El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, negó este lunes que el Gobierno nacional promueva una intervención estatal en las empresas a través del proyecto de ley para crear comités laborales mixtos de seguridad e higiene, y destacó que la iniciativa apunta a “evitar los daños en el lugar de trabajo”.
El funcionario defendió el proyecto ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside Vanesa Siley (Frente de Todos). La comisión se reunió presencialmente y acordó realizar nuevas reuniones informativas con participación de empresarios y trabajadores.
El texto del Poder Ejecutivo crea comités mixtos de seguridad, salud, medioambiente y prevención de riesgos en el trabajo, con participación igualitaria de empleadores y empleados (dos por cada parte) en establecimientos públicos y privados de 100 o más trabajadores. Hoy solo las provincias de Buenos Aires y Santa Fe tienen este sistema.
En su breve exposición, Moroni aclaró que la iniciativa “no avanza sobre ninguna competencia de los empleadores” ni tampoco “faculta ninguna intervención estatal”. “Generar un ambiente sano de trabajo no requiere solo de las normas específicas de prevención, sino un mecanismo dentro de la empresa”, explicó.
El funcionario -que se retiró de la reunión rápidamente pero se comprometió a responder preguntas por escrito- resaltó que durante la pandemia “se mantuvieron las paritarias con un nivel de conflictividad bajísimo” y se logró “un muy bajo nivel de contagio de Covid” en los lugares de trabajo.
“Casi todos los protocolos que se fijaron fueron consensuados entre empleadores, empleados y en algunos casos también el Estado”, celebró Moroni, y agregó que “necesitamos avanzar en el concepto de evitar los daños en el lugar de trabajo, y eso requiere un ambiente sano”.
También aseguró que “se va a requerir un esfuerzo de sindicatos, empresarios y el Estado” porque “la sola sanción de la ley no asegura su cumplimiento”. Los establecimientos con 100 trabajadores o más tendrán 60 días para crear los comités desde la promulgación de la norma.
Perspectiva de género
De la reunión también participó la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien destacó la incorporación de la perspectiva de género en tres artículos (el 2, 4 y 5) ya que “las mujeres siguen subrepresentadas en los órganos y procesos de toma de decisión dentro del mundo laboral, incluso en aquellos ámbitos donde son mayoría”.
Según el texto, los comités estarán conformados, como mínimo, por dos representantes de los trabajadores y dos de la parte empleadora. Los representantes de los trabajadores serán delegados elegidos por el sindicato con paridad de género.
Además, se hace énfasis en la prevención de riesgos laborales vinculados al hostigamiento, la discriminación, el acoso y la violencia por motivos de género, en línea con el Convenio 190 de la OIT, ratificado en Argentina el año pasado.
Este aspecto fue criticado por la UIA, que sostuvo en una nota enviada a la comisión que “incluir esta facultad en el ámbito de competencia de los comités mixtos en esta etapa puede resultar contraproducente y convertir a los comités en focos de conflictividad laboral, dada la falta de claridad normativa sobre el asunto”.
La postura de la UIA
En una nota firmada por Juan José Etala y Walter Andreozzi, de las áreas de Política Social y Legislación y Relaciones Parlamentarias de la UIA, la entidad formuló una serie de objeciones al proyecto oficial. Por ejemplo, advirtió que “no se ofrecen respuestas” para los casos donde los trabajadores no están sindicalizados.
También señaló que en las empresas de menos de 100 trabajadores, los delegados tendrán “facultades excesivamente amplias” para intervenir en la prevención de riesgos. Otra crítica es que, en los establecimientos con más de 500 empleados, los comités tendrán el doble de miembros.
Pero fundamentalmente, la UIA apuntó a las facultades que tendrán los comités: además de la cuestión de género, cuestionaron que se habilite a los miembros a conocer los daños producidos en la salud o en la integridad psicofísica de los trabajadores, ya que “esto podría entrar en conflicto con las leyes de datos personales e incluso con el secreto profesional”.
Con escasa participación de la oposición -solo la radical Dolores Martínez hizo preguntas específicas a la ministra-, el debate estuvo protagonizado por diputados del Frente de Todos de extracción sindical.
Siley, titular de la comisión y representante de los trabajadores judiciales, indicó que en los lugares donde funcionan los comités bipartitos “se ha demostrado que redujeron la siniestralidad laboral en innumerables empresas, se redujo la prima que muchas empresas pagan de ART y con ello, los costos laborales”.
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, sostuvo que la ley “nos va a permitir mejorar enormemente las condiciones de salud en los lugares de trabajo”, y afirmó que “no hay dolor o anomalía más grande que la muerte de un compañero en el lugar de trabajo”.
En ese sentido, Walter Correa (obreros curtidores) sugirió que la ley sea un homenaje a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, docentes que murieron en la explosión de la Escuela Nro. 49 de Moreno en 2018. “Tal vez si estos comités hubiesen estado articulados, se hubiese evitado”, dijo. Finalmente, la santafesina Patricia Mounier, de SADOP (docentes privados) propuso que los trabajadores sean capacitados en materia de seguridad e higiene.
