Los políticos mendocinos, en su gran mayoría, son los más sorprendidos por el fallo de la Corte nacional que se expidió sobre la constitucionalidad de una sola frase de la ley minera mendocina (7.722) a tan pocos días de las elecciones legislativas. Los mejor pensados dicen que no hay que sospechar de una eventual influencia: son los tiempos de la Justicia y hay que respetarlos.
Como bien se ha venido indicando en Los Andes, del lado del empresariado hay un prudente silencio, aunque no habría que descartar algún pronunciamiento. Tal vez todo esté supeditado a lo que pueda llegar a resolver el poder político de la provincia. Estamos ante un tablero en el que mucho se piensa qué pieza mover primero.
En el gobierno provincial esperaban la reincorporación efectiva de Rodolfo Suárez para tratar el tema. ¿Ratificará la administración local que la discusión sobre minería es un asunto cerrado hasta que finalice el mandato del actual gobernador? Nadie se olvida del sofocón inicial, en diciembre de 2019, con la fallida modificación de la legislación minera a raíz de multitudinarias protestas en calles y rutas de toda la provincia. Sin embargo, los leguleyos del elenco ministerial adelantan por lo bajo que no habría que inquietarse por una resolución judicial que no influye en nada. Con esta mirada habría coincidencias políticas de quienes son celosos de la vigencia de la ley 7.722 pero no quieren que se sople sobre el fuego en pleno remate de la campaña electoral.
Mientras tanto, los sectores ambientalistas de Mendoza se declararon en alerta ni bien se conoció el fallo de la Corte ante el planteo que en su momento hizo la minera San Jorge y esta tarde ya está prevista la primera protesta en la zona céntrica.
De esta marcha de hoy puede surgir un claro tironeo. El ambientalismo va a buscar comprometer a la política en su nuevo reclamo. Aunque la política, en general, tiende a limitar todo al ámbito de la Justicia. No todos los políticos comprometidos con la causa por el agua consideran que este fallo sirva como disparador para una movida como la que generó aquella decisión de cambiar la legislación vigente.
Es que de ningún modo tanto el oficialismo provincial como la principal oposición, el Frente de Todos, pueden volver a lanzarse a la arena por un tema que no sólo no tiene el denominado consenso social en la mayor parte de la población. Además, encuentra a unos y otros reprimidos por ese descontento en tanto y en cuanto no se vuelva a concretar un debate serio sobre el futuro minero de Mendoza, en que se incluyan las preocupaciones de los ambientalistas y los ruegos de zonas de la provincia realmente necesitadas de ese recurso.
