El proceso de auditoría al que está siendo sometida la empresa siderúrgica Impsa frente a una posible venta a un privado se extendió hasta el 15 de septiembre. Así lo resolvió el Gobierno nacional, en acuerdo con la Provincia, que participó en el salvataje que practicó el Estado en 2021.
El plazo para realizar la auditoría finalizaba el domingo 11 de agosto, pero en un comunicado, el Gobierno provincial informó este viernes que “se determinó el pedido de extensión del plazo para concretar una oferta a considerar por ambos accionistas”.
“Las propuestas recibidas serán sometidas a un procedimiento de selección, sujeto a reglas que aseguren la transparencia y legalidad”, informó también el Poder Ejecutivo. En conclusión, desde el Gobierno se informó que el plazo para la presentación de ofertas se extendía hasta el 15 de septiembre de 2024.
El proceso de auditoría se denomina “due dilligence” y desde hace un tiempo se considera inminente la presentación de una oferta de la compañía estadounidense ARC Energy, que actúa junto al Fondo de Inversión Americano IAF. y ha presentado una carta de intención para quedarse con la empresa.
Sin embargo, también es probable que surjan otras empresas interesadas, más allá de que ARC Energy-IAF, debido a la ley de iniciativa privada, tiene prioridad y podrá mejorar su oferta hasta igualar la de su competidor, en caso de que aparezca uno que ofrezca mejores condiciones.
El comunicado oficial señala que en este proceso, ahora extendido, “se han recibido consultas y pedidos concretos de aclaraciones relativas a la información sobre la empresa, contenida en la documentación disponible para todos los posibles interesados”.
Sobre la extensión del periodo de due dilligence, el Gobierno provincial indicó también que “se considera razonable para asegurar que todos los interesados cuenten con la información necesaria. Al respecto, se podrán efectuar consultas sobre la situación legal y contable de la empresa, para participar activamente en este proceso”.
En tanto, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, había anunciado el jueves que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días a la Legislatura un proyecto para que se autorice la venta de acciones que la Provincia tiene en la empresa.
El funcionario señaló que se trata de un procedimiento institucional similar al que ocurrió cuando Mendoza adquirió acciones de la icónica empresa metalmecánica, en 2021, y apostó a que la iniciativa se apruebe sin mucha discusión.
Hay que recordar que el Estado provincial tiene 21,2% de las acciones “Clase C” de la empresa y posee un representante en el directorio, cargo que hoy ocupa el empresario Julio Totero.
El Estado nacional, en tanto, acumula 63,7% de esas acciones mientras que el 15,1% restante está en manos de privados.
La Provincia intervino en 2021 en la capitalización de Impsa con una inversión de 5 millones de dólares, los cuales, no obstante, asegura que fueron cedidos por la Nación en carácter de ATN. “No pusimos plata”, afirman. El Estado nacional, en tanto, puso 15 millones de dólares en la operación que buscaba evitar la quiebra de Impsa.
“Ahora el Estado nacional se quiere deshacer de la empresa y nosotros también”, indicaron en el gobierno de Alfredo Cornejo, que deposita la mayor responsabilidad de la venta en los accionistas mayoritarios, por que la Provincia “es minoría” y “no tiene injerencia”.
Impsa tiene un fuerte pasivo en dólares, histórico, pero el ministro Mema descartó que esté sufriendo inconvenientes graves por ello en la coyuntura. “No nos consta que la empresa tenga problemas con el pago de sueldos o aguinaldos, hoy los está pagando y funcionando. Por eso hay interesados, en su momento estaba en virtual quiebra”, destacó, ante la consulta de este diario.
