Durante la feria judicial, algunas oficinas del Poder Judicial seguirán activas, después del acuerdo que llegaron sus autoridades con la Asociación de Empleados Judiciales para que aquellos afiliados que se adhirieron a los días de paro durante mayo, puedan devolver jornadas laborales y evitar descuentos salariales.
Fueron 1980 los empleados judiciales a los que se les aplicó un descuento, entre los que dependen de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa y Pupilar, según datos que precisó el gremio a Los Andes.
Mientras que fuentes del Poder Judicial confirmaron por su parte, que 1390 empleados fueron los que se inscribieron: 934 correspondientes a la Corte, 426 del MPF y 30 del Ministerio de la Defensa. Es decir, un 70% del personal afectado accedió a llenar el formulario que estuvo disponible hasta el 5 de julio. Mientras que el 30% restante, desistió de la opción.
Se estableció en la mesa paritaria del pasado 3 de julio que dicho trabajo, a los fines del reintegro del descuento, se podrá dar durante el receso judicial del presente mes de julio, en horarios normales y habituales o en contra turno, y/o con licencias compensatorias, con la posibilidad de combinarlas, y hasta el día 30 de setiembre de 2024
Hasta el momento la actividad es dispar en los fueros y en los ministerios, cuentan desde el gremio. El secretario general de Empleados Judiciales, Ricardo Babillon, pidió una reunión con representantes de la Corte para definir una “línea de trabajo” porque se está dando “bastante desordenado”, indicó.
El gremialista expresó que en el Fuero Laboral que administra el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, es dónde mayor actividad se registra con oficinas que se ponen al día. “Hay cámaras laborales que ya están trabajando durante la feria para devolver horas”, indicó Babillón y comentó que también se da esto, en menor medida, en el fuero de Familia y el Ministerio Público.
“Durante la feria están cerradas las cámaras y los juzgados, entonces muchos están devolviendo, yendo a trabajar los días en que deberían estar de licencia”, contó. En tanto, desde el MPF expresaron que se está aplicando el régimen en oficinas fiscales, mientras que en otros espacios se plantea una devolución posterior a la feria judicial.
Si bien el gremio de empleados judiciales nuclea a la mayor parte del servicio, la actividad no logrará normalizarse sin que los funcionarios dejen las medidas de fuerza, reconoce Babillon y agregó que desde que se dictó la conciliación obligatoria, “los compañeros trabajaron a full para ponerse al día y se compensó el retraso del servicio”.
Por otro lado, el gremialista comentó que el próximo 9 de agosto volverán a reunirse con autoridades de los tres cuerpos de la Justicia para poner en marcha la elaboración de un nuevo convenio colectivo de trabajo. Fue parte del acuerdo paritario que alcanzaron.
Plantean una reforma integral con la creación de un nuevo escalafón, que podría sentar precedentes a nivel federal, anticipó el gremialista. “Es un convenio de alcance provincial y la idea sería proyectarlo a nivel nacional. Incluso, desde la Federación me propusieron organizar un encuentro en Mendoza para exponer nuestra propuesta. No solo con la participación de los gremios, sino también con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, que son los jueces supremos de todo el país”, anunció.
Los descuentos en funcionarios judiciales
Mientras los empleados empiezan a devolver horas de trabajo, la Asociación de Funcionarios Judiciales mantiene medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y están lejos de resolver este punto, que tanto ellos como las autoridades judiciales entienden, se charla una vez que haya un acuerdo a punto de firmarse.
Desde el gremio explicaron a Los Andes que fueron unos 450 funcionarios a los que les llegó el descuento por adherirse a las medidas de fuerza, pero aseguran fue un número menor a los que realizaron paro efectivamente. Incluso, señalaron que hubo personal que estaba de licencia y se le liquidó mal un descuento indebido.
El secretario general del sindicato, Marcelo Fekonja, manifestó que el descuento se realizó sobre ese número “sin perjuicio que se encontraban más funcionarios adheridos, a quienes no se les ha hecho los descuentos porque no fueron informados por su superior jerárquico”.
“Hay jueces que se olvidaron de informar y otros que no quisieron hacerlo. Es menor la cantidad de descuentos, de los que hicieron paros”, afirmó.
Mientras tanto, en las oficinas fiscales y en las dependencias que cumplen 8 horas de jornada, continúan de paro hasta el 23 de julio. La medida de fuerza fue ratificada en asambleas llevadas adelante el lunes pasado en las cuatro circunscripciones.
Fekonja afirmó que “el acatamiento en de los ayudantes fiscales se ha acrecentado y ya estamos casi en el 80%”, refiriéndose a la jornada de este jueves. Y afirmó que, como medida paliativa, el MPF decidió reubicar a ayudantes fiscales de audiencia en las oficinas, pero también se están plegando al paro.
“Ahora se están adhirieron ellos también a las medidas, porque la jornada en esas oficinas supera la normal y habitual, que es el reclamo que llevan adelante los que prestan servicios allí. Son jornadas superiores a 8 horas y se les paga las dos horas de jornada extendida, con un ítem que representa el 8% del salario que cobran ellos, en lugar que se calcule conforme a la jornada que establece la ley de contrato de trabajo”, sostuvo el gremialista.
Desde el MPF no emitieron comentarios sobre el acatamiento del paro, ni este punto en particular.
Por último, el gremialista comentó que han mantenido contacto con el Ejecutivo provincial, pero aún no acercan posiciones y tampoco han sido citados a una nueva audiencia. “Tuvimos una reunión informal este miércoles. Intentamos ver cómo podemos solucionar el conflicto, pero la propuesta no se traduce en mejora salarial, sino sacan plata de un lado y la ponen en otra”, señaló Fekonja.
Luego del fracaso de la última audiencia paritaria, desde el Gobierno expresaron que mantendrán el diálogo activo con el sindicato para destrabar la situación. “Seguimos y seguiremos apostando a la conversación productiva para llegar a acuerdos que finalmente mejoren las condiciones laborales y con ello el servicio de justicia en el marco de las posibilidades que la recaudación provincial nos permita, que es la única forma que tenemos de pagarlo”, manifestó una alta fuente del Ejecutivo.
