La Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete oficializó hoy la cobertura de más de 400 cargos de planta permanente que estaban vacantes en distintos organismos del Estado nacional, después de que comenzara a regir desde la semana última la prohibición de contratar a nuevo personal estatal.
Así lo dispuso el Poder Ejecutivo nacional a través de distintas resoluciones que fueron publicadas en el Boletín Oficial.
La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, Ana Castellani, explicó a la agencia Télam que se trata de “concursos de cargos que están en el marco del plan de regularización del empleo público; son cargos que están ocupados por el personal hace 10 años o más bajo la modalidad de contratación transitoria, y que se están concursando internamente en los organismos”.
Estos cargos “no implican un crecimiento de la dotación que ya existe en esos organismos sino un cambio en la modalidad de contratación, tal cual exige la ley de Empleo Público, y están contemplados como excepción en el inciso G del artículo 2 del decreto 426/2022″, sostuvo Castellani, en referencia a la medida oficializada por el Gobierno nacional la semana pasada y que establece la prohibición de designación de nuevo personal en el sector público.
Mediante la resolución 144, la Secretaría de Gestión y Empleo Público dispuso iniciar el proceso para cubrir “264 cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente” de la Agencia Nacional de Discapacidad.
También, a través de la resolución 145, se estableció la cobertura de “51 cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente” del Ministerio de Seguridad.
Asimismo, la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo de Vilma Ibarra, dispuso mediante la resolución 48 iniciar el “proceso de selección de personal para la cobertura de 91 cargos vacantes y financiados de la planta permanente” de ese organismo.
El Gobierno había oficializado el viernes último, a través del decreto 426/2022, que las entidades y jurisdicciones del sector público “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, aunque con una serie de excepciones focalizadas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, como también profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras.
Al enumerar qué tipo de contrataciones quedaban congeladas, el decreto mencionó “las designaciones a término en planta transitoria” según el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional; “las contrataciones previstas en el artículo 9° de la ley 25.164″ (contrataciones por tiempo determinado para prestar servicios de carácter transitorio o estacional); así como también “las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y trabajo eventual”.
Otras modalidades de empleo que quedaron restringidas son “las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos” para las que están facultados el jefe de Gabinete, ministros, secretarios de Estado y titulares de entidades descentralizadas y fondos nacionales; al igual que “las designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente” y “las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia”, incluso bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.
En ese decreto, que fue el 426/2022 y llevó las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Economía, Silvina Batakis, el Poder Ejecutivo había previsto la continuidad del Plan de Regularización del Empleo Público acordado con los gremios del sector en la paritaria de 2020, por resultar “indispensable para el efectivo desenvolvimiento de la Administración Pública”.
