El presidente Alberto Fernández apoyó abiertamente ayer la iniciativa oficialista para la modificación de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), con el objetivo de poder designar con mayor facilidad como Procurador General de la Nación al juez Daniel Rafecas.
Fernández no quiere más demoras e incluso pretende que esta discusión se salde antes de fin de año. Por ello, esto sería incluido en el temario de sesiones extraordinarias que el Gobierno se apresta a convocar.
El bloque del Frente de Todos en el Senado prevé aprobar el viernes el proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal. Así, el camino para el nombramiento de Rafecas quedaría allanado.
La modificación a la ley, que avanza sobre la base de un proyecto del rionegrino Alberto Weretilneck, haría que la designación del Procurador deje de hacerse por dos tercios y pase a ser una votación de mayoría absoluta (la mitad más uno).
La gran incógnita será luego qué pasará con la posición que el propio Rafecas había asumido en agosto cuando avisó al Gobierno que rechazaba ser Procurador si lo eligen sin los dos tercios del Senado.
Cerca del juez aún sostienen que él no quiere asumir a cualquier precio, dado que –estima- si se cambia una ley para que asuma sin consenso ni respaldo oposición, su gestión comenzará deslegitimada de origen.
Rafecas no quiere asumir debilitado para no terminar bajo las órdenes del Gobierno. Es que si asume, deberá tomar decisiones respecto de causas en las que está siendo investigada por presunta corrupción la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cristina hasta el momento se ha mostrado públicamente indiferente a la postulación de Rafecas. Ni siquiera convocó al candidato, tal como debe hacerlo la Comisión de Acuerdos que está en manos de la camporista Anabel Fernández Sagasti.
Pero el senador Oscar Parrilli, ex secretario de la vicepresidenta y hombre de máxima confianza, es el mayor impulsor de los cambios a la ley desde su actual rol de presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.
Al ser consultado ayer en una entrevista radial, Fernández le bajó el tono a las afirmaciones del magistrado y se mostró confiado en que podría convencerlo de que acepte el cargo aún tras la modificación de la ley.
“Lo conozco a Daniel hace muchos años y es un principista. Pero esto no es un problema de principios, es un problema práctico. La oposición se plantó e impide nombrar un cargo tan importante como el de Procurador General de la Nación”, dijo.
En opinión del Presidente, Rafecas “no atendió en un primer momento claramente de qué se estaba hablando, porque pensó rápidamente en la comisión que existe para nombrar jueces de la Corte Suprema, que está contemplada en la Constitución Nacional. Y no advirtió que esto no es una norma constitucional”.
Según el jefe de Estado, los argentinos vienen “descuidando” cuestiones institucionales importantes como por ejemplo que desde hace más de 15 años que no está nombrado el Defensor del Pueblo.
Eso es, dijo Fernández, porque se necesitan las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para poder nombrar al Defensor, dado que esto forma parte de un imperativo constitucional. Pero este no es el caso del Procurador, advirtió.
“Lo que tenemos que hacer más fácil el trámite de la designación de funcionarios en determinadas instituciones. Esto no es hace más válido ni menos valido. El caso del Procurador no está regido constitucionalmente. Los dos tercios se pusieron por ley”, dijo el jefe de Estado.
Fernández se quejó porque, dijo, “escucha a algunos opositores” que dicen que Rafecas es “maravilloso”, pero sin embargo mantienen en el Senado una posición de rechazo a su designación.
Al ser consultado sobre si habría que esperar hasta el año que viene para el tratamiento, Fernández dijo: “No, lo discutimos. Creo que la Argentina necesita de una vez por todas tener procurador, la verdad es que creo eso. Hace muchos años que no lo tenemos”.
Y criticó a los opositores que ahora se oponen a la designación de Rafecas y “son los mismos que (en 2017) echaron a (la ex procuradora Alejandra) Gils Carbó… la presionaron, la denunciaron, la persiguieron. Y nunca fueron capaces de nombrar a otro procurador”.
“Tenemos que entender que la jefatura de los fiscales del Ministerio Público es un lugar muy importante y muy necesario para el buen funcionamiento de la Justicia. Quiero que esto lo resolvamos rápido y ojalá pudiéramos resolverlo con un consenso”, destacó.
