Hay 6.000 personas recluidas en los penales de Mendoza y 4.000 celulares. Los aparatos podrán ser utilizados hasta el 10 de enero, fecha en la que el juez Sebastián Sarmiento definirá si permite o no que sigan en poder de los internos. La audiencia en la que el magistrado escuchó a todas las partes se llevó a cabo hoy, pero poco se sabe sobre los argumentos vertidos, aunque pueden inducirse.
El permiso para el uso de celulares en contexto de encierro se estableció en 2020, cuando Sarmiento, encargado de tomar decisiones al respecto, autorizó su utilización para que las personas privadas de libertad pudieran comunicarse con sus familias durante la emergencia por el COVID-19. En ese momento, las visitas estaban limitadas debido a la crisis sanitaria. El permiso concluyó el 31 de diciembre de 2023 pero se estableció una prórroga hasta el miércoles 10 de enero.
El Ministerio Público Fiscal y representantes del Servicio Penitenciario argumentaron a favor de la eliminación pero no quisieron dar detalles a Los Andes. No obstante, otras voces respaldaron la prórroga, como el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Luis Romero.
Posturas distintas
El permiso para el uso de celulares en contexto de encierro se estableció en 2020, cuando Sarmiento, encargado de tomar decisiones al respecto, autorizó su utilización para que las personas privadas de libertad pudieran comunicarse con sus familias durante la emergencia por el COVID-19. En ese momento, las visitas estaban limitadas debido a la crisis sanitaria. El permiso concluyó el 31 de diciembre de 2023 pero se estableció una prórroga hasta el 10 de enero de este año.
Los argumentos de quienes están a favor de continuar con el uso se sostienen en que la utilización de celulares es un derecho humano básico que deben tener todas las personas. Pero, el principal se centra en que el mega DNU emitido por Javier Milei establece en su artículo primero: “Declárase la emergencia pública (...) sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2025″. Por lo que entienden que el problema continúa.
Fernando Guzzo, Fiscal Adjunto en lo Penal fue el encargado de defender la postura del Ministerio Público Fiscal. “No vamos en contra de ningún derecho, sólo queremos que se cumpla la ley. La emergencia sanitaria ya terminó”, dijeron desde el Polo Judicial a Los Andes sobre los argumentos del órgano que lidera Alejandro Gullé.
Romero, que llegó al cargo postulado por Alfredo Cornejo en 2019, habló del supuesto aumento de ciberdelitos. “No hay ninguna investigación que sustente este argumento”, aseveró. Y aclaró que la mayoría de los presos lo utilizan, por ejemplo, para poder comunicarse con la procuraduría para denunciar distintas situaciones de abuso que viven en el día a día, o simplemente comunicarse con sus familiares.
Desde el Ministerio Público rebaten estas afirmaciones. “Cuando se comete un delito y detectamos que la llamada se ha hecho desde una celda y hemos allanado, con autorización de un juez, hemos encontrado celulares, muchos. Chips, muchísimos. Ese informe se lo presentamos a a Sarmiento”, agregaron. Los datos forman parte de las pruebas con las cuales se pretende prohibir el uso de los dispositivos, tal como marca el inciso v del artículo 98 del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
Al respecto, comentó que el sistema de teléfonos públicos dentro de los establecimientos ya no funciona porque las empresas que lo brindaban dejaron de prestar el servicio. La única alternativa que tiene la población carcelaria son las líneas que maneja el personal penitenciario pero que están ubicadas fuera de los pabellones. “Llevar a una persona, sacarla del pabellón, para que pueda comunicarse es un procedimiento engorroso. Además, son más de 6000 presos lo que es una locura”, indicó Romero.
“Nosotros buscamos que se implemente reglamento penitenciario para que en caso de incurrir en un uso indebido se pueda sustraer y aplicar algún tipo de pena disciplinar. En el reglamento se debería especificar horarios o lugares determinados donde se pueda usar, de esa manera se soluciona”, sostuvo el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad.
Otras de las posiciones que sentó Luis Romero, es que en caso de que no se extienda el uso de celulares, van a intentar la derogación del inciso que se encuentra en el artículo 98 del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley 8465) que establece como una falta media el uso de celulares. “Utilizar y/o poseer teléfonos celulares y/o terminales móviles de comunicación”, dice el inciso v.
Para ello, se necesita que un legislador, el Poder Ejecutivo o la sociedad civil presente un proyecto de ley para derogar el artículo que prohíbe la utilización de celulares en las cárceles. “Como sociedad mendocina se debería abrir el debate, y el lugar más indicado de la Legislatura para que se estudie, se reforme ese artículo y se permita el uso de celular como cualquier persona lo puede hacer en cualquier momento en la vida libre”, contó Romero.
El Gobierno provincial, que tampoco dio detalles sobre sus argumentos ante la consulta de este medio, ya se había manifestado en contra del uso de estos dispositivos. “Entendemos que no tiene que haber habilitación de celulares en el servicio. Esa es nuestra postura”, había dicho días atrás Mercedes Rus, la ministra de Seguridad provincia. “Es algo que paulatinamente tiene que desaparecer”, añadió.
En suma, con todos los argumentos a favor y en contra será Sarmiento quien, antes del fin de semana, deba resolver la disputa entre quienes defienden los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de quienes buscan incomunicar a los internos, para evitar que cometan delitos o que dirijan los mismos dentro de los establecimientos.
