Tribunales Federales de Mendoza arrancará finalmente hoy con una reforma importantísima en el sistema penal: la implementación plena del sistema acusatorio con el nuevo Código Procesal Penal.
La reforma, que también impactará en la Justicia federal de San Luis y San Juan, presenta un cambio estructural y revolucionario en materia penal, ya que el sistema acusatorio, que da mayor poder a las fiscalías en la investigación, dejará de lado el sistema mixto (inquisitivo), en la cual son los jueces los que tienen roles preponderantes en la primera etapa, también investigativa.
Lo cierto es que durante los primeros años convivirán ambas modalidades, hasta que finalicen todos los juicios penales que hoy por hoy están en proceso, como por ejemplo, el que tiene al exjuez federal con competencia electoral, Walter Bento.
Lo cierto es que, desde esta semana, todo inicio de una investigación penal será a cargo de los fiscales; mientras que los jueces intervendrán para controlar por un lado las garantías del proceso, y juzgarán en una segunda etapa.
Por otro lado, todo se dará en el marco de audiencias orales y públicas, lo que también significará el fin de los expedientes papel.
Si bien la reforma en el Código Procesal Penal se debería haber implementado hace ya algunos años, todo el proceso se ralentizó por parte de inacción del ministerio de Justicia de la Nación. No obstante, desde Tribunales Federales aseguran aún así que la decisión de la implementación para esta fecha fue “inconsulta” por parte de la cartera nacional, y que aún hay muchas inquietudes y problemas que no se han resuelto, sobre todo porque hay falta de personal, recursos e instalaciones, principalmente de las fiscalías.
Este lunes, en tanto, se realizará un acto de apertura del proceso de implementación del Código Procesal Penal, que contará con la participación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que estará acompañado de su comitiva, en el Centro de Congresos y Exposiciones, a las 17.30. Se espera la posibilidad que, además de los principales dirigentes de Tribunales Federales, también se pueda contar con la presencia del gobernador, Alfredo Cornejo.
El acto más la conferencia de prensa, se dará luego de una reunión del “Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal”.
Sobre los recursos, inversiones y establecimientos destinados para cada sector en el mundo judicial, todavía hay inquietudes tanto de quienes se desempeñan en Tribunales, como también por parte del gremio, sin responder.
Sin edificio
Tal como se informó hace un mes en este diario, las condiciones “no están completamente dadas” para implementar estas reformas, principalmente en términos de infraestructura, ya que necesitan un nuevo establecimiento para la instación del Ministerio Público Fiscal (MPF), así como también recursos para establecer más reformas para acondicionar las salas de audiencias.
La crítica por parte de la implementación rápida y con varios puntos sin resolver de parte del ministerio de Justicia, también llegó desde el sindicato de Judiciales Federales. El secretario general en la región Cuyo, Gabriel Chirino, sostuvo a Los Andes que está “casi todo igual que hace un mes” y que “muy poco se ha avanzado”.
“El Poder Judicial sí está un poco mejor, pero el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa igual que antes, en tratativas de contrataciones de alquiler o compra de edificio, pero nada en concreto al día de la fecha”, expresó.
En este sentido, aseguró que en Rosario están atravesando “la misma situación con muchas complicaciones, y posiblemente esto ocurrirá en Mendoza”.
De esta forma, el lunes pasado presentaron tres notas, una al Ministerio Público Fiscal, otra al Ministerio Público de la Defensa, y la última al Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, solicitando una “prórroga para llegar mejor a la implementación”. No obstante, agregó que no han tenido respuesta y que “la decisión política está tomada”.
Recordemos que Chirino había sostenido que los empleados en el sector de las fiscalías, son “un tercio de la cantidad de empleados de los juzgados. Van a estar completamente sobrecargados”, denunciaron.
En los escritos, expresaron que hay una “inexistencia de condiciones mínimas consideradas fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo exige”, y nombraron problemas como “la adecuación de la infraestructura edilicia, tanto del Poder Judicial de la Nación - oficina judicial y salas de audiencias- como del Ministerio Público Fiscal -las unidades fiscales-; la readecuación integral de los espacios de trabajo a fin de garantizar su efectiva realización; la situación de colapso que atraviesan los laboratorios forenses; como así también la necesidad inminente de nuevos cargos para la enorme cantidad de tareas que la implementación exige”.
“Solicitamos a las autoridades pertinentes que adoptaren las medidas urgentes que garantizaren la correcta implementación del nuevo sistema procesal, así como también el respeto a la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos, con el fin de evitar consecuencias nocivas en la gestión de los casos de la jurisdicción y lograr así una eficaz implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento adversarial. Sin embargo, al día de la fecha ninguna de las medidas requeridas fueron dispuestas”, agregaron.
También acotaron que “en la Ciudad de San Rafael, el Ministerio Público Fiscal aún no cuenta con edificio propio con las adecuaciones correspondientes para llevar a cabo las tareas que le implicará el modelo acusatorio; o el caso de Mendoza, donde la Unidad Fiscal denominada de “transición”, deberá hacerse cargo aproximadamente de 15.000 expedientes penales, que deberán repartirse entre 10 empleados/as de planta con los que cuenta al día de la fecha, más la creación de tres (3) cargos nuevos que se incorporaran a la oficina receptora.
Sobre el Ministerio Público de la Defensa dijeron que ocurriría “lo mismo”, ya que “en Mendoza interviene aproximadamente en 10.000 de aquellas causas, a los que denominan ‘remanentes’, y las personas encargadas son aún menos, con la problemática de que además deben hacerse cargo de los expedientes de ‘ejecución penal’ con un planta de 10 empleadas/os contando a la Defensora, y los 5 secretarios designados como coadyuvantes a los que no se les reconoce económicamente esa mayor dedicación y responsabilidad”.
Agregaron que “en San Juan han sido designados por resolución 6 trabajadoras/es a la unidad de remanentes y ejecución penal, con 200 detenidos al día de la fecha”. En tanto, en la defensoría de San Rafael, sostuvieorn que se cuenta “con un personal de 5 trabajadores/as contando al Defensor y a la Secretaria, siendo esta delegación multifueros, con la complejidad que implica”; y que “la misma situación se refleja en la Delegación de Villa Mercedes donde son 3 empleadas en total”.
Reformas
En el sistema procesal acusatorio los fiscales llevarán adelante la investigación y los jueces serán, en una primera parte, los que tendrán la obligación de controlar las garantías del proceso; y en la segunda etapa de juzgar. No obstante, también admitieron desde Tribunales que esto significará “que se sobrecargará la estructura de los fiscales”.
Según el sitio oficial del Gobierno Nacional, en la actualidad los jueces “dirigen las investigaciones y también toman decisiones. Con el sistema acusatorio cambia esta forma de llevar a cabo el proceso y recae en los fiscales la tarea de investigar”.
En Tribunales, con el paso del sistema mixto (inquisitivo y acusatorio) al acusatorio, se crearán, con la misma cantidad de jueces que hay, 3 colegios o “pools” de jueces: de Garantías (hoy con juzgados federales), de Revisión (hoy jueces de Cámara) y de Juicio y Ejecución (hoy jueces orales).
Actualmente hay 5 fiscales titulares; pero adelantaron que “se crearán cargos de fiscales auxiliares que colaborarán”, y agregaron que “ya lo están ejerciendo”.
En tanto, en el tema jueces, hoy hay 5 jueces de Garantías: 1 en Mendoza -está vacante el de Walter Bento-, 1 en San Rafael, 1 en San Juan, 1 en San Luis y 1 en Villa Mercedes; más 3 de Revisión (deben designar otros 3); y 12 de Juicio y Ejecución.
Al no preverse por ahora la creación de más cargos de jueces, la Cámara de Casación Penal resolvió el 12 de junio pasado que, teniendo en cuenta “el escaso número de jueces en etapa de garantías ante la competencia de instancia de juicio” dispuso que “el Colegio de Jueces de Garantías del distrito Mendoza, se componga también con magistrados de los Tribunales Federales de Juicio del distrito que hayan, previamente, manifestado su disposición para actuar como jueces penales con funciones de garantías”.
Por otro lado, de parte de la Corte Suprema se dispuso la creación de 16 nuevos cargos dentro de tribunales para la creación de la Oficina Judicial, que es la que llevará adelante la parte administrativa, con la coordinación de todas las causas en toda la jurisdicción de Cuyo, ya sea en cada una de las salas, los horarios y los trabajos de los colegios de jueces.
De los 16 cargos, 12 se desempeñarán en la sede de Mendoza, 1 en San Rafael, 1 en San Luis, 1 en Villa Mercedes y el restante en San Juan.
