El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó este miércoles la libertad del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, por no acreditarse el riesgo de fuga. Ambos permanecían detenidos desde el 19 de noviembre en la Unidad Penal N°1 de Paraná. En el caso del exmandatario, por la condena de ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado (malversación de fondos), pero su detención no era para cumplir con esa pena, ya que no está aún firme.
La decisión fue por mayoría de los vocales Leonardo Portela, Germán Carlomagno y Miguel Ángel Giorgio, en feria estival, quienes hicieron lugar a los recursos presentados por los condenados, informó el diario local El Once.
Carlomagno y Portela coincidieron en que la sentencia que dictó la Sala de Casación Penal de Paraná debía revocarse porque el Ministerio Público Fiscal no acreditó de manera indubitable el riesgo de fuga, requisito ineludible para restringir la libertad ambulatoria de las personas para dictar una medida cautelar de este tipo cuando las sentencias condenatorias no se encuentran firmes. En disidencia, Giorgio consideró que la sentencia de la Sala de Casación Penal de Paraná reflejaba correctamente la situación y que, por ende, los recursos de los imputados debían ser rechazados.
El resultado final fue dos a uno a favor de Urribarri. Por lo tanto, el STJ ordenó revocar por “arbitraria” la resolución que había ordenado la detención del exgobernador y su cuñado.
De esta manera, Urribarri y su cuñado Aguilera abandonarán la cárcel de Paraná en la que fueron alojados el 19 de noviembre pasado en el marco de la condena que pesa sobre ambos por delitos de corrupción, con la sentencia dada a conocer en abril de 2022 por cinco hechos.
El exgobernador de Entre Ríos (2007-2015) fue condenado a ocho años de cárcel mientras ejercía el cargo de embajador argentino en Israel por decisión del entonces presidente Alberto Fernández.
Entre los hechos, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial o las contrataciones por $28,4 millones para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.
La Justicia también condenó al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión, y al exministro Pedro Báez, a seis años de prisión. Otro de los exministros del entonces gobernador K, Hugo Marsó, fue absuelto.
El exgobernador justicialista afirmó durante el juicio que fue “objeto de una construcción jurídica y mediática” y pidió su absolución.
Pautas de conducta para Urribarri
El beneficio de libertad para Urribarri y su cuñado aporta pautas de conducta proporcionales al estado del proceso y del estado de inocencia de que gozan los imputados, a saber la obligación de presentarse semanalmente en la fiscalía de su domicilio, la prohibición de salir del país, la entrega de pasaportes, la comunicación a las agencias que trabajan en pases aduaneros de la prohibición aludida y un embargo económico.
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