El Gobierno Provincial mantuvo hoy una reunión importante con empresarios del sector de la construcción, para intentar acercar posiciones y evaluar algún tipo de solución respecto la crisis que hay hoy en este ámbito, principalmente por faltante de materiales, subas desmedidas de precios e incertidumbre a futuro.
Desde las cámaras no sólo hicieron referencia al problema macroeconómico, sino que también solicitaron al Ejecutivo no sólo achicar los plazos de la cadena de pagos, sino también mantener más actualizados los valores de los materiales e insumos, para no ocasionar un desfasaje importante entre lo que paga el constructor y lo que recibe luego, con la correspondiente redeterminación. Además solicitaron que se tenga en cuenta la posibilidad de evitar multas y sanciones por demoras en los plazos de obra.
Para los referentes del rubro, la incertidumbre por la suba del dólar, más la ausencia de precios de materiales e insumos, así como también el faltante de los mismos, es parte de una “tormenta perfecta” que termina de concretarse con demoras por parte de la gestión provincial en los plazos de pago y en la actualización de los mismos.
En tanto, desde la gestión del gobernador Rodolfo Suárez se manifestaron comprensivos de la situación, pidieron que se mantenga el ritmo de trabajo y quedaron en seguir en reuniones y ver cómo acortar plazos de pagos con precios actualizados, para evitar el impacto inflacionario. No obstante, también hicieron referencia a la importancia y posibilidad de mantener los valores de los presupuestos oficiales y que seguirán “cuidando las arcas del Estado”.
La reunión se realizó minutos después de las 10 en el ministerio de Infraestructura, con gran participación del Gobierno. Por un lado, estuvo el ministro de Infraestructura, Mario Isgró; el de Hacienda, Víctor Fayad; el titular de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), Facundo Biffi (representando también al ministerio de Economía); y la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Marta Ontanilla; entre otros.
En tanto, por parte de las cámaras de la construcción, asistieron referentes de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), como su vicepresidente, Gerardo Fernández; así como también de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Mendoza (Camarco), con el presidente José Candeloro como representante.
Achicar brechas de pago
En diálogo con Candeloro, el empresario calificó la reunión de “positiva” y sostuvo que sirvió para intentar resolver los serios problemas que tiene el sector.
“Tenemos plazos de pago muy largos, teniendo en cuenta la inflación y los problemas con los materiales”, comentó. El principal problema es que sostienen que el pago de la certificación es “muy largo” -con un promedio de 60 días a partir de la presentación de la factura- y además que las planillas de redeterminación de valores están saliendo “por lo menos a 45 días del mes de ejecución”, lo que afecta a los valores con los uqe las empresas compran y cobran luego, con un impacto inflacionario que es perjudicial.
En este sentido, pidió que las obras “se paguen a 30 días del mes de ejecución y no a los 60 días de la presentación de la factura; mientras que también consideramos que los índices de precios de la provincia a través de la DEIE podría salir a los 15 días del mes de ejecución y no a 45. Entre que sale la planilla y se hace la redeterminación, pasan entre 120 y 150 días del día de ejecución. Con esta inflación es imposible ejecutar obras, el costo financiero es muy alto”, comentó.
En tanto, desde la Cecim, Fernández valoró también la predisposición del Gobierno de tratar de resolver una situación que “en parte escapa de sus manos, por los temas macroeconómicos”.
El empresario comentó a este medio que la descripción general fue “la situación de la falta de materiales y también de precios”, lo que termina complejizando la situación ya mencionada.
Fernández puso en foco el contacto con el titular de la DEIE, sobre el cual indicó que se podrá acelerar la emisión de listados de relevamientos de precios. “Por dilaciones terminan saliendo más tarde de lo normal, pero hubo predisposición para acercar plazos”, indicó.
No obstante, también hizo referencia a la posibilidad que el Ejecutivo revise las curvas de las ampliaciones de plazos. Fernández expresó que “el 100% de las empresas está retrasada en los plazos de entrega de obras”, al no contar con materiales clave o insumos.
“Al no poder cumplir con los plazos, pedimos que haya contemplación y que no se apliquen multas o sanciones”, comentó, y dejó en claro que las obras “no están paralizadas, sino ralentizadas porque no contamos con los materiales. La macroeconomía nos excede a todos, incluso al Poder Ejecutivo”, acotó.
Evitar el freno de la construcción
Los Andes también se comunicó con el ministro Isgró, quien dijo que los ejes por los que se basó la reunión (falta de materiales y precio incierto, índices de variaciones de precios de la DEIE, brecha de los pagos de certificados y sanciones por retrasos) “fueron puntos en los que todas las partes coincidimos en trabajar juntos”.
Sobre los precios de los materiales, marcó que es una situación que en parte escapa “a todos”, al sostener que no es que el Gobierno se demore en todos los procesos, sino que “no es normal ni debemos naturalizar que los insumos no tengan precios, o que veamos cómo aumentan semana a semana. Ahí no tenemos injerencia”, se defendió.
Sin embargo, consideró que en los índices de variaciones de precios, y la posibilidad de adelantar el pago de los certificados, “son temas que se pueden analizar”. “Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para ofrecer reglas claras para todos. Queremos reducir tiempos adminsitrativos y que el dinero no pierda valor, tanto para nosotros como para las empresas”, agregó.
Isgró dijo -al igual que el resto de los presentes- que la reunión fue productiva y agregó que si bien no hay otra fecha de reunión, seguirán manteniendo el contacto con los referentes de las cámaras y empresas que trabajen en obras públicas.
Al margen de la diplomacia, desde el Poder Ejecutivo también dejaron en claro que deben como gobierno “cuidar las arcas del Estado”, y que seguirán bregando por evitar “cualquier tipo de especulación que pueda llegar a existir”.
“No se trata de que alguno tenga que ceder, sino encarar este problema en conjunto para evitar que se pasen precios altos por las dudas; ni que nosotros tengamos que revisar de más por las dudas”, finalizaron.
