La Cámara de Senadores le dio sanción definitiva al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para desarrollar el Parque Industrial y de Servicios Pata Mora, en el departamento de Malargüe. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y pasa al Ejecutivo para su promulgación. Se busca potenciar una zona clave para la industria petrolera y minera.
Por este instrumento, se autoriza al Poder Ejecutivo “a crear el “Parque Industrial y de Servicios Pata Mora”, ya realizar todas las gestiones que tiendan a su concreción, con el objeto de desarrollar las actividades industriales en el sur de la Provincia de Mendoza“.
Con ello se habilita también a transferir los bienes expropiados por Ley Nº 9.136 y modificatorias – donde se asentará el Parque Industrial – al Fideicomiso para el Desarrollo de Malargüe y del Polo Logístico y de Servicios Pata Mora suscrito con Mendoza Fiduciaria SA.
Según explica la norma, el fideicomiso podrá administrar el parque como así también realizar las obras de infraestructura necesarias para su desarrollo y la posterior venta, ubicación, cesiones o permisos de parcelas, tanto a sujetos privados como públicos, priorizando empresas locales, que contraten mano de obra mendocina. También “podrá, en caso de ser necesario y previa instrucción del Fiduciante, instrumentar quitas y condonaciones razonables y motivadas”.
Asimismo, se autoriza al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Energía que la autoridad de aplicación, a realizar aportes al Fideicomiso que será posible el desarrollo del Proyecto.
Esos aportes alcanzarán la suma de 600 millones de pesos, y la cartera ministerial mencionada, deberá asignar las partidas en la medida que financiera y presumiblemente se lo permita para cumplir con el aporte. Y si resultase necesario incrementar el monto contemplado “deberá preverse en las leyes de presupuesto que correspondan”, manifiesta el articulado aprobado. Cabe señalar que el gobierno provincial ya ha inyectado hasta el momento $400 millones.
Un punto que se resaltó al momento de analizar el proyecto, y que se menciona en la fundamentación de la iniciativa, es la importancia que este Parque tendrá para el sur mendocino, y la cercanía geográfica que tiene con Potasio Río Colorado. “Para la implementación del Parque Industrial y de Servicios Pata Mora resulta de suma importancia la participación de la empresa Potasio Río Colorado SA, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que posee dos inmuebles de 80.000 hectáreas a menos de 30 kilómetros de la zona expropiada por la Ley 9136″, señala el texto.
Coincidencia entre oficialismo y oposición
La senadora de Cambia Mendoza, Ángela Floridia, dio detalles de la propuesta en tratamiento. “Se apunta a priorizar la mano de obra mendocina. En caso de aprobación será el Ministerio de Economía la autoridad de aplicación de la iniciativa”, destacó.
Asimismo, la senadora malargüina Jésica Laferte (UCR) destacó: “Es una alegría y un anhelo, este proyecto va a beneficiar miles de familias mendocinas. Los sectores beneficiados van a ser los petroleros y mineros. Es necesario no perder más tiempo, hay que ponerse a trabajar ya en este Parque. Con este proyecto estamos despertando al gigante dormido”.
Por otro lado, Rolando Baldasso (La Unión Mendocina) enfatizó que es un “día histórico” para la Provincia. Y el senador sanrafaelino Mauricio Sat remarcó que “el Peronismo siempre va a acompañar iniciativas que tengan que ver con el compromiso social”.
En tanto, la legisladora radical Mercedes Rus comentó sobre el masterplan de Pata Mora que “hay un apartado de más de 50 páginas en donde se explica cómo se van a reacondicionar las rutas en cuestión. Es un anhelo no solamente de Malargüe sino también de Mendoza entero por los beneficios que traerá”.
Los pasos pendientes
Emilio Guiñazú, el gerente general de la empresa PRC, celebró la aprobación y dijo a Los Andes que “es muy satisfactorio, porque vamos cumpliendo los pasos para la concreción del proyecto del cual venimos trabajando desde hace 4 años. Hemos sido muy sistemáticos y muy ordenados, sabiendo que es trascendente y muy importante para la provincia”.
“Es un proyecto que va a requerir financiamiento para infraestructura, con lo cual hemos hecho cada paso bien fundamentado para que llegado el momento podamos acceder a esos fondos que vamos a necesitar como construir una ruta nueva prácticamente, que va de una vez por todas a conectar el extremo sur con el resto de la provincia”, comentó sobre los pasos a seguir.
“A eso se le agrega que gran parte de la riqueza de la provincia de Mendoza se produce en esa región, todo el derrame económico positivo que debería tener ese trabajo se termina yendo a provincias vecinas, porque nosotros no tenemos la infraestructura necesaria para poder contener a las empresas y los trabajadores para prestarles los servicios”, aseguró Guiñazú.
Y enfatizó: “Esto lo detectamos desde hace varios años cuando empezamos a trabajar en todo el desarrollo del sur y se empezaron a mover los proyectos, como Vaca Muerta mendocino. Y empezamos a analizar las alternativas para destrabar Potasio Río Colorado. Con todo eso nos dimos cuenta que la provincia carecía de la infraestructura necesaria para soportar proyectos de tamaña magnitud o que si los desarrollaba, los beneficios se volcaban en provincias vecinas, siendo que los recursos son de Mendoza y sobre todo de Malargüe”.
Sobre el dinero que el Ejecutivo debe invertir en el fideicomiso, Guiñazú calculó que superará “los 200 millones de dólares” porque las obras de infraestructura no implican solo el Parque Industrial sino también infraestructura urbana, servicios públicos y conexión eléctrica.
Y explicó que los 600 millones de pesos aprobados están destinados a poder terminar fundamentalmente los proyectos, “pero también perfeccionar la expropiación”.
En ese sentido explicó que las empresas todavía no se pueden instalar en la zona, pero “ya tienen con quién sentarse a hablar y planificar su trabajo”. Y afirmó que los privados deberán invertir en sus locaciones. “Aquellas empresas que se instalen deberán construir sus propios edificios, el Estado solo les va a vender los terrenos”, indicó.
Por otro lado, dijo que “hay una parte urbana que hay que desarrollarla con edificios de usos públicos como escuelas, sala de salud, estación para la policía. Está prevista la construcción de casas y se le dará intervención al IPV y otras instituciones que correspondan”.
Todavía resta concretar el proceso de expropiación que se encuentra en la última etapa. Son 3500 hectáreas que pertenecen a la empresa Los Barriales SLR, de Buenos Aires, que no tiene actividad desde hace 50 años, explicó el funcionario.
Además, con la expropiación se buscará regularizar la situación de las personas que habitan allí, porque se trata en muchos casos de construcciones irregulares. El procedimiento se realizará “sin el temor de que alguien los saque o les cobre por algo que no les deberían cobrar”.
