A comienzos de mes, la Suprema Corte de Justicia dilató la resolución del tema de la quita de celulares de las cárceles a los presos, y fijó una nueva audiencia para el 7 de octubre. si bien la decisión se tomó tras escuchar planteos a favor y en contra, el ministro de la Corte, José Valerio, aseguró que se trata de un tema “delicado y difícil”.
En diálogo con Radio Mitre, el supremo, que es uno de los que debe resolver este tema (junto a sus pares Dalmiro Garay y Teresa Day) expresó que el tema no se ha resuelto aún debido a que “no es solo delicado, sino que también es difícil”.
“Los argumentos a favor y en contra son muy fuertes. Creo que hay que balancear y tomar una decisión en función de esos argumentos y de la ley, qué es lo que es más conveniente, cómo se maneja, qué es lo que está ocurriendo”, expresó Valerio, quien evitó dar su opinión respecto al tema, debido a que es uno de los que debe resolver este conflicto.
Respecto a la consulta de si se delinque o no a través de las cárceles -por ejemplo, con estafas- señaló que no se han presentado hasta la fecha pruebas de que ello haya ocurrido y quiénes han cometido dichos delitos. “La presunción de que se cometen delitos, existe en la sociedad, pero cuando se pide la cantidad de causas o casos donde se han cometido esos delitos, no aparecen”, aclaró Valerio.
Por otro lado, señaló que los magistrados no tienen que resolver en base a una “sensación” de inseguridad o de desprotección frente a este tema, sino que hay que resolver “en base a las pruebas”.
Expresó que quienes deben presentar estas “pruebas” de los delitos “es el servicio penitenciario y el Ministerio Público, que es el que investiga, entonces tienen que brindar la información”.
Valerio señaló también que la defensa plantea que la situación dentro de las cárceles “es mucho más controlable a través de la tenencia y el uso de celulares” y puso un ejemplo que dan desde la Defensa: “Un interno que a las 20 está fuera de sí y llama por teléfono a la madre, al hijo, se tranquiliza porque habla por teléfono”, dijo como un planteo de quienes pretenden que sigan los presos con celulares.
Además, agregó que otro de los planteos de la defensa es que, con los celulares habría “mejores posibilidades de hablar y proteger los derechos porque los llaman inmediatamente y los atienden” los abogados.
“Existen argumentos a favor y en contra, entonces la decisión tiene que ser seria. Además hay que ver cómo se instrumenta, si se puede instrumentar para todos o no se puede instrumentar”, marcó.
“Algunos plantean, por ejemplo Sarmiento, no quitar celulares a mujeres y sí quitárselos a los varones. Pero otros dicen que se trataría de una discriminación”, agregó.
Y marcó: “Después viene el que plantea de acuerdo al grado de peligrosidad respecto a las personas. Es decir, aquellas personas que tienen determinados tipo de delitos no permitirles los celulares” y sí para aquellos con delitos menores.
En tanto, para volver a la situación pre-pandemia, que es cuando no todos los presos accedían a los celulares, comentó Valerio que es prácticamente “lo que plantea (el juez Sebastián) Sarmiento. Pero para eso tendrán que existir cosas que no existen, como los teléfonos públicos”.
“Hay de todo, creer que todo es uniforme es un grave error respecto a la problemática, por eso es muy difícil la situación (...) Hay que balancear muy bien la problemática y focalizar, por eso es importante focalizar en la comisión de hechos delictivos donde está, cómo es, quiénes son y entonces poder determinar”, señaló.
Dilatado
Recordemos que en estos meses, el Ministerio Público Fiscal insistió en la quita de los dispositivos móviles; mientras que defensores encabezados por el doctor Gabriel Galeota solicitaron que se extienda la autorización de los celulares hasta diciembre de 2025.
El 9 de septiembre, se llevó adelante la audiencia de apelación, dónde la sala compuesta por los jueces Day, Valerio y Garay, escuchó a las partes que se oponen al mecanismo que dictó el juez Sarmiento el pasado 10 de enero.
Lo cierto es que Sarmiento resolvió ponerle fin a la tenencia de teléfonos celulares para los internos que gozaban del beneficio desde el año 2020 por la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia, y lo hizo con un mecanismo gradual de seis meses, que incluía la instalación de teléfonos públicos en los pabellones, entre varios requerimientos.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Guzzo, se opuso a estos condicionamientos y pidió que la quita de celulares se lleve adelante en un plazo no superior a un mes, desde la vigencia de la resolución.
Mientras que los defensores encabezados por el doctor Gabriel Galeota solicitaron que se extienda la autorización de los celulares hasta diciembre de 2025, basándose en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei que prorrogó la emergencia sanitaria.
Entre los puntos que destacaron como “positivos” ante los jueces, mencionaron que a través del uso del celular se redujo la “agresividad” en los complejos penitenciarios por la comunicación directa con familiares; que también se mejoró el acceso a la educación, sobre todo universitaria; y que fortaleció su derecho a defensa ante cualquier eventualidad por el contacto directo con los abogados.
También propusieron la instalación de una red de Wi Fi particular para controlar las comunicaciones de los internos, donde aseguran se podrían bloquear las llamadas sospechosas y evitar las estafas. “No se podrían incorporar chips truchos, salvo los que realmente existen, a través de una inteligencia artificial colocada”, dijo la defensora Isabel Pérez Palacio.
El fiscal Guzzo expuso por su parte que resulta “anacrónico e infundado” hablar de emergencia sanitaria en 2024 y que la Justicia debe “dejar de pecar de ingenuidad” en ese sentido.
“En todo lo que es comunicación, el MPF jamás ha estado en contra de que se mantenga porque es lo que dice justamente la ley. Pero no en la forma en la que hoy se está llevando a cabo, donde una persona privada de la libertad tiene a su disposición el teléfono las 24 horas del día, en las mismas condiciones que las tiene una persona que está en situación de libertad”, sostuvo.
“Fuera de todas estas buenas intenciones que presentan los señores defensores no hay ninguna razón jurídica que autorice que podamos mantener esta irregularidad que existe hoy de que cada persona privada de la libertad pueda tener un teléfono celular para ser no solo lo que debe garantizar el Estado, sino lo que quiera, inclusive seguir cometiendo delitos”, apuntó.
Finalmente, el Tribunal determinó solicitar un informe al Servicio Penitenciario sobre los planteos de las partes y pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 7 de octubre para resolver si aprueba la resolución de Sarmiento tal como está, el mecanismo que impulsa el MPF o sí autoriza la extensión de la tenencia, como solicitó el MPD.
