Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola retomaron esta mañana un encendido alegato acusatorio en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 implicados en la “causa Vialidad” por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz: rechazaron que exista hoy una persecución contra la Vicepresidenta e insistieron en que buscó beneficiar al empresario Lázaro Báez.
El juicio oral y público, que se reanudó a las 8.30, se realiza de manera semipresencial desde agosto de 2020 y está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que integran los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Se trata de la octava de las nueve audiencias solicitadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya anunciaron que culminarán su exposición con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se encuentra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la causa se debate si las empresas de Báez resultaron beneficiadas con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas de manera irregular.
Durante su exposición de hoy, el fiscal Luciani citó al papa Francisco: “El corrupto persigue a quien lo contradiga”. Mientras que Mola afirmó: “El lawfare no existe”.
La fiscalía, además, sumó más mensajes del plan “limpiar todo”, basado en las conversaciones del exsecretario de Obras Públicas, José López, con la entonces jefa de Estado Cristina Kirchner y el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, sobre cómo se debían cerrar las empresas.
“Hemos dejado al descubierto la intervención de Cristina Fernández, Julio De Vido y Abel Fatala, entre otros, para beneficiar a Lázaro Báez y sus empresas”, fue una de las primeras declaraciones del fiscal Luciani mientras mostraba en pantalla los chats.
“Después de ver estos mensajes, sobran las palabras. Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado mediante licitaciones”, manifestó Luciani en el primer tramo de esta octava audiencia de alegatos.
Según lo investigado, antes de la asunción en diciembre de 2015 de Mauricio Macri como presidente de la Nación, la administración de Cristina Kirchner le pagó 537 millones de pesos a las empresas de Báez y ordenó que se abandonen las obras, las compañías y se despida a los empresas. Para el fiscal los mensajes muestran la “corrupción continuada y el beneficio inadmisible” para Báez.
Los mensajes revelados por el fiscal Luciani
“El mensaje debería ser, esto es 15 de enero, limpiar todo. Ok”, le dijo López a Mendoza el 28 de noviembre de 2015. “No dejar sensación nunca más de retomar las obras”, agrega López. Y Mendoza le contesta: “El lunes o martes limpiamos a todos. No queda nadie”.
Luego el exsecretario de Obras Públicas le dijo a Mendoza que había que pensar la comunicación: “Comunicación hacia adentro, a la comunidad y a la empresa. Y establece un relato para los tres actores”.
“Tal fue así, que cuando culminó el mandato de la presidenta Cristina Fernández, la empresa desapareció. Sí, señores jueces, desapareció. Se esfumó. Y esto fue así porque solo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, lanzó Luciani.
“El Grupo Austral nació y vivió durante los tres mandatos presidenciales”, definió Luciani. El fiscal sostuvo que las empresas de Báez terminaron la gestión sin plata en la caja y con deudas con el fisco, a pesar de los cobros millonarios que tuvo. “Se transformó en una empresa fantasma después de diciembre de 2015″, señaló, según lo publicado por Infobae.
Cómo avanza el alegato contra Cristina
La fiscalía aseguró en las audiencias anteriores que en esas adjudicaciones del gobierno kirchnerista hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos. La expectativa del TOF si se llega con los plazos por la dinámica que tienen los juicios orales, es que antes de fin de año de a conocer su veredicto en el caso.
Las defensas, que esperan su turno para alegar, plantearán que las obras fueron realizadas y que si alguna no se terminó fue por abandono atribuido al gobierno de Juntos por el Cambio.
Por el juicio pasaron todos los exjefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas, entre ellos el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, quienes descartaron que se hubiera direccionado la obra pública en favor de algún empresario en particular y detallaron cómo es el proceso de elaboración de los presupuestos nacionales y de la asignación de obra pública.
En una de las últimas audiencias, el fiscal Luciani respondió a la recusación de Cristina Kirchner y habló de un “planteo temerario”, además de una “campaña para debilitarlo psicológicamente”.
“Es la primera vez que me recusan en mi carrera. Este planteo es de mala fe y absolutamente temerario”, aseguró el viernes pasado. “Me achacan ser el brazo ejecutor de no se qué por jugar al futbol”, añadió.
“Hay una campaña para debilitarme psicológicamente”, sostuvo Luciani. “Soy un fiscal de la Nación que actúa con libertad e independencia. Quiero ser claro: respeto y horno la función que cumplo. Lo hago con respeto y con dignidad, porque tengo un mandato público”, agregó. “Sepan que sigo firme en mis convicciones”, cerró.
