El Gobierno provincial rápidamente comienza a resolver la negociación paritaria con los diferentes gremios estatales de la Administración Pública de Mendoza. Quien aceptó la oferta de aumento salarial fue el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que también ha sido el primero en sentarse a debatir con el Poder Ejecutivo en la subsecretaría de Trabajo.
Fue en un plenario provincial realizado este viernes en Junín donde se aceptó, con reparos, una propuesta mejorada por el Gobierno, que consiste en un incremento salarial en tramos de un 71% al mes de octubre, con dos momentos de revisión salarial en caso que dispare la inflación más de lo previsto. El mandato de los maestros de las escuelas estatales ya había tenido una mayoría de aceptación en los plenarios departamentales de este jueves.
Desde el Gobierno evidentemente han tenido como estrategia tratar de negociar de forma rápida esta paritaria, con el objetivo de evitar en este 2023 algún problema gremial, como sí se tuvo en el comienzo del segundo semestre del 2022. De esta manera, hoy no se ve de forma visible un eventual conflicto con los sindicatos, que puedan empañar la gestión provincial en un año electoral en la provincia.
No obstante, la decisión de ofrecer una oferta “aceptable” para los gremios, se da también en un contexto en el cual el Gobierno puede presentar las cuentas “ordenadas”, con un superávit en 2022 que ha sido mayor a los $9.000 millones -con el pago de deuda incluido-, mientras que en la oposición aseguran que se trata de un superávit “a costa de la inflación”, con una coparticipación nacional en Mendoza que crece, pero que “de forma contraria, hay un ajuste en la inversión provincial en varios aspectos, como por ejemplo las obras públicas”.
El sí del SUTE
Desde el Gobierno se habían presentado dos alternativas de subas salariales. Por un lado, una que contenía un aumento del 33,5% en tramos hasta julio, con revisión ese mismo mes; y otra de un 71% de aumento, también en tramos, hasta el mes de octubre.
Luego de diversas deliberaciones, el Ejecutivo agregó sobre esta segunda oferta, que fue la aceptada por el SUTE, dos revisiones: en mayo y en junio. No obstante, sólo se darán los encuentros paritarios si la inflación perfora el incremento acumulado que haya en esos dos meses.
El aumento escalonado, de esta manera, será así: al 10% recibido entre enero y febrero, se sumarán un 10% en marzo, un 5% en abril, un 12% en mayo (mes de revisión), un 5% en junio, otro 5% en julio (mes de revisión), un 14% en agosto, un 5% en septiembre y finalmente un 5% en octubre.
Volviendo al planteo del Gobierno, si la inflación acumulada supera el 32% en mayo o el 42% en julio, se volverán a encontrar las partes en mesa paritaria. Si eso no ocurre, la próxima mesa de revisión salarial será en octubre.
Por otro lado, también se propuso un incremento y modificación del “Ítem Antiguedad” desde abril, con porcentajes de cálculo que se darán desde el primer año de docencia en adelante, con subas porcentuales que arrancarán en un 15% (año 1) hasta un 150% (en el caso de más de 30 años de docencia).
Además, se puso una “cláusula de garantía” para que cualquier docente que se incorpore mantenga como mínimo un piso salarial de $130.000, tal como se acordó desde el ministerio de Educación de la Nación.
Condicionamientos y plan de lucha
Por otro lado, en el SUTE, al margen de aceptar la propuesta, dejaron en claro que no están conformes con la totalidad de la oferta, ya que no habrá por el momento una “recomposición salarial” con las subas que no se recibieron en el año 2020, cuya inflación trepó al 36%.
“Vamos a mantener vigente la visibilización y los reclamos planteados por los departamentos”, destacaron, respecto a la mencionada “deuda” del 2020 que tiene según el SUTE el gobierno provincial con los docentes. También ponen sobre la mesa “la situación de celadores” y el pedido -que quedó sin efecto- del cambio del mes de la base de cálculo, en el cual exigen que se tome el salario del mes de junio para calcular subas en el segundo semestre y no diciembre del año anterior, como actualmente se hace.
En base a esto, votaron un plan de lucha, que contempla una movilización “los días 10 de cada mes”, una realización de plenarios provinciales de celadores; y otras acciones tales como la visibilización del problema en los departamentos, en redes sociales y también mediante una radio abierta.
Además se expresó el “repudio a todos los actos de persecución y represión del gobierno a dirigentes sindicales, politicos y sociales, y en solidaridad con los detenidos del Partido Obrero”.
