Juntos por el Cambio le pidió a Alberto Fernández que retirara el proyecto. En todo el país, el feriado del lunes 17 se realizaron marchas en contra. Lo criticaron juristas, propios y ajenos. Entre ayer y hoy, frente al Congreso, se realizaba el “acampe por la República”, también en rechazo. Y la propia Cristina Kirchner lo ninguneó, al señalar que “el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que se va a debatir este jueves”.
A pesar de todo, hoy a las 14, el Senado, con la mayoría imbatible del Frente de Todos (41 sobre 72 senadores), le dará media sanción a la iniciativa, impulsada por el Presidente y cuyo diseño se atribuye al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, como encargada de un cabildeo que pareció inservible.
La vicepresidenta —más interesada, dicen quienes la conocen, en aumentar la cantidad de integrantes de la Corte y meter cambios en instancias superiores del Poder Judicial que en modificar el esquema de los jueces de instrucción, en que está enfocada la propuesta gubernamental— no solamente no defendió la iniciativa sino que le quitó importancia.
Con todo, para este jueves se proyectaba un 42 —del Frente de Todos y aliados— a 29 —de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, que preside el salteño Juan Carlos Romero—, resultado que se condice únicamente con la fortaleza numérica del oficialismo.
Pero la ley, que crea una nueva Justicia Federal Penal, la de Comodoro Py, cuadruplicando su cantidad de juzgados de primera instancia (serán 46: los 12 actuales, mas los 11 en lo Penal Económico y otros 23 nuevos), podría quedar en la nada, porque en Diputados, a diferencia del Senado, el Frente de Todos no tiene los votos y no parece que los vaya a conseguir, a juzgar por los rechazos ya anticipados de la mayoría de los opositores.
Una prueba de ello es que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, salió rápidamente a abrir el paraguas, esta misma semana, al señalar que el proyecto tendrá un debate profundo, con la opinión de una mayor cantidad de juristas y representantes de sectores del mundo judicial, y que no será tan veloz como en la Cámara Alta.
En Diputados el Frente de Todos tiene 118 integrantes (sin contar a José Ignacio de Mendiguren, de licencia). Es decir que le faltan 11 diputados sentados (ahora, conectados, porque son sesiones virtuales) para poder iniciar una sesión. La misma cantidad le faltarían para aprobar la ley, en caso de que todos los miembros de la Cámara estuvieran presentes.
El oficialismo suele construir mayoría con el apoyo de los ocho diputados del espacio que lidera el mendocino José Luis Ramón, el de la neuquina Alma Sapag (MPN) y los de algunos integrantes del interbloque Federal, que integran el lavagnismo, el peronismo no kirchnerista, el Frente Progresista de Santa Fe y el bloque Córdoba Federal, que responde a Juan Schiaretti.
Los cuatro peronistas cordobeses ya hicieron saber no solamente que no votarán la iniciativa gubernamental, inclusive a pesar de los cambios que el oficialismo le introdujo en el Senado, sino que además no contribuirán al quórum de la sesión en que eventualmente se discuta este proyecto.
En ese contexto, con las consignas “#AcampePorLaRepublica” y “#NoALaReformaJudicialK”, manifestantes fueron a protestar a las puertas del Congreso en contra de la iniciativa gubernamental, que en verdad forma parte de un paquete de reforma judicial, cuya elaboración en verdad está encomendada a un comité de juristas, entre los que se cuenta el abogado de CFK, Carlos Beraldi.
