En la recta final para cerrar las gestiones con el FMI, el Gobierno nacional blanqueó que la negociación entró en tiempo muerto por las diferencias en torno a cómo será el ajuste para equilibrar las cuentas públicas. Y con el retorno de la incertidumbre respecto al futuro económico de la Argentina, los analistas advierten sobre las consecuencias de no alcanzar un acuerdo.
El calendario indica que el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, deberán resolver el problema antes de marzo para reprogramar la enorme carga de vencimientos: este año, al Fondo habrá que pagarle un total de U$S19.142 millones, entre capital e intereses, y también están los compromisos con los acreedores privados y con el resto de los organismos internacionales, como el Club de París.
Al exponer el conflicto, Guzmán reconoció que ya no corren los plazos previstos para celebrar un entendimiento durante el verano. El propio presidente Fernández admitió que la gestión “demandará más tiempo”, pero prometió que “la palabra ajuste está desterrada en la discusión”.
El Jefe de Estado aclaró además que su gobierno mantendrá las conversaciones con el organismo multilateral de crédito “con la sensatez que supone lo que significa no lograr un acuerdo”. Es que, el consenso mayoritario indica que, si no se accede a un nuevo programa del FMI, la Argentina quedará en el umbral de otra crisis, sin acceso a los mercados de crédito y con mayores tensiones cambiarias en un frente en el que ya la brecha superior al 100% recalienta las expectativas inflacionarias.
“Se cortaría todo el crédito de los organismos internacionales, el del Club de París, se trabaría también el crédito comercial. A nivel interno podría haber una devaluación fuerte y una corrida a sacar los depósitos en dólares de los bancos”, evaluó ante la consulta de este medio Héctor Torres, ex representante de la Argentina ante el directorio del FMI.
En el mismo sentido se expresó el economista Daniel Marx, quien lideró las negociaciones por la deuda externa entre 1989 y 1993. “Un escenario de no acuerdo es una cuestión compleja”, definió.
“Lo que más sentiría la Argentina creo que tiene que ver con el comercio exterior, especialmente si uno busca plazos para pagos de importaciones. Y también puede haber complicaciones en las exportaciones porque los exportadores por ahí requieren crédito local pero más que nada buscan una confiabilidad en la provisión a lo largo del tiempo especialmente, de productos más sofisticados”, resaltó.
Pero Marx mencionó además el eventual impacto negativo en las inversiones de mediano y largo plazo. “La incertidumbre o un mecanismo de interrupción de pagos pueden tener consecuencias negativas inclusive en lo que son saldos monetarios locales y con eso afectar el tipo de cambio y movimientos de fondos que a su vez se traducen en aumentos de inflación, depreciación del tipo de cambio y probablemente, en algún momento, dificultades en el desarrollo de la actividad económica y de ingresos en general”, completó.
Por su parte, la economista de la UCEMA Diana Mondino evaluó que, sin acuerdo, “Argentina seguiría sin financiación y el gasto público sólo podría pagarse con mayor emisión e inflación o con la desaparición del poco crédito doméstico que hay”.
“Nadie quiere eso, especialmente porque es cada vez más difícil solucionarlo. Hay que tomar la medicina pronto y ojalá haga efecto. Pero seguir con déficit es imposible. El problema no es el Fondo, aunque sea muy útil poder utilizarlo como ‘enemigo’”, agregó.
El economista Amilcar Collante comparte estas proyecciones. Incluso, al igual que Torres, apunta a los posibles efectos sobre los depósitos en dólares. “En un escenario de no acuerdo te van a faltar más dólares y habrá una mayor volatilidad cambiaria. Estás en un escenario de crisis porque no tenés caja suficiente. ¿Y qué va a pasar con los depósitos en dólares? Quizás también se produzca un goteo en los depósitos como hubo este año. No es descabellado que ante la tensión cambiaria tengas algo de ese tipo y habrá que ver cómo manejás esa situación”, evaluó.
Sobre este punto, en su reciente informe Monetario Mensual, correspondiente a diciembre, el Banco Central precisó que “el saldo de depósitos del sector privado en moneda extranjera cerró el año en U$S15.752 millones”, pero que en el último mes del año salieron del sistema unos U$S640 millones.
Por lo pronto, el Gobierno se muestra apurado en construir consensos políticos en el plano local e internacional, con la esperanza de sumar respaldos para defender su posición ante el Fondo. El objetivo oficial es que el ajuste fiscal sea menor al exigido y que eso le permita al Estado disponer de recursos para apuntalar la recuperación económica, que hasta ahora es rebote de la caída de 2020.
Son tratativas que Guzmán encaró sin mostrar la letra chica, los números para proyectar el camino en detalle. “Si se habla de diferencias con el sendero fiscal es porque se supone, o parece implícito, que hay coincidencias con el objetivo, aparentemente. Esto significa a cuánto se quiere llegar pero no cuándo se llegaría”, descifró Marx.
Lo concreto es que el gobierno debe cerrar múltiples frentes en el corto plazo. La hoja de ruta indica que el próximo paso será el envío del Plan Plurianual, que se tratará en sesiones extraordinarias, y que recién luego el Congreso recibirá el acuerdo que se firmaría con el FMI. Finalmente, esa carta de entendimiento se someterá a consideración del board del organismo, donde entran en juego las posiciones políticas.
