Las luces de los últimos despachos habitados del Congreso se apagaron el jueves a la madrugada. Todavía resonaban los ecos de las cacerolas que retumbaron en la plaza y varios puntos de la Capital y el país. “Están en modo ‘vamos por todo’”, lamentaba un diputado peronista que intentaba digerir el anuncio de Javier Milei en cadena nacional.
La firma del “mega DNU” con el que el presidente se propuso liberar la economía fue la señal que la principal oposición necesitaba para refrendar la imagen del 10 de diciembre: Milei encara su gobierno de espaldas al Congreso y de cara a sus votantes, sin intermediarios. Su principal capital, que parece estar intacto, es el 56% de los votos que lo depositaron en el sillón de Rivadavia.
Desde ese lugar, el presidente se vio “empoderado” (en palabras del ministro del Interior, Guillermo Francos) para firmar, a tan solo diez días de haber asumido, uno de los DNU más ambiciosos desde que se creó ese instrumento en la reforma constitucional de 1994, como herramienta para legislar de manera excepcional en casos de necesidad y urgencia.
El desprecio de Milei hacia el Congreso se vio reflejado incluso en sus propias palabras: “Quedarán en evidencia frente a los argentinos quiénes están en contra del progreso y quiénes son la casta. Esto es ‘win win’ para todos, salvo para la casta, entonces levantar la mano ahí (en el Congreso) va a ser lindo porque vas a estar dejando los dedos sucios”.
Así fue que, a pesar de las críticas, el presidente decidió seguir adelante con el DNU, e incluso subió la apuesta con la decisión de enviar al Parlamento una “ley ómnibus” para ser discutida en sesiones extraordinarias, en lugar de dividirla en diferentes proyectos. Dos determinaciones que obstaculizan el diálogo con la oposición, cuyos votos necesita.
El extinto Juntos por el Cambio reaccionó con matices. Martín Lousteau, titular de la UCR, pidió transformar el DNU en una “ley espejo”, pero el Gobierno no aceptó. Horas después, el bloque de diputados radicales, influido por gobernadores, ofreció alternativas como la fragmentación en distintos proyectos y decretos para poder acompañar reformas con las que están de acuerdo “en un 90%”.
El PRO, en tanto, quedó sumergido en su propia interna. Mientras que el expresidente Mauricio Macri apoyó rotundamente las medidas, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta consideró que “Argentina necesita reformas, pero no por decreto”. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tuvo un pronunciamiento ambiguo y el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, se llamó a silencio, aunque en su entorno dejaron trascender un respaldo contundente a pesar de las formas.
En la Coalición Cívica y Cambio Federal sí creen que Milei no debió eludir el Congreso. Nicolás Massot, uno de los integrantes del bloque conducido por Miguel Pichetto, garantizó: “Tienen un Congreso predispuesto a acompañar las iniciativas de un gobierno que recién inicia y que está esperando a ser convocado a trabajar en extraordinarias”.
En el “cordobesismo” liderado por el gobernador Martín Llaryora no dejaron trascender su posición, pero sí lo hicieron algunos de sus aliados parlamentarios: el Partido Socialista, representado por los diputados Mónica Fein y Esteban Paulón, y el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, que digita al diputado Agustín Domingo, exigieron al presidente que retrotraiga el DNU y envíe proyectos de ley.
En Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, dos espacios con los que Milei probablemente no cuente nunca a la hora de los votos, hay críticas tanto de forma como de fondo. “Quedó demostrado que la movilización (del miércoles) nunca fue más oportuna. La presión social se tiene que mantener en las calles”, sostuvo Nicolás Del Caño, del PTS.
El bloque peronista, a cargo de Germán Martínez, envió emisarios a hablar con los distintos sectores afectados por el DNU, como la salud e inquilinos. Además, hubo satisfacción por la sintonía alcanzada con la CGT en la reunión convocada de urgencia el día después de la cadena nacional.
Por fuera del Congreso, sorprendió que los abogados constitucionalistas más consultados coincidieran, sin distinción alguna, en que el DNU viola la Carta Magna. En ese sentido se expresaron desde Andrés Gil Domínguez y Eduardo Barcesat hasta Daniel Sabsay y Félix Lonigro.
Nada de eso hizo mella en Milei. “Lo vamos a lograr, confío en el plan absolutamente”, se entusiasmó el presidente en un brindis de fin de año con periodistas acreditados en Casa Rosada.
