El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), inició una ronda de consultas a los candidatos a la gobernación sobre las propuestas que tienen en el rubro educativo y qué proponen para resolver cuestiones vinculadas con la situación actual que transitan los docentes mendocinos.
No obstante, si bien fueron invitados los cinco candidatos a gobernador que tiene Mendoza y que pugnarán por suceder a Rodolfo Suárez, ya hay dos que no asistirán, que son el oficialista de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo; y de La Unión Mendocina, Omar De Marchi; lo que generó críticas por parte del gremio docente.
En este sentido, en el SUTE informaron a Los Andes que Mario Vadillo, candidato del Partido Verde; y Lautaro Jiménez, candidato por el frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), sí dieron el presente en la sede del sindicato, ubicada en la calle Coronel Plaza de Ciudad. En tanto, se espera que este viernes sea el turno de Omar Parisi, del frente Elegí.
“Se ve que el oficialismo en sus dos variables ha decidido no participar”, lanzaron con sorna desde el sindicato. Recordemos que el gremio del SUTE tiene vínculos con el kirchnerismo, ya sea con Gustavo Correa, secretario gremial y líder de la CTA de los Trabajadores; así como también Carina Sedano, secretaria general del sindicato.
Lo cierto fue que, desde el entorno del senador nacional Cornejo, expresaron que su rechazo a ir al SUTE fue porque “todo lo que plantean se arregla en paritarias, y ese sindicato está totalmente politizado”.
En este sentido, Cornejo en varias oportunidades se enfrentó a la actual conducción del gremio, así como también lo hizo con la anterior conducción, que estuvo en manos del dirigente de izquierda, Sebastián Henríquez; mientras él fue gobernador.
En tanto, desde el sector del diputado nacional De Marchi, mencionaron que la inasistencia se dio “por temas de agenda” y recordaron que en agosto del año pasado, cuando aún el candidato no rompía relaciones con Cambia Mendoza, mantuvo “reuniones virtuales” con la conducción del SUTE por el tema de paritarias y conflictos con el gobierno de Suárez. También marcaron que “hace 4 meses hubo otra reunión”.
Proyectos verdes y rojos
Entre los tópicos presentados por el SUTE, se destacaron planteos respecto a una nueva ley educativa, el tema de las paritarias, inversión educativa y el estatuto del celador, entre otros.
Del lado de Vadillo, sostuvo sobre la ley de Educación que se necesita que se trate un proyecto en la provincia “con toda la comunidad educativa”.
Sobre inversión educativa, sostuvo que “cualquier gobierno tiene que cumplir primero las leyes presupuestarias, lo que hace a la honorabilidad y es la legalidad”, pero apuntó que los anteriores gobiernos, más el actual “han sido ilegales al no cumplir las partidas paritarias”.
En tanto, de las paritarias, se limitó a mencionar que “tienen que ser lo más amplias posibles” y que “se tiene que poder dialogar y discutir todos los rubros que son necesarios para que el docente y el celador tengan las mejores oportunidades para su trabajo”.
Finalmente, respecto al estatuto del celador, habló sobre la necesidad de que el mismo se cumpla “y se mejoren las condiciones que tiene el celador que hoy día está totalmente precarizado. Debe tener los mismos derechos que cualquier docente”, cerró.
En tanto, Jiménez habló sobre su intención de “construir a partir de un genuino debate en las escuelas y un congreso pedagógico verdadero, un nuevo proyecto de ley de educación”.
Sobre inversión educativa, Jiménez expresó que ahí reside su “principal propuesta” en el ámbito, que tiene que ver con “respetar y llevar al 35% la pauta del presupuesto provincial que se destina a educación pero que no se cumple”.
Con relación a las paritarias, mencionó la importancia en que ese ámbito “se recupere, se respete y se una la discusión salarial y no salarial”; mientras que, sobre el estatuto del celador, dijo que se debe “reconocer plenamente el estatuto del celador acordado en paritarias”.
El candidato del FIT también habló sobre OSEP y salud laboral, donde planteó que “se tiene que terminar ese desfinanciamiento que también está vinculado a la informalidad de nuestro salario y se deben restituir los fondos que le han quitado a los OSEP”. “También debe haber una auditoría”, finalizó.
