En el Sur provincial hay revuelo. Las dos resoluciones emitidas por el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), por las que se ceden miles de hectáreas a comunidades mapuches con personería jurídica en trámite, son analizadas por el Gobierno provincial pero también por la Municipalidad de San Rafael.
El intendente Emir Félix siguió de cerca el tema y en estos días hizo silencio. Hasta hoy. El cacique comunal publicó un hilo en Twitter sobre los argumentos con los que rechaza, de cuajo, la decisión nacional.
En diálogo con Los Andes, aseguró que “el planteo hecho genera inseguridad jurídica, pública y civil”. Y cargó contra el uso que se le da a una ley cuyo espíritu era justamente proteger a los verdaderos pueblos originarios. “Esto llama a la violencia”, arremetió el dirigente peronista, desmarcándose de una decisión del Gobierno nacional del mismo color político.
“El problema es cuando no pueden demostrarlo. Conozco casos de familias en donde algunos dicen que son originarios y otros no. Y se pelean”, describió el jefe comunal, evidenciando las avivadas que hay en algunos casos, en donde Mendoza no es ajena.
Luego de estudiar detalladamente las resoluciones 36/2023 y 42/2023 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que corresponden a las autodenominadas Comunidad LOF El Sosneado y Comunidad LOF Suyai Levfv, “concluyo que se está haciendo un uso de la ley 26.160 alejado del ánimo con que fue creada, generando inseguridad jurídica”, empezó diciendo el jefe comunal.
“Quienes se consideren habitantes originarios deben poder demostrar tal condición, algo que no ocurre en este caso, desvirtuando el espíritu de la ley. La resolución del INAI sienta un precedente que genera tensión social y abre un panorama de reclamos a lo largo y ancho del territorio por parte de quienes dicen ser originarios, sin que tal condición este fehacientemente comprobada”, agregó Félix.
Para el intendente de San Rafael, “el autorreconocimiento no puede bastar para afectar derechos de terceros. Esta medida toma por sorpresa a casi todos los mendocinos. Es muy importante resaltar que en -ambos casos- se ha resuelto en las instancias judiciales correspondientes de modo contrario a la pretensión de los ocupantes y con sentencia firme de Cámara y de Corte respectivamente”.
“Es imperativo que la justicia determine con claridad la veracidad de la pertenencia étnica de esas personas. Verificado el origen étnico invocado, deberá acreditarse que fueron ocupantes de las tierras reclamadas en forma pacífica en los términos previstos por la ley 26.160 y sus modificatorias”, indicó.
Sin embargo, expresa que si ocurre lo contrario “estaríamos frente a medidas usurpatorias que nos alejarían de lograr justicia histórica para los verdaderos habitantes originarios de Mendoza y perjudicarían claramente a otros comprovincianos”.
