En tres años de gestión del Frente de Todos, la oposición enterró todas las reformas judiciales impulsadas por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Son cuatro proyectos de ley que el kirchnerismo aprobó en el Senado y que en la Cámara de Diputados durmieron el sueño de los justos por el rechazo de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.
Las modificaciones en la Corte Suprema, en el Consejo de la Magistratura, en el Ministerio Público y en la Justicia Federal Penal quedaron a medio camino en el Congreso a pesar de los esfuerzos de la vicepresidenta y sus senadores, en el marco de un enfrentamiento que ya derivó en un conflicto de poderes.
En el Senado, el oficialismo logró construir una mayoría con tres aliados prácticamente incondicionales: la misionera Magdalena Solari Quintana, la riojana Clara Vega y el rionegrino Alberto Weretilneck. Pero en Diputados la negociación es a una escala mayor, porque el Frente de Todos necesita doce votos extra para aprobar cualquier ley.
Juntos por el Cambio rechazó (incluso antes de conocerlos) todos los proyectos judiciales empujados por Cristina, aunque la clave del fracaso fue la resistencia que también mostró el Interbloque Federal, que incluye entre otros a los representantes del gobernador cordobés, Juan Schiaretti.
A eso se suma que el Frente de Todos tampoco pudo aprobar la designación del juez Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, ni avanzó con la cobertura de la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte, cargo para el que ni siquiera hay un postulante del Poder Ejecutivo.
Los proyectos frustrados
La primera reforma judicial impulsada por Cristina, y anunciada por el presidente Alberto Fernández en su primera Asamblea Legislativa en 2020, apuntaba (entre otras cosas) a licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py, unificándolo con los fueros Criminal y Correccional Federal, y Penal Económico, para crear un nuevo fuero Penal Federal.
En plena pandemia y en una sesión remota, el Senado aprobó el proyecto con 40 votos a favor y 26 en contra. El debate terminó con escándalo porque, a último momento, el kirchnerismo incorporó la creación de numerosos tribunales en el interior del país. En la Cámara baja, el proyecto no llegó siquiera a debatirse en comisiones.
En el Senado tampoco avanzó la designación de Rafecas como jefe de los fiscales, cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal desde que renunció Alejandra Gils Carbó. Juntos por el Cambio rechazó la candidatura de Rafecas y así bloqueó los dos tercios de los votos necesarios para avalar el pliego.
En este escenario, Cristina jugó su carta y promovió una reforma integral del Ministerio Público Fiscal, que limitaba a cinco años el mandato del procurador (actualmente es vitalicio) y flexibilizaba la cantidad de votos para su elección, por mayoría absoluta (la mitad más uno de los presentes) en lugar de dos tercios.
Juntos por el Cambio entonces dio marcha atrás y se mostró dispuesto a aceptar a Rafecas a cambio de que el kirchnerismo retirara el proyecto de ley. En el medio, el juez anunció que no aceptaría el cargo si se modificaba la mayoría para su designación. Pero el oficialismo siguió adelante y logró la media sanción. En Diputados, lo máximo que consiguió el Frente de Todos fue dictamen de mayoría en comisiones.
Por otra parte, tampoco prosperó en la Cámara baja la reforma del Consejo de la Magistratura, que el Senado aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra después de que la Corte, en un polémico fallo que sigue generando discordia hasta hoy, declarara inconstitucional la composición anterior.
Como en Diputados no hubo consenso y venció el plazo de 120 días dispuesto por el máximo tribunal para sancionar una nueva ley, el Consejo volvió a la integración de 20 miembros, con la presidencia en manos del titular de la Corte, Horacio Rosatti.
En el máximo tribunal, sigue vacante el lugar que dejó Highton en octubre de 2021. El presidente nunca propuso a un reemplazante y el kirchnerismo optó por un movimiento más audaz: promover la ampliación de la Corte a 25 miembros, con el fin de diluir el poder de los cortesanos actuales y federalizar el tribunal.
El proyecto fue alentado por gobernadores, pero el kirchnerismo finalmente tuvo que reducir el número de cortesanos a 15 para sellar el apoyo de aliados. La iniciativa fue aprobada con 36 votos a favor y 33 en contra. En Diputados nunca se llegó a tratar.
Por último, el Senado tiene pendiente de aprobación un proyecto que permite apartar a jueces que no apliquen perspectiva de género en sus fallos. El oficialismo tendría los votos para aprobarlo y girarlo a Diputados, donde podría correr la misma suerte que el resto de las iniciativas.
