Terminó 2020. A nivel político, uno de los hechos que marcó el año fue la relación tensa entre los gobiernos nacional y provincial. El dato que confirma las versiones es cómo repartió la asistencia financiera a las provincias; allí se evidencia que Mendoza fue largamente perjudicada.
El dato se ha venido ventilando mes a mes. Con el año terminado es el momento del balance final: ni siquiera hubo una transferencia de último momento que alterara la tendencia. Mendoza fue la provincia que menos plata por habitante recibió durante todo 2020: el Estado provincial recibió 3.881 pesos por cada mendocino. La que más recibió fue La Rioja: $32.060 por cada riojano.
El dato promedio es indicador de la discriminación: por habitante la Nación distribuyó a las provincias $8.671; ese promedio está muy lejos de lo que recibió efectivamente Mendoza. En total, Mendoza recibió de la Nación 93.568 millones de pesos; de ese monto 85.844 millones de pesos corresponde a transferencias reguladas, como coparticipación y leyes especiales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) o el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi).
Los 7.724 millones restantes corresponden a las transferencias no automáticas o discrecionales, que divididos por 1,99 millones de habitantes de la provincia da 3.881 pesos. En este número es dónde se discriminó a Mendoza: volviendo a comparar con La Rioja, esa provincia recibió en este concepto 12.617 millones de pesos, es decir que cada mendocino recibió aproximadamente 40% menos que los riojanos. En concepto de coparticipación y leyes especiales esa provincia recibió 42.161 millones de pesos.
Para el desconocedor de las cuentas públicas, es necesario explicar que hay un monto de dinero que se distribuye por criterios acordados entre las provincias en la década del ’80. Esa plata es lo que se conoce como coparticipación; además también están las leyes que otorgan fondos especiales a las provincias (como Fonid y Fonavi). Esas partidas se denominan “transferencias automáticas”. Esas transferencias están reguladas por norma y no pueden alterarse por decisión unilateral del Gobierno federal.
A nuestra provincia le corresponde alrededor del 4% de la masa coparticipable, que se conforma con la recaudación de impuestos nacionales, el principal aporte a esa masa lo hacen IVA y ganancias.
Con la llegada del coronavirus a la Argentina a principios de marzo del año pasado y la posterior cuarentena, esa masa empezó a achicarse, justamente por el parate de las actividades económicas, porque se cayeron las transacciones comerciales que incluyen el IVA (sólo las actividades esenciales estaban funcionando) y también los profesionales y técnicos autónomos que pagan ganancias tampoco tenían operaciones que reportar para pagar ese impuesto.
Con la cuarentena también cayó la recaudación de impuestos provinciales. El viernes Los Andes publicó que los ingresos en esta categoría cayeron 14% real (incluyendo el impacto inflacionario en la moneda), con un pico de -27% en el mes de mayo, cuando todas las actividades estaban cerradas.
En ese contexto, la asistencia financiera nacional por fuera de la coparticipación resultaba clave para el sostenimiento de los pagos de los estados provinciales. Es que el Gobierno federal tiene la chance de emitir moneda; de hecho lo hizo porque también se cayó la recaudación impositiva: durante todo 2020 lleva emitidos 1,67 billones de pesos para afrontar sus gastos,
Con la emisión también se financió las transferencias no automáticas o discrecionales; en diversos sectores se las llama así porque Nación no está sujeta a ninguna ley o pacto fiscal para definir su distribución. En este ítem discrecional es dónde Mendoza perdió por goleada durante 2020, según el cálculo de la consultora Equilibrium, en función del reparto de la asistencia, en particular los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Según marca el Decreto 352/2020, los fondos programa nacional se distribuyen en un 40 por ciento en base al índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas y de cuentapropistas (Indec) y de las personas contagiadas por Covid-19 cada 100 mil habitantes que publica el Ministerio de Salud; mientras que el otro 60% será establecido por el Ministerio “para financiar los requerimientos de aquellas Provincias que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas”. Esa oración final le permitía darle mucho más a las provincias más ineficientes del país a la hora de gestionar sus cuentas.
Uno de los ejemplos preferidos del Gobierno mendocino para demostrar la discriminación fue Tucumán, que recibió de Nación en concepto de asistencia financiera el equivalente a 8.731 pesos por cada tucumano. En total la provincia gobernada por Juan Manzur recibió 14.796 millones de pesos discrecionales que se dividen entre 1,69 millones de habitantes. En concepto de coparticipación y leyes especiales recibió 98.156 millones de pesos.
En el ranking San Luis está un poco por encima de Mendoza: por habitante la vecina provincia recibió 4.102 pesos, monto que la deja penúltima (Nación le transfirió 2.085 millones de pesos). La otra vecina, San Juan, recibió por habitante 8.880 pesos y quedó en el puesto 11 (en total recibió 6.937 millones de pesos discrecionales) y quedó por debajo de Provincia de Buenos Aires (10° en el ránking) con 10.051 pesos por habitante (las transferencias sumaron 176.310 millones de pesos).
La segunda más beneficiada en el reparto discrecional fue Tierra del Fuego con 17.923 pesos por habitante, la tercera Santa Cruz 17.365 pesos por habitante y la cuarta la vecina La Pampa con transferencias por 13.513 pesos por habitante.
Volvamos al dato promedio por habitante: Nación transfirió a las provincias $8.671 por cada argentino. En Casa de Gobierno sostienen que si nuestra provincia hubiese recibido ese monto promedio, el año pasado hubieran ingresado a las arcas del Estado 9.500 millones de pesos adicionales. La suma de todos los salarios estatales de un mes ronda los 7.000 millones pesos.
