En el marco de la marcha en conmemoración de un nuevo aniversario del estallido social del 2001, el Gobierno nacional informó que -hasta momentos previos de que se lleve a cabo la manifestación- se recibieron 10.450 denuncias en la línea 134. El sistema fue habilitado para reportar “a intermediarios” que amenacen con quitar planes sociales a beneficiarios que no asistan a las protestas, informó la agencia Noticias Argentinas.
“Hasta el momento se recibieron 10.450 denuncias en la línea 134. Detrás de cada una de ellas hay personas que fueron extorsionadas para asistir a la marcha de hoy”, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.
En esa línea, el portavoz de la presidencia, manifestó: “Vergüenza debería darles a los intermediarios utilizar para su propio beneficio a los más necesitados”.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial había puesto a disposición de beneficiarios de planes sociales la línea telefónica 134 para que puedan “denunciar a intermediarios” de organizaciones que los amenacen o intenten ejercer coerción sobre ellos a cambio de que concurran a marchas.
La línea apunta a que un equipo técnico recoja denuncias contra dirigentes, punteros políticos o quienes intimiden a los beneficiarios con la quita del plan en caso de no contabilizar su asistencia en protestas callejeras.
La actualización del número de denuncias que dio a conocer el vocero presidencial se dio en el marco de la marcha que está llevando adelante Unidad Piquetera (UP) a Plaza de Mayo contra las medidas de ajuste del Gobierno del presidente, Javier Milei, y en rechazo del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich: “Hemos estado recibiendo mensajes todo el tiempo”
Esta mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló en diálogo con TN que a primera hora del día, la línea telefónica se había saturado al recibir más de 5.000 denuncias de amenazas de dirigentes sociales y piqueteros.
“Nosotros hemos recibido ya más de 5.000 mil denuncias en el 134, y no recibimos más porque el sistema no tiene mas capacidad. Tiene capacidad para 300 llamados por hora. Hemos estado recibiendo mensajes todo el tiempo que decían ‘si no voy a la marcha, al piquete, me cortan el plan Potenciar Trabajo’”, precisó.
Al respecto de las amenazas recibidas por los intermediarios sobre la quita de beneficios sociales, la funcionaria explicó que eso no iba a suceder. “Es exactamente al revés: si se quedan trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, el plan Potenciar Trabajo lo van a tener. Si cortan la calle, y acepta que tiene un señor jefe que le dice que vaya a la manifestación, lo va a perder el plan, si toca la calle. Esto es sin vuelta atrás, es muy importante que la gente lo sepa”, expresó.
“Hay muchísimas denuncias de las que tenemos que tienen identificados al líder o al piquetero barrial que los obliga a ir, y además, un sistema de organización paralela al Estado. Tenemos denuncias de que les cobran $7.000 de multa al que no va a la marcha”, continuó.
“Es un Estado paralelo, un Estado que le cobra una parte de ese dinero por no cumplir con la obligación que la misma organización les da. Tenemos muchísimos nombres que, una vez terminado el día de hoy, vamos a judicializar estas denuncias. Y es de todo el país. Hemos tenido del Chaco, de Santa Fe. Son nombres que se repiten en algunos casos a nivel nacional y en otros casos, en el barrio”, concretó.
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