Jimena Latorre estará de los dos lados del mostrador, como lo reflejó Los Andes el domingo pasado. La doble función entre ser ministra de Ambiente y Energía además de integrar el directorio de YPF ya tiene un antecedente en la provincia, que provocó algunas aclaraciones hechas por Gobierno provincial.
La Fiscalía de Estado, que intervenía en casos de supuesta incompatibilidad antes de ser creada la Oficina de Ética Pública, se expresó en 2016 sobre la situación de Enrique Vaquié ante una resolución cuestionada por una persona particular. Se sugirió que el ministro-director de YPF se excusara, algo que también hará Latorre.
La Oficina de Ética Pública esperará el decreto de la designación, dado que hasta el momento lo ha hecho oficial el Gobierno provincial. Tampoco confirmaron un dictamen en caso de publicarse la decisión en el Boletín Oficial.
Alfredo Cornejo, durante su primer mandato, designó a Enrique Vaquié como ministro de Economía, Infraestructura y Energía, pero también, como director de YPF por la provincia. El cargo suele ser codiciado y muy bien remunerado.
Vaquié era juez y parte. No pasó mucho tiempo para que apareciera el primer cuestionamiento sobre incompatibilidad de funciones y llegó a la Fiscalía de Estado quien resolvía ese tipo de asuntos allá por el 2016. Después, con la creación de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, es Gabriel Balsells Miró es quien despeja las dudas.
El fiscal de Estado, Fernando Simón, recibió la queja de Natalia Coto de Caraganópulos quien cuestionó la Resolución EIE N° 871/16 firmada por el entonces funcionario que cumplía dos roles. Allí, autorizó a que YPF ingresara al inmueble (servidumbre minera) ubicado en Rivadavia en el que se encontraba el Área de concesión La Ventana.
Los dueños de esa propiedad venían litigando contra la petrolera por el pago del canon de uso de la propiedad para extraer petróleo. Al ver la decisión de Enrique Vaquié fueron a denunciar el caso a la Unidad Fiscal de Capital. El expediente cayó en la Fiscalía de Estado para poner luz sobre una polémica que no tardó en generarse.
Los argumentos sobre la incompatibilidad
Si bien la Fiscalía de Estado debía resolver sobre ese caso puntual, fue más allá en el análisis para evitar, justamente, dictaminar cada vez que hubiese un planteo similar. De hecho, para Simón los intereses públicos no estaban en conflicto en la demanda hecha por los propietarios del inmueble. Entendió que Vaquié se ajustó a derecho en una actividad reglada y eso desplazaba las sospechas de imparcialidad que fueron el motivo de la acusación.
Pero el fiscal de Estado consideró necesario analizar el asunto “desde la óptica particular-administración”, según consta en el Dictamen 1029/16 con fecha del 22 de noviembre del 2016. Sugirió al funcionario “excusarse” de participar “en cualquier procedimiento sometido a su consideración en el cual tenga facultad de asesoramiento o decisión y esté directa o indirectamente involucrada la sociedad en la cual es representante del estado provincial”.
Aclaró los términos de la excusación y remarcó que se sustentan en la necesidad de que sea la imparcialidad la que oriente al funcionario interviniente. Citó a Agustín Gordillo, referente en Derecho Administrativo para hablar de la excusación. “El CPCC, al tratar las causales de la recusación, no contempla supuestos que son ajenos a la función judicial, como tener relación de dependencia en otra función con una de las partes”, dice la cita en referencia al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Sin embargo, Gordillo asegura que “en el procedimiento administrativo en cambio, puede ser posible que un funcionario tenga una actividad privada en relación de dependencia con una de las partes, lo cual hace manifiestamente impropio que intervenga en la cuestión. Es éste un ejemplo de que las causales de recusación no pueden interpretarse literalmente ni restrictivamente: debe ser el principio de la necesaria imparcialidad el que debe guiar el funcionamiento y aplicación del instituto de la recusación”.
Tomando estos conceptos, y entendiendo que la relación de dependencia es con YPF, Simón recomendó que se analizara la posibilidad de que “el Sr. Ministro se excusara en forma general y mediante instrumento idóneo, de participar en todas aquellas cuestiones vinculadas a YPF S.A (entidad de la cual es Director por la provincia de Mendoza)”.
Días después, Cornejo firmaba el decreto en el que se disponía que Vaquié se excusara de “participar y resolver en todas aquellas piezas administrativas que tramiten por ante el Gobierno de Mendoza y que se vinculen a YPF SA”. En su lugar lo haría Dalmiro Garay, entonces ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia y hoy, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El sueldo que diferencia a Latorre de Vaquié
En esta historia, Jimena Latorre es a Enrique Vaquié lo que Natalio Mema es a Dalmiro Garay. Aplicando el decreto de Cornejo de esos años, este escenario carga de más responsabilidades al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Deberá intervenir en casos que se puedan desprender de las 22 áreas petroleras en exclusividad de YPF más un par en las que tiene socios. Ese número final representa la mitad más una de todas las áreas concesionadas. En esos yacimientos hay 1.900 pozos activos y 1.700 inactivos.
Hay una diferencia entre ambos y es la decisión tomada con respecto al sueldo. En aquel momento, Vaquié donó el salario como director de YPF y se quedó con el de ministro. Latorre hizo lo contrario: optó por los abultados ingresos de la petrolera estatal que superan los 10 millones de pesos, bastante más que lo que cobra como ministra del Ejecutivo provincial. Así, la funcionaria cobrará el salario proveniente de una empresa.
La Oficina de Ética Pública le dijo a este medio que esperaría el decreto de designación por parte de Cornejo. No obstante, un vocero del ministerio de Energía y Ambiente descartó que esto ocurra. “No salió por decreto porque no es el procedimiento correspondiente. El Gobernador notificó a la Secretaria de Energía proponiendo una representante por Mendoza y la Secretaria notificó al Directorio, que luego lo aprobó en reunión de Directorio”.
