La Justicia mendocina dispuso que quienes violaron la cuarentena en la pandemia del coronavirus y no tengan antecedentes, podrán donar dos cajas de leche -como mínimo-, a cambio del cierre de su causa.
La decisión la tomó el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, en una resolución firmada el lunes, en base a las 6.340 causas que permanecen abiertas hoy en la Justicia por este tema. No se conocieron datos muy precisos, pero el Procurador señaló que una “grandísima mayoría” de estos infractores podrá acogerse a la solución, que tiene como finalidad evitar que las causas se caigan por prescripción.
La medida está firmada por el Jefe de los Fiscales de Mendoza bajo la resolución 233. Allí se indica que “a fines de lograr la extinción de la acción penal”, los imputados “deberán ofrecer en carácter de reparación simbólica, como mínimo, dos cajas o tarros de leche en polvo de ochocientos gramos (800 gramos) cada una, cuyo vencimiento no será anterior: al 31 de Diciembre de 2022″.
El destino de las cajas de leche serán las escuelas y hospitales de Mendoza, y reiteró que los que lleguen a esa solución del conflicto “serán sobreseídos y no les quedarán antecedentes”.
La medida se torna polémica, porque muchos mendocinos cumplieron estrictamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y quienes violaron la cuarentena van zafar de un castigo con dos cajas de leche.
Desde el Poder Judicial remarcaron que el cierre de la causa por violar ese artículo, a cambio de las dos cajas de leche, será “solamente” para quienes no tienen antecedentes y para los que no hayan tenido sentencia o solución de dicha causa.
Gullé adelantó, por otro lado, que en las causas que ya tuvieron algún tipo de resolución, en “todos los casos” se trataron de personas reincidentes o reiterantes. “En estos casos no es aplicable esta solución”, comentó.
En contraparte, para quienes sí tengan antecedentes, o cometieron la violación de ese artículo y otro delito al mismo tiempo, seguirá la causa tal cual estaba previsto antes de esta resolución firmada por Gullé.
De igual manera, agregó que si hubiese algún caso de juicio abreviado con alguna persona sin antecedentes que haya violado la cuarentena, podrá un juez actuar de oficio y promover la jurisprudencia más benigna.
Por otro lado, adelantó también que aquellos que no aporten las cajas de leche en lo que será la resolución del conflicto, “irán a juicio”.
Respecto a qué fue lo que desembocó en la decisión tomada para terminar con las causas a cambio de las cajas de leche, comentó que “no influyó lo que ocurrió con el Presidente (Alberto Fernández)”, quien resolvió su causa de violación de la cuarentena con un pago de $3 millones -1,6 millones por él y 1,4 millones por su pareja, Fabiola Yáñez- por la causa del festejo de cumpleaños en Olivos. Entre paréntesis, otra medida que desató la indignación social, porque el propio Presidente violó la cuarentena establecida por él para festejar el cumpleaños de Yañez.
El peligro de la prescripción
El jefe de los fiscales señaló a Radio Mitre Mendoza que estas causas “corrían el riesgo de extinguirse por el paso del tiempo”, por lo que decidieron tomar esta decisión para “reparar” la infracción de la normativa vigente con una finalización de la causa que, según la opinión de Gullé, “va tener aceptación por parte de la sociedad”.
Recordemos que el artículo 205 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
El interés de Gullé en resolver rápidamente estas causas, es porque la prescripción de las mismas, salvo que haya agravantes, es a los dos años porque esa es la pena máxima que se establece en el artículo 205 del Código Penal. Es decir que las causas iniciadas hace dos años y que no hayan tenido resolución hasta la fecha, van a empezar a prescribir.
Según informó Los Andes en su edición del 16 de mayo, en la Justicia provincial se abrieron 7.400 causas por violación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatoria (ASPO) con 6.700 imputados.
Hasta ahora, hay 1.060 causas resueltas, con 410 condenados, 300 suspensiones de juicio a prueba o soluciones de conflicto y 340 absoluciones.
Cómo seguirá la resolución de las causas
En los considerandos de la norma, se establece la necesidad de resolver las causas iniciadas por la violación de la cuarentena, a más de dos años de la “situación de emergencia” a nivel nacional. “Es necesario tener en cuenta que a la fecha, la situación se ha modificado, y aunque la presencia del virus COVID-19 ha disminuido en su injerencia social”, se estableció.
De esta manera, agregaron que en este sentido, “la situación actual y la razonable proyección futura plantea la necesidad de proceder conforme a una conciliación positiva de los intereses colectivos e individuales en las causas iniciadas mediante soluciones procesales alternativas idóneas, tanto para descomprimir los recursos del Ministerio Público Fiscal, y así concentrarlos en la persecución penal de hechos de mayor gravedad, como para evitar la sanción penal de aquéllas personas imputadas única y exclusivamente por el mentado delito”.
En la resolución se instruye a los fiscales de la Unidad Fiscal Correccional a que realicen un “exhaustivo relevamiento de la totalidad de las causas en trámite que tengan por imputados a personas, única y exclusivamente por la figura prevista en el artículo 205 del Código Penal”, para solicitar la “reprogramación de la Audiencia de Acusación a los fines de que se celebre en forma colectiva”.
Una vez que se realicen todos los relevamientos por parte de los fiscales, se llevarán a cabo “a razón por la terminación del último número de DNI” de los imputados, y en horarios matutinos y vespertinos, “audiencias de solución de conflicto” en las cuales se notificará a los imputados sobre el hecho o delito que se les atribuye y se les planteará la posibilidad de llegar a una solución de dicho conflicto.
Gullé también exhortó al ministro de la Suprema Corte que esté a cargo del Fuero Penal Colegiado, a que “fije un cronograma de audiencias a los fines señalados durante la Feria Judicial de julio del corriente año, a fin de no alterar las fechas de audiencias ya fijadas, disponiendo la pertinente habilitación de días y horas, a fin de realizar las audiencias en el Salón de Actos del Polo Judicial Penal”.
“Vamos a pedir a la Sala Penal de la Corte que habilite la feria judicial para las audiencias grupales, así no interrumpimos la agenda de las causas que tienen fecha de debate”, completó el Procurador.
