Con la participación de 43 invitados, entre los que predominaron los colegios de martilleros y de corredores inmobiliarios, comenzó en la Cámara de Diputados el debate sobre la nueva ley de alquileres, mientras los bloques buscan consensos para arribar a un dictamen unificado antes de fin de mes.
La discusión arrancó en la Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos). Los diputados buscaron darle a una impronta federal a la primera de las tres reuniones informativas, con representantes de todo el país que expusieron por videoconferencia.
La decisión de escuchar en primer lugar a los actores provinciales no fue casual: entre los legisladores hay un consenso extendido de que la nueva ley deberá actuar como un marco general para que las regulaciones se apliquen de acuerdo con las distintas realidades locales.
“Hay que darle más poder de decisión a las provincias, no solo en la regulación sino también en el control. Y la única forma de que funcionen los controles es descentralizar”, expresó Moreau en la previa de la reunión, que se desarrolló en el Anexo C.
Los invitados coincidieron en que derogar la ley no servirá para resolver el problema, y en cambio reclamaron modificar los dos puntos más conflictivos: volver al plazo de dos años para el contrato de alquiler, y aplicar un ajuste trimestral o semestral en lugar de anual, debido a la alta inflación.
“Los sindicatos están pidiendo paritarias trimestrales. Si anclamos cualquier ítem o monto a un año, condenamos a quien recibe ese importe a perder poder adquisitivo paulatinamente a partir del segundo mes, con lo cual lo estamos perjudicando. En ninguna ley debemos perjudicar a ninguna de las partes”, advirtió José Ellena, de la Cámara Inmobiliaria de Rosario.
Desde el Colegio Profesional Inmobiliario de Córdoba, Alejandro Hadrowe afirmó que “la ley generó un desequilibrio entre la oferta y la demanda que genera una escasez de inmuebles en alquiler y una elevada oferta de inmuebles a la venta”, y en ese sentido precisó que a mayo de 2021 “se retiraron de la oferta de alquiler un 20,3% de inmuebles residenciales”.
Federico Miguel, del Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de Córdoba, propuso “la vuelta a la libre contratación” porque “ha quedado demostrado que lo planteado por esta ley sobre cómo regular los precios no ha funcionado, no ha protegido ni al inquilino ni al propietario, porque viene arrastrado por la inflación”.
Por el contrario, la presidenta de Cooperativa Inquilinos de Córdoba (CoopinCo), Franca D’ Amico, consideró que “el precio no puede estar sujeto al antojo del mercado inmobiliario” sino que “tiene que estar regulado por el Estado”, y sugirió que el contrato siga siendo anual, pero que solo quede sujeto a la variación salarial y no a la inflación.
“Antes de la sanción de esta ley, el mercado inmobiliario aplicaba índices semestrales y acumulativos y todos desconocemos qué métodos utilizaban para adivinar cuál iba a ser la inflación de acá a dos años”, planteó D’ Amico, y agregó que la ley actual “es fruto de la lucha de años de la comunidad inquilina”.
Por su parte, Roberto Irrera, de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, consideró que “modificar dos o tres artículos no resuelve el problema; el problema mayor que tenemos que solucionar es la inflación, porque hoy hay un desfasaje entre los salarios y la inflación”. Y pidió una ley donde “todos salgan beneficiados”.
Por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, su presidente, Estanislao Puelles Milan, acusó a los inquilinos de haber cometido un “error de diagnóstico” y de haber incidido en “la gesta de esta ley que ha sido perjudicial para todos”.
“Parece mentira que sigan festejando esta ley de alquileres. Lo muestran como una victoria política e ideológica más que de sentido común. Nosotros vemos cómo los inquilinos sufren cada vez que tienen que renovar el contrato. Hoy estamos con una actualización de prácticamente el 55% anual, y lo muestran como un logro”, se quejó.
La ronda de consultas continuará la semana que viene, los días 19 y 20, y finalmente entre el 26 y 27 tendrá lugar el debate entre los diputados sobre los más de 30 proyectos presentados por el oficialismo y la oposición para derogar o corregir la ley actual.
“La ley no es mala, pero hay cosas que modificar. Hoy alquilar es un problema, y hay que tomar nota de eso. El tema de la vivienda es una deuda pendiente en Argentina, y estamos dando un primer paso”, destacó Moreau, que observó que ni en el Frente de Todos ni en Juntos por el Cambio hay “una sola posición” sobre el tema.
Desde Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo agregó: “Estamos receptando los diferentes puntos de vista y cómo la ley generó consecuencias negativas tanto a propietarios como a inquilinos. El objetivo es trabajar en los consensos para alcanzar un dictamen único y tener una ley que aporte soluciones”.
