario Federal rechazaron de plano la iniciativa.
De hecho, algunos de sus principales dirigentes volvieron hoy a negarse enfáticamente a apoyar el proyecto.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por ejemplo, volvió a cuestionar la reforma judicial al considerar que “ya está agotada en sí misma y no se va a votar” cuando llegue a la Cámara de Diputados.
En tanto, la ex gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que “no hay negociaciones ni acuerdos posibles” entre el oficialismo y la oposición” y reiteró que la posición de Juntos por el Cambio “sobre la reforma judicial es muy sólida” ya que “están en juego valores fundamentales que defendemos”.
Antes de que se hiciera pública la convocatoria, la presidenta del Senado había publicado un texto en redes sociales en el que había afirmado que el país “todavía se debe una verdadera reforma judicial”, al advertir que el proyecto en el Senado no tiene ese fin sino que busca “implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994”.
A través de un texto titulado “¿Reforma” Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia”, Cristina Fernández de Kirchner había planteado que la iniciativa “comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera” porteña.
Fuentes de la oposición y del oficialismo aseguraron que la jornada se extenderá hasta bien entrada la noche, ya que además del proyecto de Ley de Reforma Judicial los senadores debatirán dos proyectos de resolución presentados por el Frente de Todos para cubrir lugares en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, además de la autorización para el ingreso y salida de tropas para la realización de ejercicios militares.
La sesión especial se llevará a cabo mediante videoconferencia, como ocurre desde el principio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.
Sólo Fernández de Kirchner y las autoridades de la Cámara alta (la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora; el vicepresidente Martín Lousteau; el vice primero, Maurice Closs; y la vice segunda, Laura Rodríguez Machado) estarán presentes en el recinto de sesiones.
En tanto, esta tarde se preparaba una vigilia que un grupo de manifestantes que se oponen a la reforma judicial planea llevar a cabo frente al Congreso de la Nación hasta mañana a la noche, cuando el Senado, gracias a la amplia mayoría del Frente de Todos, gire el proyecto a Diputados.
En ese sentido, desde las oficinas de la Presidencia de la Cámara alta se informó oficialmente que la vicepresidenta le reclamó al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que sea levantado el vallado que el Gobierno de la Ciudad colocó en el perímetro del Congreso.
El vallado fue levantado tras el pedido de la vicepresidenta por los encargados del operativo conjunto entre Policía Federal y la Policía de la Ciudad.
El proyecto que dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue debatido en varios plenarios de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.
La reforma propuesta por el gobierno nacional crea 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.
Además, contempla la creación de nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sufrió varios cambios, entre los que figuran el sorteo de las causas y, en ese sentido, se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.
Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.
Asimismo, se resolvió finalmente no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.
En la iniciativa del Ejecutivo modificada por el Senado, se atendió, además, el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha de muchos años por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.
De acuerdo al proyecto, la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.
