El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) arranca febrero con dos frentes abiertos. Por un lado encara la negociación de aumentos salariales para docentes y celadores, después del primer rechazo.
Las reuniones se iban a retomar hoy, pero el Poder Ejecutivo decidió postergarlas para mañana. Ya se dieron a conocer las alternativas entre las que deberán optar los gremios estatales. Una contempla 15% de aumento para febrero y marzo, además de una suma fija de $90.000. La otra opción es el 16% para febrero y marzo, sin suma fija.
El otro frente tiene a Carina Sedano en la primera fila. La titular del gremio y la cúpula evaluarán las propuestas mientras siguen de cerca su tutela sindical. Los jueces Alfredo Milutin, María del Carmen Nenciolini y Elcira de la Roza admitieron una demanda interpuesta por la DGE, a raíz de hechos sucedidos en el 2022.
El cese de la garantía gremial que decidió la justicia sobre Sedano implica que la Dirección General de Escuelas (DGE) puede proceder sobre la baja de las horas cátedra adultos como docente suplente en cargo vacante Establecimiento Educativo n°3-235/6 “Hijas de Guanacache - El Chical”, en Lavalle.
Sin embargo, todo quedará como hasta ahora porque el gremio tiene tiempo de apelar hasta el 27 de febrero, según confirmaron a este medio, y hará uso de esa vía. Los Andes intentó comunicarse con Carina Sedano pero no obtuvo respuesta.
La DGE esperará que haya sentencia firme, es decir que el máximo tribunal se expida, aunque están conformes con el fallo porque en la demanda pidieron la exclusión de tutela sindical, y la justicia lo concedió.
Los hechos, un sumario y los fueros
La Dirección General de Escuelas interpuso una demanda contra algunos delegados gremiales del Sute por hechos sucedidos en el 2022, puntualmente el 25 de noviembre. Según la demanda, la titular del gremio docente ingresó en forma violenta, a la fuerza, al edificio de UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza).
Hay acusaciones de rotura de la puerta de madera de ingreso al establecimiento y haber ejercido violencia física contra otras personas en medio de ese ingreso. Amenazas, abuso verbal e intimidación, contra personal de la UCIM y la DGE junto con violencia laboral durante la manifestación, forman parte de los argumentos para pedir la tutela sindical de Sedano.
El motivo del Gobierno escolar que conduce Tadeo García Zalazar es aplicar sanción disciplinaria por el comportamiento de la dirigente del Sute quien cumple funciones como docente suplente de Aula Múltiple en el Establecimiento Educativo n° 3-235/6 Hijas de Guanacache y como Directora Titular en la Escuela n° 1-730 Maestra Aurelia Giner de Cangas.
Ya se abrió un sumario en contra de Carina Sedano por las funciones en el cargo titular pero los cargos suplentes no son alcanzados por este tipo de accione administrativas. La gremialista no puede ser sumariada en ese cargo al carecer de estabilidad y no está sometida al régimen disciplinario.
Todos estos elementos fueron considerados por el Tribunal de la Primera Cámara del Trabajo a la hora de dictar sentencia. Incluso, ya había dos integrantes del gremio juzgados por los mismos hechos. En ambos casos caratulados como “DGE c/ Geredus, Darío Enrique p/ Exclusión de Tutela Sindical” y “DGE c/Leiva Urquiza Cristina Martza, p/ exclusión de tutela”, tanto la Quinta Cámara Laboral como la Séptima, habían aceptado la demanda de la DGE y retiró la tutela sindical.
“La violencia no forma parte de la protesta sindical legítima, el límite de todo reclamo siempre se encuentra en el derecho del resto de las personas. En un estado democrático no puede discutirse la posibilidad de reunirse, alzar la voz y luchar por los derechos de un colectivo. Sin embargo, dicha protesta se criminaliza a sí misma cuando sobre pasa los límites de los derechos de terceros o se ejercen agresiones contra los bienes y la integridad física como en el caso”, argumenta el juez Alfredo Milutin en el fallo firmado a fines de diciembre del año pasado.
En ese sentido, el magistrado indicó que “ningún reclamo, por justo que sea, admite la utilización de la violencia como medio de amedrentar y obtener una respuesta”. Por ese motivo considera que “el Poder Judicial no puede avalar so pretexto de la protección gremial conductas de este tipo (...). Reitero, todo el mundo tiene derecho a alzar la voz contra aquello contrario a sus reclamos, intereses, derechos o principios, pero no puede infringir la ley, ni violentar derechos ajenos”.
Y si bien no dictamina sobre el delito penal en sí, entiende que sobre la titular del Sute recae cierta responsabilidad porque “su investidura como secretaria general, el hecho de haber estado presente y haber justamente incitado el ingreso al edificio y luego no hacer reparo alguno, la hacen responsable –desde el punto de vista laboral- de estos actos de violencia. Todos evitables, sino fuese la intimidación y la agresión la manera de actuar, y se buscase la protesta pacífica y respetuosa, única admisible y tolerable en un estado republicano”.
Así, María del Carmen Nenciolini y Elcira de la Roza, las dos magistradas que completan el Tribunal, decidieron avalar la demanda de la DGE y por ende, quitarle los fueros a la Secretaria General del Sute. Pero no quedará firme hasta tanto se conozca la sentencia de la Corte.
