“Hoy, luego de 11 años de investigación, denuncia e impunidad, creo que es necesario contar mi historia”. Así se presentó Dolores Etchevehere el 15 de octubre pasado en un video de dos minutos que posteó en las redes sociales. Denunció a sus hermanos “Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel” por “administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero, explotación laboral, y violencia económica a partir del despojo de mis derechos hereditarios”, y presentó el llamado Proyecto Artigas. Al final del video, la mujer anunció: “He decidido ceder el 40 por ciento de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden”.
La reacción de los hermanos Etchevehere fue inmediata. Denunciaron ante la justicia “la usurpación violenta” del campo familiar Casa Nueva, ubicado en Santa Elena, a unos 150 kilómetros al norte de Paraná, la capital de Entre Ríos.
Luis Miguel Etchvehere, exministro de Agricultura del gobierno de Cambiemos entre 2017 y 2019, ofició de vocero familiar. Dijo que “los usurpadores” habían tomado tierras que ya no le corresponden a su hermana y que pertenecen a la sociedad anónima Las Margaritas SA, que preside Leonor Barbero Marcial, madre de los hermanos en pugna. Se presentó ante la justicia para denunciar que “la usurpación” se realizó “de manera violenta, con gente armada con picos y palas”.
“Atrás de esto están Juan Grabois y el Ejecutivo nacional. Vemos que Alberto Fernández está respaldando la toma de tierras”, denunció el exministro, después de que se conociera que un par de funcionarios nacionales acompañaban a los integrantes del Proyecto Artigas.
Dolores, quien alguna vez ejerció el periodismo, explicó que había recurrido a Grabois por asesoramiento legal al dirigente social y abogado, y que juntos organizaron el Proyecto Artigas.
Expresidente de la Sociedad Rural Argentina hasta 2017, Luis Miguel Etchevehere tiene un apellido de peso en la provincia: su abuelo, Luis Lorenzo Etchevehere, fue gobernador de Entre Ríos (1931-35). El exministro convocó a una concentración frente a la tranquera de Casa Nueva. “Fuera Grabois de Entre Ríos”, fue la consigna. El miércoles pasado, varias decenas de camionetas y tractores se concentraron allí para pedir el desalojo.
Dolores Etchevehere replicó con una denuncia penal. Difundió otro video tomado ese miércoles a la noche, cuando dos personas en representación de sus hermanos se acercaron a Casa Nueva. Este fue el diálogo:
-Queremos que esto se solucione en paz y que ustedes tengan un salvoconducto para salir de la provincia sin ningún problema, dijeron los enviados de los Etchevehere.
-¿Ustedes me vienen a dar un consejo sobre lo que yo hago en mi casa?, respondió Dolores.
-Yo solo le vengo a decir de buenas maneras que tratemos de arreglar esto en forma pacífica…
-¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Digame, ¿qué necesitan?
-Que se retire.
-Miren, señores, yo hablo con el expediente; nos encontramos en tribunales.
Anteayer, el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, falló contra el pedido de desalojo impulsado por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa. El juez no encontró pruebas de que el ingreso a Casa Nueva de los 40 activistas del Proyecto Artigas hubiese sido con “violencia y engaño” como afirmaron los fiscales.
Los abogados de los hermanos Etchevehere (a quienes apoya su madre) habían denunciado un “engaño” de Dolores para ingresar a Casa Nueva y “darse a conocer como heredera”. También en un video, la madre denunció el ingreso violento con “pico y palos”.
“No hubo tal engaño en el proceder, y no invocó ella a su ingreso al campo ni más ni menos de lo que es: una heredera de don Luis Etchevehere”, dice el fallo.
El juez agregó que a la fecha, “no hay partición” de la sucesión, por lo que Dolores y sus hermanos son “condóminos y dueños por igual por todos los bienes hasta que culmine el sucesorio”.
En el fallo se instó a Dolores y a sus hermanos a “pensar una solución pacífica y armónica” respecto al fondo a un conflicto por derechos sucesorios que nada tiene que ver con una cuestión penal.
El magistrado también ordenó a los hermanos Etchevehere que cesen con las hostilidades contra Dolores y los integrantes del Proyecto Artigas, y ordenó que se levante el cerco de camionetas y tractores sobre Casa Nueva.
Luis Miguel Etchevehere se quejó por el fallo judicial al que, dijo, apelará: “No solo no se respeta la propiedad privada sino que se protege a aquellos que violan la propiedad privada; vamos a defender nuestros derechos de ciudadanos, no vamos a ser Venezuela”, denunció. Después escribió en Twitter: “Van 8 día que los delincuentes de Grabois nos tomaron el campo. Tiene el apoyo de Cristina Fernández, Alberto Fernández, Gustavo Bordet y el juez Flores. Nosotros en la puerta, de donde no nos vamos a mover. El fuego no se apaga”. Adjuntó la foto de un fogón.
“El gobierno no tiene absolutamente nada que ver con eventos de ese tipo. Eso va en la dirección contraria con tener un ambiente de calma, de tranquilidad y entendimiento y aquí se necesita profundizar los entendimientos”, dijo el ministro de Economía, Luis Guzmán, cuando el viernes, entrevistado en Radio con Vos, le preguntaron puntualmente por la presencia de funcionarios nacionales en el episodio de Casa Nueva. En la Casa Rosada, trascendió, quieren circunscribir el incidente a “un hecho judicial” y evitar su politización.
El Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó al canal TN que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero le dijo que el gobierno nacional “no alienta la toma de propiedades”. Ante la preocupación de los productores rurales locales, Bordet afirmó que en la provincia “siempre se garantizó la propiedad privada” y que se ha intervenido “en cada intento de toma de cualquier bien inmueble”. Pero aclaró: “lo que pasa en el sur o lo que ocurre en Guernica es completamente diferente. Aquí hay un conflicto intrafamiliar por una herencia irresuelta. La justicia determinará si tienen la razón los hermanos o la hermana”.
